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Doctora, ¿habiendo algunos proyectos de ley ya existentes, y que no han tenido mucho éxito, no es una audacia agregar uno más?

Definitivamente creo que sí. Creo que es una audacia hacer un proyecto y, de alguna manera, la idea que yo tuve en el momento de ponerme a trabajar en esto es que sea un documento de trabajo. De ninguna manera pretendo que esto sea el texto de la ley.

Estoy convencida de que una ley no se puede elaborar en el ámbito de cuatro paredes, ni creerse uno mismo una persona iluminada que pueda armar un proyecto de ley, aún con la colaboración que yo he tenido. Pero creo que una Ley de Telecomunicaciones, necesariamente, requiere del debate, de la discusión, de adoptar posicionamientos ideológicos. Por ello lo que he pretendido hacer ha sido, básicamente, recoger todos los cambios normativos que ha habido en el sector en estos últimos doce años, en donde he tenido la posibilidad de estar trabajando, justamente, la parte regulatoria, y exponerlo quizás en un documento único, con cierta lógica, como para presentarlo y tener un documento de trabajo. Pero la verdad es que creo que sería muy pretencioso de mi parte pensar que esto, en sí, es ya un proyecto de ley. Creo que es un papel de discusión, sometido a la crítica y que puede servir, de hecho, como herramienta para que sobre esto se pueda elaborar un Proyecto de Ley con el consenso de todos los actores. Una ley de telecomunicaciones creo que tiene intereses y definiciones políticas, de política pública, de rol del Estado, de los sectores económicos e incluso de otras industrias a las que afecta. Pero difícilmente una persona en su casa y en su computadora pueda abarcar todo como para hacer de eso un proyecto de ley razonable. En realidad, sí creo que es una audacia, que es un desafío muy grande que tenemos en la Argentina poder tener un Proyecto de Ley de Telecomunicaciones; porque ustedes saben que hemos tenido toda una transformación estructural, fundamental, del régimen jurídico de telecomunicaciones. Y todo en base a decretos o resoluciones del Ente Regulador. Así que, la verdad es que lo que he tratado de hacer es recopilar toda esa legislación que ya existe. Digamos directamente que no hay mucha innovación en ese sentido, no se trata de un proyecto revolucionario, se trata de un documento de trabajo, que no es lo ideal, probablemente, pero que está en el marco de lo posible.

Sé que hay otros proyectos dando vuelta. En su momento leí el del Dr. Alejandro Fargosi, entiendo que el Secretario está trabajando en un documento similar. Por eso, este trabajo tal vez sea útil para contraponer ideas y tratar de buscar una herramienta que, de alguna manera, nos permita sacar, efectivamente, una Ley de Telecomunicaciones.

¿Cuáles son la fuentes que consideró para elaborar el trabajo?

Le diría que muchas, porque no ha sido un proyecto elaborado en un solo tiempo. Yo, la verdad, he trabajado en otros proyectos de ley en su momento porque he estado muchos años en la gestión pública. Con lo cual, en su momento, como cada Secretario que llegaba a la función tenía la intención de formular su propio proyecto de ley de telecomunicaciones, yo ya había colaborado en la elaboración de otros. Trabajé también para el Banco Mundial en un proyecto de telecomunicaciones para Uruguay, así que también había revisado mucho material y en éste he trabajado en distintas etapas. Empecé a trabajar con más fuerza a partir del Congreso de Telecomunicaciones que se hizo en noviembre del 2003. Y básicamente, a lo largo de todo este tiempo, he leído la ley chilena, la brasileña, la mexicana, la nueva ley española, la francesa. Si le tuviera que decir cuáles han sido las leyes que, de alguna manera, yo creo que compatibilizan más con nuestro régimen jurídico, le diría que es la última ley española. He tomado muchas cosas de esa ley que se aprobó en noviembre, además de la ley francesa y también del esquema de la ley mexicana que, creo, si bien es una ley antigua, tiene una estructura muy sencilla y en realidad tiene una orientación que es completamente distinta a la nuestra porque está enfocada más en las redes de telecomunicaciones y en la infraestructura que en los servicios. Siempre me pareció muy clara, y aunque tiene sus años es muy sintética y no muy reglamentarista. La ley española es excesivamente reglamentarista para mi gusto, pero tiene algunas ideas interesantes, así que hay bastantes cosas tomadas de allí.

