Derecho a la alimentación adecuada y los desafíos de las políticas públicas durante la pandemia

El pasado 5 de mayo se llevó adelante la charla "Derecho a la alimentación adecuada y los desafíos de las políticas públicas durante la pandemia", en el marco del marco del Proyecto PIDAE "Desafíos regulatorios y de políticas públicas para la garantía y protección del derecho a la alimentación adecuada" con sede el en Instituto  Gioja.

En esta oportunidad, expusieron Juan Pablo Bohoslavsky (exexperto independiente para la deuda externa y derechos humanos, Naciones Unidas), Laura Elisa Pérez (experta Independiente del Grupo de Trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador, investigadora del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México) y Andrés Scagliola (presidente del Grupo de Trabajo para el Analisis de los informes nacionales del Protocolo de San Salvador, Coordinador Ejecutivo de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo, Uruguay).

El encuentro fue organizado en conjunto por el Proyecto PIDAE e Instituto Gioja, el Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas,  Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe y la Universidad Torcuato Di Tella.  La jornada comenzó con las palabras introductorias de la directora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas, Laura Pautassi.

Seguidamente, tomó la palabra Juan Pablo Bohoslavsky. “Es falso el dilema economía versus derechos humanos que en mayor o menor medida se da en todos los países, sea para la definición de la extensión de las políticas de aislamiento y su repercusión en la economía como para definir el ritmo del levantamiento de estas mismas medidas” introdujo y expuso: “Desde una perspectiva legalista, creo que es una discusión relativamente sencilla en el sentido de que no encuentro de manera implícita o explícita ninguna sugerencia en las fuentes del derecho internacional o derecho internacional de los derechos humanos que se pueda comprometer el derecho a la vida o el derecho a la salud para producir 1 o 5 puntos más de PBI”.

Sin embargo, reconoció que “la discusión es mucho más compleja y creo que tenemos que avanzar en tratar de desentrañar qué significa economía y qué significa derechos humanos cuando escuchamos este planteo, sobre todo por parte de algunos gobiernos”. En esta línea, agregó que “los gobiernos que más fuertemente promueven este enfoque de la economía primero son los que menor interés han demostrado por reducir las desigualdades y promover los derechos económicos y sociales”.

A su turno, Andrés Scagliola manifestó que “la respuesta a la crisis social generada por la pandemia claramente tiene que tener una perspectiva de derechos humanos, de género e interseccional. Eso lo sabemos pero está bueno repasar las claves de qué implica”. Y puntualizó: “Este tipo de respuesta implica rescatar algunos componentes esenciales, como la interdependencia de los derechos. Estamos viendo cómo esta crisis no solo pone en jaque el derecho a la alimentación, sino que pone en jaque el derecho al trabajo y la insuficiencia de ingresos consecuente”. 

En este marco, desarrolló: “Haríamos bien en aproximarnos al derecho de alimentación teniendo en cuenta qué otros derechos se ponen en juego y, por tanto, entender que no podemos dividir. Ahí vamos al segundo principio: indivisibilidad de los derechos humanos; no podemos ver de forma segmentada estos derechos que son, además, interdependientes”.

Por otro lado, puso de manifiesto la importancia de utilizar al máximo los recursos disponibles: “Parte de la exigencia de los Estados en esta respuesta es que efectivamente en la garantía de estos derechos los Estados hagan el máximo esfuerzo en asignar a esta respuesta los recursos con los que se cuenta”.

Finalmente, Laura Elisa Pérez se refirió al impacto de la pandemia en el derecho a la alimentación adecuada con base fundamentalmente en un conjunto de estudios que llevó a cabo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). “A través de un modelo de simulación, considerando en general la variable central de decrecimiento económico generado por la COVID-19 en el hambre y tomando en cuenta 101 países importadores netos de alimentos, la FAO llega a la conclusión de que con un escenario medio de reducción de 5 puntos porcentuales en el PBI de estos 101 países, la cantidad de personas adicionales que estarán padeciendo hambre en el mundo se eleva a 38.2 millones de personas adicionales, no son las personas que usualmente tienen hambre en el mundo”, detalló.

A continuación, planteó cómo el monitoreo puede ser clave para el seguimiento del derecho a la alimentación adecuada en la etapa post-COVID en América Latina, teniendo en cuenta la medición de los impactos de la pandemia a nivel regional y mundial.