En el mes de octubre, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un amicus curiae formulando observaciones al pedido de opinión consultiva presentado por Colombia para que se interpreten las obligaciones derivadas de los artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos), 4.1 (derecho a la vida) y 5.1 (derecho a la integridad personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, frente al impacto de grandes proyectos en el medio ambiente marino, específicamente en la Región del Gran Caribe.

Uno de los objetivos que se propuso el Centro del Derechos Humanos es contribuir a la discusión regional en materia de los derechos fundamentales. Por ello, en esta ocasión, mediante la presentación de un amicus curiae ofreció su colaboración para profundizar la protección de los derechos humanos en los casos en los que pudiera estar comprometida una afectación al medio ambiente.

En este sentido, se sostiene en el documento que la obligación de los Estados en materia de protección ambiental surge no solo de las normas de derecho internacional público en general, sino también de las que forman parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, dado que los daños al ambiente derivan en violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a los derechos económicos sociales y culturales (vivienda, salud, trabajo, agua, alimentación, entre otros).

Partiendo de ello, se consideró que frente al pedido de opinión consultiva efectuado por Colombia, la Corte Interamericana tiene la oportunidad de ahondar acerca de los alcances de las obligaciones de los Estados en materia de protección ambiental, que -según las conclusiones del grupo de trabajo- se proyectan más allá de las fronteras territoriales y comprenden las derivadas de los principios de prevención, precaución y fiscalización, la obligación de cooperar activamente, y la de realizar evaluaciones previas de impacto ambiental y social para la aprobación de proyectos de infraestructura o explotación, asegurando la debida información y la existencia de recursos judiciales efectivos que resguarden los derechos de los posibles afectados. 

Se trata de uno de los primeros trabajos en la esfera internacional del Centro y fue elaborado por un grupo de estudiantes y jóvenes graduados/as interesados en la defensa y promoción de los derechos humanos, quienes trabajaron conjuntamente en la búsqueda de información, debatieron las distintas cuestiones y redactaron el documento final que luego fue presentado ante la Corte Interamericana. 

El equipo de trabajo estuvo compuesto por los/as abogados/as Pablo Colmegna, Víctor Lisandro Elías, Lautaro Furfaro, Liliana Ronconi, Jorge Filipini y Lucila Galkin Sutton, y los/las estudiantes María Barraco, Belén María Ibáñez, Dominique Steinbrecher, Rocío De Carolis, Francisco Rodríguez Abinal, Martina Olivera, Mauro Roberto Penna y Alejandro Fernández. El grupo, bajo la dirección de Martín Sigal, contó además con la colaboración y los aportes de la Decana de la facultad, Mónica Pinto, y de las docentes Julieta Rossi, Violeta Radovich y Marta Rosa Vigevano.

 

En el siguiente link se encuentra disponible el documento completo.