He repasado, en general, todas las leyes; también las de Latinoamérica. La ley chilena, por ejemplo, es también una ley excesivamente reglamentarista. Uno se cansa de leerla. Y nuestra idea es no hacer una ley reglamentarista. Yo creo que un proyecto de ley, sobre todo para que perdure en el tiempo, tiene que establecer los principios básicos; si bien creo que he abarcado demasiadas cosas puede ser que haya estado influenciada por mi experiencia en la administración pública. Obviamente, lo que pretendo y traté de hacer fue recoger todo lo que se había hecho en el 764, más allá de mi opinión al respecto, donde creo que hay un consenso en la industria sobre algunas pautas básicas que se establecieron, (quizás antes), pero que el 764 las recoge y es la regulación vigente. Diría que entre la Ley de Telecomunicaciones actual, lo que era rescatable y el 764 y otras normas, es lo que he tomado para reestructurar el ordenamiento jurídico.

¿Cuál es el área en la que usted piensa que se nota más la ausencia de un marco regulatorio?

Nosotros, en realidad, más que carecer de un marco regulatorio, tenemos un marco regulatorio en exceso. Lo que pasa es que no tenemos un marco regulatorio por Ley. Hay una profusa reglamentación en telecomunicaciones y además, por normas de jerarquía, pueden ser cuestionables o al menos discutibles. Porque en muchos casos se establecen cuestiones que hacen a los intereses económicos, tanto de los clientes como de las compañías y, muchas veces, han sido resueltas por decreto o por resoluciones de menor jerarquía. Creo que en este momento hay mucha necesidad, no creo que haya mucho vacío. Hay una gran cantidad de normas y muchas de ellas son obsoletas.

En el tiempo en el que yo estuve en la Administración, se pretendía hacer un texto ordenado de las telecomunicaciones. Era una tarea titánica y de hecho nunca se terminó porque, además, era muy difícil. Teníamos resoluciones, decretos, pliegos…. Era muy heterogéneo, no se podía establecer un orden normativo jerárquico. Yo le diría que quizás hay proliferación de normas sin ningún cuerpo sistematizado y, además, muchas ya están haciéndose añicos en función del desarrollo tecnológico. Definitivamente, todo lo que es la tecnología IP y los servicios de Internet están resquebrajando todo lo que se escribió hace, relativamente, poquísimos años.

Lo que he pretendido, si bien no es un proyecto o un documento de trabajo revolucionario, es, en líneas generales, tratar de estructurarlo. En primer lugar, tratar de no hablar de servicios en forma individualizada. Y eso fue un desafío muy grande. El documento habla de telecomunicaciones y no tanto de los servicios; habla de servicios integrados y de red de un modo más genérico, con un grado de abstracción de manera tal de permitir la convergencia y la integración de los servicios. Por ahí, sí está previsto que después la reglamentación pueda, eventualmente, distinguir por servicio. Pero, a nivel de la Ley, está más enfocado; no hay un capítulo de servicio básico telefónico, ni un capítulo de servicios móviles, ni de servicio de valor agregado, ni de paging; está viendo las telecomunicaciones en su conjunto. Por eso el nombre es “Régimen Jurídico Básico de las Telecomunicaciones”.

