Gran avance en materia de educación inclusiva en la CABA, en el marco de un amparo colectivo de ACIJ con asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos

El 16 de septiembre de 2020, el Juzgado Nº 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió una resolución en el marco de un amparo colectivo contra el Ministerio de Educación de la CABA, mediante el cual se solicitó que el GCBA que adopte las medidas necesarias para evitar los rechazos sistemáticos de inscripción por motivos de discapacidad en escuelas comunes de gestión privada.

Un equipo de estudiantes y jóvenes graduados/as de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires participó activamente en la elaboración de la estrategia del caso, investigación, producción de prueba y redacción de la demanda[1] que fue presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

Bajo la premisa de “que nadie se quede atrás”, la resolución judicial hace lugar a la medida cautelar requerida y le ordena al GCBA la implementación de canales de denuncia accesibles, efectivos y contemplativos de las barreras económicas, educativas y tecnológicas a las que se enfrentan las personas afectadas, a fin de que puedan realizar reclamos por rechazos de matriculación o re-matriculación.

Además, se exige la adopción de medidas para difundir el derecho a la educación inclusiva que le asiste a este colectivo, en la página web y carteleras del Ministerio de Educación, la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP) y establecimientos educativos de gestión privada de la ciudad.

El foco de la decisión está puesto en el derecho a la educación inclusiva y en la obligación del Estado de realizar cambios sustanciales para superar los obstáculos existentes a fin de que las personas con discapacidad tengan una experiencia de aprendizaje equitativa, participativa y de calidad, acorde a lo establecido en el art. 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La sentencia destacó “la necesidad de derribar los muros que construyen la estructura de una desigualdad. La que se oculta entre reclamos inconclusos. La que no atiende la desorientación de aquellas familias a quienes no se les facilita el conocimiento del contenido de sus derechos, ante estos actos discriminatorios.”

Para conocer los testimonios de algunas familias que formaron parte del caso, click acá.

 

[1] El amparo colectivo denuncia que las escuelas comunes privadas de la ciudad rechazan en forma sistemática la inscripción y reinscripción de niñas, niños y adolescentes debido a su discapacidad, y que el gobierno porteño omite controlarlas y sancionarlas.