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La problemática específica de las comunicaciones no elude, naturalmente, la influencia de la crisis –económica y política– que sufre el país.

El hecho de que nuestra perspectiva sea académica –específicamente jurídica– no significa que podamos asumir una posición teórica, soslayando la realidad: el jurista o el legislador que ignore el compromiso con la sociedad concreta, el sector o el mercado que intenta reglamentar, puede elaborar normas técnicamente perfectas, pero sus regulaciones están destinadas al fracaso.

La virtud del legislador o la tarea del regulador es justamente tomar en cuenta, reconocer y contribuir a solucionar la confrontación de los intereses en juego. De lo contrario, la norma inspirada en la mera especulación ideológica o que pretenda imponer soluciones voluntaristas, nace condenada.

A partir del próximo número convocaremos a economistas, políticos, empresarios y técnicos -nacionales e internacionales- para analizar nuestro sector desde todos los ángulos.

Por obra de las cuantiosas inversiones de la década del 90, la Argentina tiene una penetración en todos los servicios de telecomunicaciones que se corresponde con una sociedad con ingresos per capita que tripliquen el que gozan los argentinos desde la “desordenada” devaluación duhaldista. Una primera aproximación –no crítica– permitiría afirmar que los sistemas disponibles podrán satisfacer las demandas del mercado por un tiempo razonable.

Ello marcaría una diferencia con lo que está ocurriendo en el área energética, las telecomunicaciones cuentan hoy con redes y recursos adecuados para responder a la economía en crecimiento.

Debemos remarcar que –en principio– la dinámica que conserva el sector se basa también en decisiones estratégicas de alguno de los operadores resueltos a consolidar sus empresas en la Argentina, como parte de su posicionamiento en América Latina, como es el caso de Telefónica de España y TelMex. Podemos concluir que las inversiones necesarias para el desarrollo de los negocios de CTI, Telefónica de Argentina y sus dos operadoras de telefonía móvil –Unifon y Movicom– están aseguradas. ¿Ocurrirá lo mismo con Telecom Argentina?

Podemos pensar entonces que no se avecinan cuellos de botella por la desaceleración de las inversiones producida desde el 2001.

Mientras, naturalmente, las decisiones políticas mantengan un margen de racionalidad y no se confunda, ni a la sociedad ni a las empresas, con decisiones contradictorias.

Un ejemplo típico de lo que no se debe hacer es refirmar por un lado la voluntad de proteger a los usuarios mediante la congelación de las tarifas y por el otro autorizar impuestos municipales que terminarán presionando los costos y encareciendo el consumo.

El tema de las tarifas deberá finalmente analizarse como una consecuencia más de la desprolija salida de la convertibilidad. La discusión planteada en ese sentido entre Kirchner y Duhalde, sobre el tema, no es ociosa.

Tal vez un análisis sereno, en el futuro, muestre que la torpeza con que se dispuso –desde el interinato– el abandono de la paridad uno a uno, fue responsable de muchas de las dramáticas dificultades sufridas desde entonces.

Pero, en lo substancial, es la caída del poder adquisitivo de los salarios –el mercado– lo que limita la expansión de todos los negocios del area, con excepciones puntuales, como el boom agrario, que amplió la demanda para los prestadores de servicios satelitales.

Por otra parte, la postergada sanción de la normativa básica argentina –que en el reportaje que concedió a © COMUNICACIONES el Secretario Moreno ha prometido superar rápidamente– también conspira contra el desarrollo de nuestro sector. Como una contribución a superar el problema ya hemos publicado el anteproyecto del Instituto de Derecho de las Comunicaciones y en este número presentamos –en nuestro “Dossier”– la ley española que tiene la particularidad de recoger las prácticas de los miembros de la Comunidad Europea e ilustra sobre las soluciones adoptadas por ellos.

Insistiremos con esa idea de publicar las mejores leyes en nuestra materia, porque entendemos que se incorpora así la experiencia de la legislación comparada al proceso de elaboración de nuestra norma específica.

Por último, en ejercicio del criterio pluralista, indispensable puntal de la vida universitaria, reafirmamos la voluntad de mantener abiertas nuestras páginas a todas las opiniones, más allá de que las compartamos o no. ©