Por otra parte, la discusión al nivel de una Ley, debería empezar a abrir el camino para darle alguna una solución al tema de la "habilitación" que ya, realmente, no encaja dentro de este esquema de servicios concebidos geográficamente. Como así también a todo el tema de lo que es la distinción entre servicios locales y servicios de larga distancia que, claramente, nos queda como encorsetado. Y el tercer eje, desde el punto de vista fundamental, es tratar de dar las herramientas en un proyecto de ley o en un documento de trabajo para corregir ciertas asimetrías que definitivamente existen.

Si queremos el desarrollo de un mercado en competencia, es necesario que el Ente Regulador tenga las herramientas como para fijar determinadas normas en caso de prestadores con posición dominante o con poder significativo en el mercado.

¿La ausencia de una Ley que esté establecida como tal, que sea definitiva, no impide que el Estado pueda imponer su criterio social en el área?

Sinceramente creo que una Ley, obviamente, nos da un marco legal de mucha mayor estabilidad, seguridad jurídica y creo, definitivamente, que es necesario que el Estado defina en un proyecto de Ley cual es su rol social, el rol público o el rol del Estado dentro del desarrollo del mercado de las telecomunicaciones. Pero, hay algunas reglamentaciones que nosotros hemos tenido y están vigentes que tienen la misma jerarquía normativa y no se aplican. El 764 tiene un reglamento de licencias, un régimen de interconexión, un régimen de gestión y administración del espacio radioeléctrico y tiene un reglamento de servicio universal. Se aplican todos menos el de servicio universal. Y la verdad es que el reglamento de servicio universal no es otra cosa que la determinación de la política pública que el gobierno quisiera aplicar en un sector determinado. Es decir, si mañana el gobierno quisiera subsidiar o fomentar determinadas prestaciones podría instrumentarlo a partir del programa de servicio universal. Obviamente es mejor que todo esté instaurado en la ley. Creo que es necesaria la ley y creo que el cumplimiento del fin público va a estar mucho más reforzado si tenemos una ley avalada por toda la sociedad, en donde se pueda establecer, claramente, cuales son los objetivos del Estado y los fines sociales. Pero, también creo que si el Estado quisiera avanzar en esto podría empezar. No sé si necesitamos esperar que se dicte la ley, que nos va a llevar un tiempo...

¿Consultó con algunos legisladores? ¿Tuvo contacto con ellos?

No. La verdad es que, hasta ahora, no he tenido contacto con legisladores. En realidad, es probable que sí haya que tenerlo ahora. Sí me interesaría trabajar con legisladores o con el que sea. Formar parte de un grupo de trabajo, porque de hecho de eso se trata. Pero, la verdad, es que no he consultado para la elaboración de este trabajo con legisladores. Este trabajo implicó compañeros de acá de la oficina y del trabajo y las distintas empresas y demás con las que uno generalmente habla y algunos, incluso, han hecho críticas concretas, han revisado algunos artículos y han hecho aportes concretos. Pero, no con legisladores específicamente.

En cuanto a la evolución del aspecto tecnológico, ¿cómo ve el desarrollo del sector y cómo puede llegar a repercutir ese desarrollo en la necesidad que se plantea permanentemente de brindar un marco que contemple esa evolución?

Por eso creo que es importante hacer una ley que sea lo suficientemente clara, concreta y en base a principios generales que nos permita, de alguna manera, flexibilidad que se requiere para el desarrollo tecnológico. Digamos, una ley excesivamente reglamentarista y con muchos detalles, no creo que nos permita evolucionar o contar con ella por mucho tiempo. Creo que, definitivamente, tiene que haber un gran marco, un régimen básico y después la reglamentación, adecuando a esos principios generales establecidos en el marco general. Con el desarrollo tecnológico más acelerado, estableciendo ciertos principios y otorgando al Ente Regulador las facultades que se requieren para la adecuación tecnológica y para el desarrollo de los servicios creo que es como se puede solucionar el tema.

¿En el trabajo que usted preparó, hay alguna base para que se trate el tema tarifario?

