La empresa en juicio: un debate argentino - peruano en torno a problemas comunes de imputación y juzgamiento en el ámbito del Derecho Penal Económico
El pasado 28 de agosto, en el Aula 365 de Posgrado, se llevó a cabo la actividad “La empresa en juicio: un debate argentino - peruano en torno a problemas comunes de imputación y juzgamiento en el ámbito del Derecho Penal Económico”, organizado por el proyecto DeCyT DCT2422: “Herramientas dogmáticas y digitales para la implementación del nuevo C.P.P.F”. El encuentro contó con la moderación de John A. Carlin Sánchez. El panel de expositores reunió a especialistas de ambos países. Raúl Pariona Arana (UNMSM/PUCP) participó de manera virtual con la ponencia “Problemas dogmáticos y político-criminales del delito de lavado de activos”. A continuación, Ronny Santillán Rodríguez (UNMSM) presentó “Responsabilidad penal de las personas jurídicas y consecuencias accesorias: Análisis de la primera sentencia a una persona jurídica en el sistema penal peruano”. Por su parte, Nicole Díaz Coronel (UNMSM) expuso “Reconfiguraciones normativas del delito de organización criminal. Comparativa tipológica entre los sistemas penales peruano y argentino”, mientras que Alexis Ramírez Cosme (UNMSM) abordó “Aplicación del principio de confianza en casos de lavado de activos cometidos en estructuras familiares”. Finalmente, Camila Cagliero presentó “Reformas en materia de lavado de activos. Los procesos de evaluación del GAFI y el sistema sancionador encubierto”.
Durante la apertura, John A. Carlin Sánchez se refirió al impacto de la legislación peruana en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y dio la palabra a Sebastián Martínez, quien destacó las particularidades y novedades del evento antes de dar inicio a las exposiciones.
La primera en intervenir fue Camila Cagliero, quien trató la temática del lavado de activos, subrayando que se había convertido en el eje central de la jornada. En su exposición analizó el fenómeno dentro del ecosistema cripto y explicó los alcances de la sanción de la Ley 27.739, junto con el trabajo del GAFI en la evaluación de la Argentina en esta materia. Señaló que el país había recibido la aprobación de la evaluación y evitado ingresar en la “lista gris”, aunque con recomendaciones específicas para fortalecer la aplicación de normas en sectores no financieros. Entre estas recomendaciones, mencionó la necesidad de ampliar el alcance de las investigaciones sobre bienes raíces y otras actividades vulnerables.
Camila Cagliero explicó que la normativa reciente incorporó la consideración de los activos virtuales como objetos de punibilidad, más allá de los bienes tradicionales. Señaló que el objetivo central es evitar que estos activos, en particular aquellos vinculados al sistema cripto, se utilicen para el incremento patrimonial ilícito, trasladando fondos hacia la economía legal. Al respecto, recordó que las criptomonedas surgieron como una alternativa frente a la crisis financiera global de 2008, constituyendo un sistema paralelo a los mecanismos financieros tradicionales. Describió su funcionamiento a partir de la tecnología blockchain, a la que comparó con un libro contable digital, aunque subrayó su rasgo distintivo: el anonimato. “Uno no figura con nombre y apellido, sino con direcciones criptográficas”, explicó. Estas direcciones son públicas, pero se presentan en forma numérica, lo que otorga a las transacciones un cierto grado de privacidad. De esta manera, su exposición puso de relieve los mecanismos de lavado de activos asociados a los activos virtuales y la necesidad de respuestas adecuadas desde el proceso penal.
Hacia el final, Alexis Ramírez Cosme desarrolló la aplicación del principio de confianza en los casos de lavado de activos cometidos en el ámbito familiar. Su ponencia se centró en la problemática peruana, analizando los alcances de la imputación objetiva respecto de los familiares involucrados en operaciones de blanqueo. Mencionó que esta cuestión había sido tratada en diversas resoluciones de la Corte Suprema del Perú, particularmente en el ámbito matrimonial, donde los vínculos de cercanía plantean desafíos específicos para la determinación de la responsabilidad penal.