Proyectos DeCyT 2018-2020

Código

DCT1816

Título

Economías enfermas y territorios sociales: narco-criminalidad. ¿Son eficientes y eficaces los instrumentos jurídicos para revertirlas? Análisis socio jurídico y socioeconómico.

Directora

Isabel Cristina Gonzalez Nieves

Codirector

Rubén Donzis

Correo electrónico de la directora: isabelgonzaleznieves@gmail.com

PALABRAS CLAVE

Economías enfermas
Narco-criminalidad
Eficacia y Eficiencia Normativa

RESUMEN

El concepto de economías enfermas refiere inestabilidades institucionales, sociales y económicas que se generan en un contexto territorial o regional. Por lo general se trata de economías de subsistencias que por falta de ocupación de los recursos productivos generan actividades eventualmente incursas en la ilegalidad. Los territorios sociales exceden las áreas geográficas, y describen campos simultáneos de interacción social.
Entre ellos, la narco-criminalidad aparece con intensidad en la producción de la materia prima, en el procesamiento y en la distribución de sustancias psicoactivas ilegales, y en la captación y empoderamiento pernicioso de contingentes vulnerables.
Tales procesos condicionan las relaciones políticas, económicas y culturales y, en condiciones de vulnerabilidad, potencialmente pueden llevar a situaciones de narco- dependencia, ligadas a estrategias subsistencia individual y grupal.
Las políticas públicas de control han demostrado que en la mayoría de los casos son ineficientes e ineficaces. Las normas penales y administrativas genéricamente apuntan a la persecución del menudeo del narcotráfico y a la desaparición del mercado.
El lucro rodea este tipo de actividades, ya que genéricamente se comportan como organizaciones transnacionales, que fuera de la ley tienen ganancias exponenciales. Cobra relevancia ponderar el problema social y económico que esto genera. Consecuentemente cabe analizar la normativa, en cuanto ésta debería referirse más al combate de estas formas de economías enfermas, que exclusivamente al delito.
También cabe analizar los costos administrativos de las políticas represivas y si realmente los recursos disponibles se destinan a la persecución del narcotráfico o se destinan a estructuras administrativas eventualmente corrompibles por los grupos de poder criminal.
Eventualmente, la respuesta podría ser económica, regulando monopsonios de compra de materias primas, así como los monopolios de distribución. En gran medida las políticas públicas tienen incidencia mínima en el negocio, por lo que se debería atender al cambio social y económico en la regulación normativa.