Sí. Hay artículos específicos respecto al tema tarifario. En realidad, en todo lo que se refiere a ese tema, una de las pautas es que sigue poniendo el acento en algunos principios que se establecieron en el 6290 que tiene que ver con la regulación tarifaria para Telefónica y Telecom. Si bien creo que uno podría dar lugar a esa discusión, obviamente es una discusión muy particularizada, que al menos yo no la he abierto en la ley. En eso, lo que hago, es mantener la regulación tarifaria para el dominante, definir como dominantes a Telefónica y a Telecom en base a lo que dijo el pliego en su momento. En ese sentido no he innovado en absoluto, lo cual no quiere decir que no se puede innovar. Estoy diciendo: parto lo que tenemos hoy, de como estamos hoy.

Una ley podrá establecer un criterio general que dirá, en aquellos casos en los que exista posición dominante en el mercado de un prestador o donde no haya condiciones de competencia atractiva, que habrá precios regulados. Y podrá establecer algún capítulo o alguna metodología de regulación de precios, en la que he intentado avanzar; pero, muy genéricamente. Pero, digamos que esto es lo básico en cuanto a regulación tarifaria.

En cuanto no exista competencia atractiva el Poder Ejecutivo podrá regular las tarifas y en los casos en que existe competencia atractiva las tarifas son libres. Este es un criterio, más o menos consensuado, en este momento. Sin entrar en la discusión de Telefónica y Telecom.

¿Ha contemplado usted la posibilidad de equilibrar la relación de fuerzas entre el usuario y las empresas?

Por eso creo que en este caso el rol de Estado es fundamental. Actualmente hay una discusión acerca de la titularidad estatal respecto a la prestación del servicio de las telecomunicaciones y todo el concepto de servicio público. La verdad es que yo no creo que se requiera hablar de titularidad estatal en el servicio público para que el Estado entre a regular en beneficio de los usuarios aquello que tenga que regular con toda la fuerza. Entonces, también, hay todo un capítulo de Derecho de los Usuarios basado esencialmente en el artículo constitucional que tienen los usuarios a la protección de sus derechos económicos, a tener conocimiento claro de los servicios que reciben, de la calidad y del aviso de los cambios de ofertas. En ese sentido, existe una Secretaría de Derechos del Consumidor que, aún al margen de la regulación que pueda hacer el Ente Regulador de las Telecomunicaciones en el tema específico de telecomunicaciones, ha operado en el mercado estableciendo algunos criterios que me parecen una actuación importante, decisiva.

Yo creo que, a veces, hay una idea de que si no se habla de servicio público o si el Estado no tiene por sí la titularidad de ciertas actividades, es como enerva su capacidad ocupar o cumplir un rol de control y en beneficio de la comunidad. Y yo creo que se pueden conjugar las dos cosas.

¿Nos podría dar una definición del tema de radiodifusión?

En la ley o el documento no se contempla los servicios de radiodifusión, aún cuando ha habido muchos proyectos de radiodifusión en su momento. Creo que el más orgánico fue el de Guillermo López y yo en ese momento hice algún comentario. La crítica más fuerte que hice en ese momento fue que, en realidad, no tiene mucho sentido que la infraestructura de telecomunicaciones, y de radiodifusión, debido a los cables que se tienden o al uso de la frecuencia, tengan que tener diferencias de fondo en cuanto a asignación de las licencias o criterios regulatorios. Sí creo que una Ley de Radiodifusión tiene que ocuparse de los contenidos de la radiodifusión, que son muy especiales y muy específicos. Creo que eso sería estructuralmente bueno. De todas maneras, no creo que estemos en condiciones de dar ese debate.

En general, todos los proyectos de ley que se han venido presentando a lo largo de estos años, mantienen la separación estructural de estas dos industrias. De hecho, el único intento de unificar en un ente regulador la regulación terminó en nada. Por eso, el punto de partida de este documento es dentro del marco de algunos consensos básicos que existen en el sector.