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¿Para qué piensa usted que sirven, hoy, los medios públicos de comunicación?

En la pregunta, creo que está incorporada, involuntariamente, una de las cuestiones que nos permiten decir que no puede ser respondida. Los medios públicos, hoy, no son públicos. La Argentina tiene es medios gubernamentales. Y ésta es una diferencia cualitativa, esencial, a mi modo de ver. Entiendo por medios gubernamentales a los que responden política, administrativa y estatutariamente a la voluntad del poder surgido de las últimas elecciones. Hoy, en la Argentina, los tres medios que están en manos del estado, que son la Agencia de Noticias telam, Radio Nacional y Canal 7, son propiedad teórica de la sociedad, pero son gestionadas como si fuesen una prerrogativa excluyente por el poder surgido de las últimas elecciones. Cuando el actual poder político termine su mandato, aguardemos que sea cuando así lo dice la Constitución, el próximo gobierno, si no se modifica la actual normativa, se hará cargo de ellos como se hace cargo de una Secretaría de Estado o de cualquier tipo de oficina que depende directamente del poder político. Yo entiendo, por medio público, en contraposición a esto, un medio de comunicación sobre el cual existe una soberanía cierta de la sociedad civil. La sociedad civil, hoy, no tiene participación ninguna en los medios llamados públicos.

Por eso, el Sistema Nacional de Medios Públicos que es el esquema legal que existe en la Argentina para manejar Canal 7 y Radio Nacional lleva un nombre que no se compadece con la realidad. Se debería llamar “Sistema Nacional de Medios de Gobierno”. En el fondo es una farsa, si consideramos que público es aquello que efectivamente pertenece al público.

Desde la recuperación democrática, ¿Usted tiene la percepción de que esto fue siempre así o hubo períodos donde se apuntó a modificarlo?

La única modificación cierta, que llegó a convertirse en Ley de la Nación y fue vetada por el Presidente De la Rúa, fue la Ley que se aprobó a finales de 1999 mediante la cual se creaba rta, Radio Televisión Argentina. Esa Ley establecía que se creaba un organismo con control parlamentario que estaba bajo la esfera del poder parlamentario. Quiere decir que los partidos políticos tenían, más allá del gobierno, del Poder Ejecutivo, una posibilidad de monitoreo, de supervisión. En ese momento, el Justicialismo descontaba la derrota ante la Alianza y, como modo de asegurar su participación en la administración de los medios ante un eventual gobierno de otro signo, se dio una coyuntura rarísima en la historia política argentina, por la cual el peronismo terminó votando junto al radicalismo en el Congreso. Una de las primeras decisiones que tomó el gobierno de De la Rúa, bajo inspiración de la Secretaría de Medios, fue vetar rta y crear, vía administrativa, el Sistema Nacional de Medios Públicos, que es una sociedad del estado que, repito, padece de una confusión ontológica esencial. Habla de unos medios públicos que no son públicos. Lo contrario de privado no es necesariamente lo público. Lo contrario de privado puede ser gubernamental. Y yo me temo que, en muchos casos, lo gubernamental puede ser tan privado como lo más acérrimo de lo privado en el sentido de apropiación de algo que no me pertenece o de apropiación de algo sobre lo que cual yo impongo fronteras infranqueables.

En función de este panorama ¿para qué tendría que servir, exactamente, un medio público de comunicación?

En el escenario contemporáneo de los medios, uno puede tomar, digo yo, dos caminos para responder esa pregunta. Un camino propositivo o un camino por la vía de la exclusión. Este último me diría: para hacer todo aquello que no hacen los medios privados.
Sería una manera de definirlo.

Por el camino propositivo yo diría: desarrollar un programa de acción que corresponde por definición al Estado y a la sociedad civil que en él se supone que se debe expresar.

