Proyectos DeCyT 2020-2022
Código
DCT2010
Título
Cuestiones ambientales en el Derecho Marítimo: Salvamento ambiental y remoción de restos náufragos, hacia una actualización de la normativa internacional vigente en la República Argentina.
Director
Diego Chami
Codirector
Eduardo Adragna
Correo electrónico del Director: diego@chami-dimenna.com.ar
| INTEGRANTES | |
|---|---|
| N° | Nombre y apellido |
| 1 | Guillermo Fonseca Atrio |
| 2 | María Victoria Zalazar Fandiño |
| 3 | Mariano Fandiño |
| 4 | Agustín Caramés |
| 5 | Cintia Caserotto Miranda |
PALABRAS CLAVE
Salvamento
Naufragios
Ambiente
RESUMEN
Este proyecto involucra una revisión del estado actual del derecho marítimo argentino con miras a la ratificación de las convenciones de Londres de 1989 sobre salvamento (“Convenio Internacional sobre asistencia y salvamento”) y de Nairobi de 2007 sobre remoción de restos náufragos. La incorporación de dicha normativa al orden interno debe ser acompañada del análisis de las opciones para su implementación habida cuenta de las soluciones vigentes a nivel local. El presente se enmarca en el renovado interés de las autoridades de aplicación (Cancillería, Prefectura Naval Argentina, Secretaría de intereses marítimos) y de la Asociación Argentina de Derecho Marítimo, por dotar al Estado y a los particulares interesados en la navegación de instrumentos capaces de satisfacer la necesidad de preservar el ambiente (obligación de rango constitucional), en el marco del movimiento internacional iniciado por la Organización Maritima Internacional (OMI) de la cual Argentina forma parte.
Ambos convenios se enmarcan en el ámbito del derecho privado de la navegación, y contienen normas tendientes a estimular las actividades de salvamento y remoción de restos náufragos, aun en casos con compromiso ambiental donde, de acuerdo con la normativa vigente, podrían no existir los incentivos correctos para hacerlo.
El Estado argentino ha realizado enormes esfuerzos por lograr la delimitación de sus espacios acuáticos, los mismos deben ahora concentrarse en asignar los medios necesario para la protección de dichos recursos. En ese marco, se impone actualizar la normativa que directa (control) o indirectamente (incentivos) conduzca a tal finalidad.