¿Más Derecho o más derechos?: la primacía de la reforma institucional y del orden público provincial en la garantía de los derechos de los adolescentes infractores de la ley penal?

Proyectos UBACyT

 

PALABRAS CLAVE

Justicia juvenil
Derechos del niño
Derecho y cambio social

RESUMEN

Existe hoy un extendido y, a la vez, curioso consenso en Argentina: la respuesta que el Estado da a los adolescentes infractores es inadecuada. Ese llamativo consenso conduce a que, de forma recurrente, surja en el ámbito parlamentario, en la discusión social y en los discursos políticos, la cuestión de la reforma de la justicia juvenil. En general las discusiones se concentran en el reclamo de la reforma de la ley penal sustantiva (edad penal mínima y sanciones para menores penalmente responsables). Se argumenta que todo ello se orienta: i. a adecuar el sistema penal argentino a los estándares internacionales que regulan la materia o bien, directamente, ii. a que debe sancionarse más severamente a los adolescentes. Estas propuestas están asociadas a dos ideas erradas: la primera de ellas, auto-asumida como no represiva, a la ya superada identificación del modelo vigente con la disminución de las reglas de garantía procesales y penales; la segunda, aparentemente de signo opuesto al asumirse explícitamente como de mano dura, a la conocida tesis cercana al sentido común que asocia el endurecimiento de la respuesta penal a mayores niveles de seguridad dado que, de acuerdo con ella, los menores de edad serían tratados de forma demasiado complaciente por el sistema vigente. Ambas visiones han dado lugar a una gran cantidad de proyectos de ley provenientes de espacios políticos muy diversos, algunos basados sobre ideas explícitamente más represivas, otros con una justificación en el garantismo penal y los derechos del niño. Prácticamente todos ellos coinciden en dos puntos, a pesar de sus declamadas diferencias ideológicas: i. en que resultaría conveniente disminuir la edad de imputabilidad penal, al menos, a los catorce años; y, ii. en que ninguno de ellos indaga sobre los aspectos no jurídicos de la cuestión, cuando el amplio corpus juris de protección de derechos humanos los considera esenciales. A esas coincidencias debe sumarse el hecho de que, en ningún caso, las iniciativas tienen en cuenta que las provincias argentinas han liderado el proceso de adecuación de la respuesta estatal al delito de las personas menores de dieciocho años, al derecho internacional de los derechos humanos de la infancia.