Inteligencia artificial, centros de datos y derechos
El 15 de septiembre se llevó a cabo una jornada de debate dedicada a examinar las implicancias geopolíticas, jurídicas y ambientales del desarrollo de la inteligencia artificial y la instalación de centros de datos de gran escala en la región.
El encuentro fue coorganizado por el Centro de Derechos Humanos (CDH), el Centro de Derecho Ambiental y Forestal (CEDAF), ambos de la Facultad de Derecho (UBA), y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Francisco Rodriguez, co-coordinador Académico del CDH, y Leila Devia, Directora del CEDAF, resaltaron el espacio de diálogo provisto por la Facultad de Derecho para entender los impactos de la infraestructura de la inteligencia artificial y expresaron la necesidad de incorporar una perspectiva de derechos humanos y ambiental en las necesarias regulaciones que se adopten en la materia.
Moderado por Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de FARN, la actividad contó con las intervenciones de Javier Echaido, Doctor en Derecho, investigador de CONICET y del Instituto de investigaciones “Ambrosio L. Gioja”, Beatriz Busaniche, docente de la UBA , magíster en Propiedad Intelectual y presidenta de la Fundación Vía Libre, Lucía Camacho Gutiérrez, abogada especialista en políticas públicas y coordinadora en la ONG Derechos Digitales y Javier Palummo, Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos humanos.
Echaido reflexionó sobre el marco normativo internacional y doméstico aplicable a las corporaciones y los incentivos estatales a las inversiones. Remarcó la asimetría jurídica que favorece a los inversores internacionales frente a los Estados en tribunales arbitrales como el CIADI y trajo a la conversación ejemplos como los riesgos fiscales y territoriales del RIGI y del Súper RIGI, cuestionando que ambos proyectos comprometen recursos naturales estratégicos bajo promesas de crecimiento no comprobadas empíricamente.
Busaniche reflexionó sobre la desregulación normativa y la pérdida de soberanía tecnológica. Alertó sobre los riesgos de la pretensión de establecer a la Argentina geopolíticamente como “el paraíso de la no regulación” y advirtió que los data centers no generan empleo sustentable y demandan niveles insostenibles de agua y energía eléctrica para funcionar. Además, subrayó los riesgos que entraña la implementación de sistemas algorítmicos predictivos de vigilancia y control poblacional por parte de las fuerzas de seguridad.
Camacho expuso sobre el ciclo extractivo y de procesamiento de la inteligencia artificial (IA). Detalló cómo los acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales restringen la capacidad de los Estados del Sur Global para exigir la transparencia en el uso de algoritmos y en los procesos de consulta previa a comunidades vulneradas. “Vemos cómo se flexibilizan normas ambientales y de consentimiento de datos a cambio de promesas de infraestructura, excluyendo a la sociedad civil de los marcos de gobernanza internacional”, afirmó.
Por su parte, Palummo repasó las líneas de trabajo del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos frente a la emergencia climática y la expansión tecnológica. Detalló el rol de la Relatoría DESCA en la delimitación de un plan de trabajo alrededor de la agenda “Empresas y Derechos Humanos”. Finalmente, alertó sobre la futura proliferación de conflictos socioambientales asociados al uso intensivo de agua, consumo energético y desplazamiento de comunidades por la instalación de megaestructuras de procesamiento de datos.
La actividad concluyó con un intercambio de preguntas y reflexiones reafirmando el compromiso de los centros académicos y organizaciones participantes en profundizar la investigación y el debate sobre soberanía digital y garantías constitucionales.