Proyectos DeCyT 2022-2024

Código

DCT2234

Título

La política pública exterior de la Argentina en Derechos humanos.

Director

Ulanovsky, Agustin

Correo electrónico del Director: aulanovsky@derecho.uba.ar

INTEGRANTES
Nombre y apellido
1 Daira Basin
2 Maria Natalia Montesano Melgar

3

Lucia Chiara Maidana Groesman
4 Natalia Belén Zunino
5 Aylén Rocío Carlini
6 Eugenia Aizcorbe
7 Santiago Garcia Vence

PALABRAS CLAVE

Derechos Humanos
Relaciones Internacionales
Política exterior

RESUMEN

Según la Cancillería argentina, la promoción y protección de los derechos humanos son “una política de estado y uno de los pilares fundamentales de la política exterior argentina desde el regreso de la democracia”. Este compromiso se extendería a todas las políticas públicas y reflejaría “el liderazgo de nuestro país a nivel regional e internacional en numerosas iniciativas, con contribuciones trascendentales para el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.
Ahora bien, ¿qué quiere decir que la Argentina lidera la protección de los derechos humanos a nivel exterior? ¿Qué parámetros son y/o debieran ser considerados para establecer ello? ¿Existe alguna norma, indicador o antecedente que permita definir que un país es líder en la promoción internacional de los derechos humanos?
A través de la elaboración de un indicador propio, buscaremos desarrollar la historia de la política exterior en derechos humanos de la Argentina desde el regreso de la democracia y evaluarla en forma crítica a la luz de los parámetros del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así, pretendemos determinar si la declamada continuidad en la política exterior de derechos humanos es tal y profundizar en los distintos perfiles, tipos de participación, conductas de doble estándar y praxis discursiva del rol llevado por la Argentina en la arena internacional en esta materia.
Esta investigación a fondo de la política exterior argentina en Derechos humanos pretende ser un aporte novedoso para aplicar las normas y los compromisos de derechos humanos, apoyar la formulación de políticas y evaluar sus repercusiones y la transparencia del proceso. A su vez, creemos que las conclusiones del caso argentino nos permitirá mejorar metodológicamente el indicador construido para luego, eventualmente, poder extenderlo al análisis del resto de los Estados.