Un análisis normativo y jurisprudencial del nuevo esquema de competencias en materia ambiental. Aportes a veinte años de la Reforma de la Constitución Nacional

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PALABRAS CLAVE

Ambiente
Legislación
Competencias

RESUMEN

En 1994 al reformarse la Constitución Nacional se planteó un nuevo esquema de competencias para la temática ambiental. Tal como surge del artículo 41 de la C.N. “ … Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. …”. Las normas de presupuestos mínimos representan un nuevo sector de competencias delegadas, del ordenamiento jurídico nacional. Esas normas nacionales deberán contener principios y directrices para la regulación de la relación ambiental, que se consideren fundamentales para garantizar una base jurídica en todo el territorio nacional. Han pasado 20 años desde que la Constitución Nacional nos plantea este nuevo esquema, se han dictado muchas normas, de presupuestos mínimos y provinciales, se ha ampliado la legitimación, la Justicia ha tomado un rol activo y novedoso. No hay doctrina que haya intentado explicar el fenómeno actual de manera cabal y comprehensiva. No se han establecido comparaciones entre las normas vigentes ni se han identificado incongruencias, lagunas o superposiciones normativas, ni evaluado consecuencias. El objetivo del presente proyecto es analizar en profundidad el estado de situación de las leyes de presupuestos mínimos, desde el contexto de la normativa nacional vigente y en comparación con la legislación provincial. Se pretende dar respuesta a algunos interrogantes: ¿cómo funcionan en la práctica los presupuestos mínimos? ¿cuál es la congruencia existente entre los presupuestos mínimos y las normas provinciales? ¿se han adecuado las normas provinciales? ¿es necesario plantear modificaciones a las normas provinciales vigentes y en ese caso a quién corresponde? Entendemos que resulta necesario revisar la normativa provincial vigente analizando su congruencia con los presupuestos mínimos de protección ambiental dictados al amparo de lo dispuesto por la Constitución Nacional. A través de un diagnóstico evaluativo particularizado de las normas y de la jurisprudencia, se podrán demostrar las inconsistencias existentes y, a su vez, plantear las adecuaciones que correspondan. La investigación y los resultados quedarán recogidos en un informe final y en un cuadro digitalizado relacionado con enlaces y vínculos a documentos en texto completo que se presentará en base magnética, fácilmente transferibles y de utilidad para planificación futura.