De la misma manera, como el Estado organiza la realidad en función de parcelas y existe la educación y existe la salud y existe la seguridad y existe la justicia; del mismo modo, yo tengo la sensación de que, expresando todas esas necesidades y otras, tiene que existir un sistema público que se haga cargo de la tarea pendiente, vigente en su deuda con la sociedad, de educar, de informar y de proponer vías complementarias a través de los medios a todo aquello que no se da, espontáneamente, en la vida cotidiana.

Yo creo que ambas vías son complementarias. Los medios públicos deben ser, entre otras cosas, aquello que no son los medios privados. Deben permitir a la sociedad ensayar una respuesta diferente o una aproximación diferente a las falsas respuestas que dan los medios privados, que además tienen un programa de acción stand by, por ser desarrollado, que es aquel que acabo de borronear, aposentado o basado fundamentalmente en tareas de educación, de información civil, de recuperación de espacios culturales, de desarrollo de programas y contenidos que de otro modo no podrían llegar al pueblo.

¿Esta modificación, a lo que tiene que tender el medio público de comunicación, tiene que surgir por un reclamo del usuario que al mismo tiempo es el sostén del medio público o tiene que venir del mundo de la política, con un diseño conjunto de los partidos políticos? ¿De dónde tiene que surgir?

Hay quienes dicen que proponerse en la Argentina una realidad equivalente a lo que representó o representa culturalmente la bbc de Londres es una perfecta ingenuidad porque es inviable. Tal vez sea cierto, pero de todos modos no quiere esto decir que uno no deba ensayar esa posibilidad. ¿De quién debe venir? De una mezcla de actores de los cuales yo no descarto a los representantes de la política. Hablar de política, hoy en la Argentina, sigue siendo una suerte de factor de irritación permanente para el poder verdadero, que no reside más en la política.

Yo pienso que hay que recuperar el concepto de que la política pueda volver a revalidarse a través de las organizaciones institucionales y expresar con perfecta eficacia necesidades y ansias de la gente. Pero no sólo en la política. En los medios de comunicación en manos del Estado deberían organizar un tipo de gestión que sea lo más representativa posible de la sociedad civil. Esto no quiere decir, porque sería inviable, patrocinar los medios en estado de asamblea permanente. No estoy diciendo que el canal de televisión o la radio nacional deberían ser una suerte de asamblea popular de barrio en estado de hervor cotidiano. No sirve para nada y no es viable. Tiene que haber, en consecuencia, un encuentro, una convergencia, entre una alta representatividad de la sociedad civil y un sistema de gestión naturalmente moderno y concentrado que permita a los medios llevar a cabo su tarea. Uno de los disparates más grandes, lo que sería un mamarracho, es imaginar que la mejor manera de representar el apetito de la gente es organizar un medio que esté respondiendo permanentemente al pedido del ciudadano. Eso es inviable. Los medios tienen tiempo, son una industria, tienen necesidades propias, tienen plazos de evolución y además tienen compromisos que deben ser atendidos por una gestión profesional. Esa gestión profesional no tiene que ser, como opinan en el sector privado, a cargo de los que conoce del asunto solamente. Yo necesito, por supuesto, que al frente de una estación de radio o de un canal de televisión haya gente que sepa, como lo necesito al frente de un hospital o al frente de un juzgado. Yo no llamaría al frente de un hospital a un ingeniero o a un periodista, llamaría a un médico, si fuese posible, sanitarista; del mismo modo que en un canal o en una radio se requieren, fundamentalmente, administradores competentes. Pero que reporten a un esquema de conducción, de contenidos, en donde aparezca la sociedad civil. Hoy, estos gestores responden literalmente a las demandas del poder político o a su leal saber y entender. Cuando el poder político no tiene nada que decir ellos aparecen convirtiéndose en los dueños de la radio o en los dueños del canal.

Supongamos un esquema en el que el medio público compite también con los medios privados, sin tener necesariamente que competir con el rating. Canal 7 sigue algunas normas que marca el COMFER y los otros canales no. ¿En esta competencia, cómo puede hacerse para que Canal 7 tenga las mismas posibilidades que los demás?

Yo creo que Canal 7 debe apuntar a ser, en el más corto plazo posible, un canal absolutamente exceptuado del aporte de la publicidad privada. Esto es la decisión clave que hay que tomar de una buena vez por todas y salir de esta farsa; o de lo contrario, se debe legislar para que Canal 7 tenga un sistema de soporte publicitario del nuevo tipo. Vale decir, que no sea la tanda lo que se venda. La tanda son 12 minutos por cada 60. Es inviable resignar esa cifra, esa cantidad de tiempo, en aras de una hipotética publicidad que nunca termina apareciendo. El canal único debería ser un canal que tuviese recursos propios a través de algún tipo de sistema o de vía o de esquema de financiamiento. En Gran Bretaña es la tasa anual que se les cobra a los contribuyentes, en los Estados Unidos es el aporte que hace el estado a través del Congreso y las diferentes comunidades a través de la contribución privada. Debería existir un sistema, en definitiva, que se diferenciara radicalmente del sistema privado. Básicamente, el Canal 7 no debería vender más un segundo con una tarifa.

No tiene solución que siga siendo así. Lo que hay es más una farsa, lo que hay es un segundo tarifado a un precio formal que nunca se paga en la vida real. Y lo que tenemos es: una pantalla oficial o pública contaminada y ensuciada por los acuerdos más inverosímiles. Dejemos de lado el Reino Unido. El gobierno de Rodríguez Zapatero en España acaba de presentar ante el Congreso de los Diputados un proyecto para que la televisión privada española financie la producción de cine español, por Ley, a través de un determinado porcentaje de su facturación. Por supuesto que ha suscitado la respuesta negativa de los canales privados pero es un proyecto que acaba de ser presentado al Congreso. O sea, en una democracia capitalista es perfectamente imaginable y factible imponerle al sector privado determinado tipo de condiciones para permanecer en determinado tipo de negocio. Y yo creo que en la Argentina, que está recuperando un equilibrio luego de la década de los 90, de lo que tiene que ver con el rol del Estado, perfectamente podría imaginar ideas.

Yo no tengo en este momento ideas que puedan traducirse en proyecto de ley de inmediato, pero se debería trabajar sobre ideas que permitan explorar formas de financiamiento menos hipócritas y sobre todo más realistas, para que la sociedad sí pueda contar, como mínimo, con un canal que cubra el país ya que ahora no lo cubre. Porque entre otros de los grandes silencios está que el área de cobertura de Canal 7 se ha reducido muchísimo físicamente y que la radio, aún cuando cubre más, como Nacional, de todos modos sigue teniendo grandes territorios ciegos en todo el país. Y esto se podría realizar considerando que los medios públicos merecen, tanto como la educación o la salud, la inversión del Estado.

Esto parece que se puede discriminar en distintas áreas de pensamiento. Si es un problema normativo. Si es problema de los objetivos que se proponen. O tal vez, excluyendo cualquier análisis anterior, si importa que compitan o no. ¿Tiene sentido que realicen productos que no vayan a llegar a ningún lado respecto del otro?

En los veinte años largos de democracia, hablo del gobierno de Alfonsín, del gobierno de Menem, del gobierno de De la Rúa y los últimos dos gobiernos de transición, el de Duhalde y el de Kirchner, la televisión y la radio de la que, repito, se habla poco porque no se conoce o porque se la desprecia, pero ha pasado por cosas muy similares; viven, producto de este sistema nefasto, del manejo coyuntural de los medios, una confusión atroz. Todos los comentarios que se puedan hacer con respecto de la programación, por ejemplo ¿la gente sabe que en la radio pública, hoy, gobierno de Kirchner, hay un programa de box? Producto de esta confusión central no se permite que el espacio sea ocupado con una verdadera alternativa. Entonces, efectivamente, yo estoy hablando de una televisión pública y de una radio pública que desarrollen aquello que yo no encuentro en la televisión o en la radio privada. Si estamos hablando un 12 de julio y el domingo que viene hay un referéndum en Bolivia de una importancia decisiva para Bolivia, para Sudamérica, y para las relaciones con la Argentina, yo quisiera que en Radio Nacional de la Argentina, que se escucha en Tartagal, por ejemplo, como en Salta capital, como en otras provincias del noroeste, todas ellas muy cercanas a la problemática boliviana, hubiese una serie de programas, hubiese posibilidades de comunicarse con el Presidente de Bolivia, con los dirigentes que estén a favor o en contra y nada de todo eso sucede. Pero sí tenemos a Georgina Barbarrosa en Canal 7 y tenemos este programa de los domingos, este mecanismo realizado con el propósito denunciado de darle trabajo a los actores. Entonces, engendros de esta naturaleza podríamos citar muchísimos. Todo responde, a mi modo de ver, a la misma confusión esencial. ¿Para qué queremos una televisión pública, en qué debe ocuparse su pantalla, cómo debe desarrollarse una lógica televisiva que no implique, por ejemplo, pujar nada con la televisión privada? La televisión estatal Argentina tiene automovilismo deportivo profesional de Fórmula 1, que es un tipo de actividad que debería ser exclusivamente manejada por la televisión privada. Primero, porque la posibilidad de que ese tipo de contenidos implique algo para la sociedad yo creo que es nula. Pero, repito, vamos y volvemos del mismo diagnóstico. Confusión absoluta de objetivos y falta de una definición propositiva seria.

En cuanto a la firmeza de la aplicación de la ley, ¿si se controlara más a los medios privados, cosa que no se hace hoy, influiría a favor de los medios públicos?

No. No creo. Entre otras cosas porque, una vez más, lamento, pero son frases duras, acá vivimos una confusión esencial. La Argentina tiene, estamos hablando a 12 de julio de 2004, en vigencia una Ley del gobierno militar, la 22.285, que yo nunca me canso de repetir, lleva tres firmas: Videla, Harguindeguy y Martínez de Hoz. Esa Ley es, tecnológicamente, prejurásica. En 1979, cuando fue emitida por la dictadura, no existía ni la telefonía celular, ni el fax, ni la transmisión vía satélite. Es una Ley que corresponde a una era que podría estar situada en 70, 80 años atrás. Pero, además, políticamente, corresponde a otro momento del país. Los organismos regulatorios que surgen de esa Ley son, por definición, imposibles de ser cumplimentados. El Comité Federal de Radiodifusión, que está intervenido desde que asumió el Dr. Alfonsín, es una estructura militar (se llama “Comité”), en la cual, por la Ley militar que es Ley de la Nación, deben estar representadas las tres fuerzas armadas y los organismos de seguridad. Como esto desde la democracia se canceló, lo que tiene es un interventor, que fueron variados personajes (sería una linda tarea hacer una lista con quienes fueron interventores del comfer desde el 83 hasta hoy) y que en la actualidad tiene un señor político del justicialismo que tendrá buenas intenciones pero que sigue “gobernando” el Comité Federal de Radiodifusión como un feudo privado.

En una palabra: aplicar las normas y los criterios de regulación que surgen de esa Ley y de esa entidad es un absurdo en sus propios términos. La Argentina necesita una redefinición global de toda la pauta normativa de los medios y una vez que es pauta exista, efectivamente, llegaremos a la conclusión, que hoy día es pura verdad, de que los medios privados, como los trenes, como tantas otras cosas, no son controlados. Hay un estado de negociación permanente por el cual hay una gran casuística. O sea, se controla más o menos en función del olfato de un dirigente político. El Sr. Bárbaro piensa que es mejor conversar. Después viene el Sr. Pérez y dice que es mejor aplicar la norma durante sesenta días para asustarlos y después se vuelve a conversar. O sea, es un marco normativo que es plastilina pura.

La cuestión de la asignación presupuestaria, que siempre está marcada como el obstáculo inevitable para mejorar, ¿es una valla infranqueable o se pueden imaginar a partir de alternativas, de modificaciones en normativas, modos de contribución que no signifiquen que el usuario que hoy recibe un producto pobre tenga que, además, sobrefinanciarlo?

En un país de expectativas económicas tan reducidas como la Argentina, no puede haber ninguna propuesta, por más bien intencionada que sea, que parta del dislate de decir que esto lo vamos a resolver con 70 millones de dólares.

Esto ya no es más posible. Primero, por razones morales. Segundo, por razones presupuestarias.

No existe ese dinero. No existe mucho dinero en ningún caso.

Yo creo que, hoy por hoy, hay un problema previo a la inexistencia de fondos que es la pésima asignación de los recursos. Si estamos compitiendo para pagarle salarios a personalidades del mundo de la televisión, que no tienen trabajo en el sector privado y aterrizan en Canal 7, estamos perdidos. Yo diría que hay que empezarlo todo desde cero. Determinar, por de pronto, esto: que los medios públicos van a tener que tener una estructura en donde la sociedad civil esté, por lo menos, representada de modo cierto y no de modo retórico. Segundo, van a tener que responder a una planificación que permita que salgan de la esfera de los mandatos electorales. Esta es una de las claves. Yo sé que es dificilísimo plantearlo, aquí, en Italia o en España. El caso de la bbc de Londres es muy excepcional. La televisión francesa también está bastante separada del poder político. No es sólamente la británica. Los casos del Mediterráneo, en Italia y España, son catastróficos. Sobre todo el de Italia, en donde la televisión es manejada por el señor que es dueño de la televisión privada, Berlusconi.

Por eso soy conciente de que es dificilísimo, pero es una cuestión simple. Tenemos el caso de la televisión de Chile, que se puede ver en Buenos Aires. La Televisión Nacional de Chile es un verdadero ejemplo de seriedad. Tiene un manejo que, aún cuando desde luego admite alguna mano del gobierno de turno, permite al menos un producto mucho más alternativo.

Respecto de la pregunta, yo creo que si se toman decisiones audaces y sobre todo muy realistas en cuanto a eliminar la ficción de que la televisión estatal puede competir en el mercado publicitario vendiendo segundos como si fuera Telefé o Canal 13 y se pasa a un blanqueo de la situación diciendo se van a transmitir 12 horas, 16 horas o 24 horas por día y vamos a trabajar con tal o cual criterio, podemos federalizar la tarea de la producción, podemos establecer que de las 24 horas diarias, de pronto 6 corren por cuenta de las provincias. Se pueden hacer muchísimas cosas maximizando los recursos existentes y aportando, desde luego, recursos razonables, que existen en el país. Si no, es un escándalo un subfinanciamiento.

También está el caso de Radio Nacional que es una radio totalmente menesterosa. Es una radio que da vergüenza. Entonces, yo creo que se pueden hacer cosas que combinen el esfuerzo por parte del Estado que este en condiciones de realizarlo, un esfuerzo por parte de las provincias, inclusive de las grandes ciudades y un mejor criterio de utilización de los recursos. Todo eso daría, a mi juicio, un resultado muy inmediato.

Para ir hacia ese punto cero, a ese nuevo punto de partida y teniendo en cuenta el aspecto normativo, ¿debería ser el ámbito preciso, la Universidad, quien vaya generando las normas, los cambios en las que ya existen?

No creo que la Universidad a secas. En todo caso los Departamentos de Derecho de las universidades más prestigiosas podrían aportar muchísimo en materia de derecho de las comunicaciones. Yo de hecho, si tuviera la posibilidad, pediría la presencia y el aporte y la solidez doctrinaria que pudieran dar. Pero, diciéndolo con todas las palabras, este es un problema político. Debe ser resuelto con voluntad política y cuando digo político, no digo político electoral. Es un problema que debe surgir de las instituciones vigentes en la República. Decir esto en un momento en que la cabeza del poder ejecutivo se desprecia a los partidos como meras corporaciones obsoletas es, de pronto, contradictorio. Pero sigo pensando que el país tiene que resolver el tema de los medios estatales y su devolución al público a través del Congreso Nacional. ©