El derecho humano al cuidado. Definición, estándares y alcance en base a la Opinión Consultiva N° 31 de la Corte IDH
El viernes 8 de agosto, en el Salón Verde, tuvo lugar la actividad “El derecho humano al cuidado. Definición, estándares y alcance en base a la Opinión Consultiva N° 31 de la Corte IDH”. La jornada contó con las exposiciones de Verónica Gómez, jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y de Laura Pautassi, investigadora de la UBA y el CONICET. El evento fue organizado por el CDH, CIEP, CEEP, PGS y el Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas (DSPP).
La apertura estuvo a cargo de Laura Clérico, directora del Programa “Género y Derecho”, investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires, quien destacó el carácter histórico de la actividad y presentó tres razones que sustentan esa valoración. En primer lugar, señaló que en menos de un mes la Corte Interamericana publicó una opinión consultiva que registra un proceso inusualmente participativo, con 129 presentaciones, muchas de ellas provenientes de la Facultad. En segundo lugar, resaltó la relevancia del tema abordado, ya que se trata de derechos humanos vinculados a los cuidados, lo que implica visibilizar tareas y responsabilidades que suelen quedar invisibilizadas o encasilladas en etiquetas. Finalmente, subrayó la importancia de las expositoras como protagonistas de este proceso y referentes en la materia.
La primera en tomar la palabra fue Verónica Gómez, quien repasó los avances recientes de la Corte Interamericana. Señaló que “las últimas seis semanas han sido bastante intensas” debido a la publicación de la Opinión Consultiva sobre cambio climático, sumada a otras deliberaciones prolongadas respecto de distintas consultas. Reflexionó sobre la narrativa en torno a los derechos humanos y la recepción que estos tienen en la sociedad, en particular cuando involucran a “la otredad”: colectivos que suelen ser percibidos como ajenos, tales como inmigrantes o personas imputadas. Explicó que esta percepción se origina en experiencias sociales y culturales que generan distancia e incomodidad frente a ciertos derechos. Gómez remarcó que la Opinión Consultiva N° 31 se aparta de esa lógica, al afirmar que la “otredad” no existe en materia de cuidados, ya que todas las personas atravesamos, en algún momento de la vida, etapas de dependencia como la infancia, la enfermedad o la vejez, lo que configura una experiencia común. Desde esa premisa, propuso abrir un debate sobre el futuro de la cuestión y, en particular, sobre cómo estas definiciones deben incorporarse en los procesos de toma de decisiones, de modo que se garantice el derecho al cuidado como un componente esencial de la dignidad humana.
A continuación, Laura Pautassi retomó los planteos de Gómez para subrayar las dificultades históricas que han enfrentado los movimientos feministas en el reconocimiento de derechos vinculados al cuidado. Destacó los aportes del feminismo en la tarea de sacar el cuidado del ámbito exclusivo de la familia, donde recae mayormente sobre las mujeres, para colocarlo en el centro de la agenda pública. Explicó que, tradicionalmente, mientras lo privado y doméstico quedaba a cargo de las mujeres, lo público y productivo estaba asociado al rol masculino, lo que generaba una división estructural de responsabilidades y oportunidades. A partir de esta reflexión, Pautassi abordó la necesidad de intervenciones públicas y políticas integrales que fortalezcan el derecho al cuidado como un deber social y colectivo, más allá de la esfera privada. Señaló que esta transformación requiere reconocer el valor del trabajo doméstico y de cuidados realizado por las mujeres dentro del hogar, un trabajo que todavía, para amplios sectores, no es considerado como tal. Su exposición concluyó con un llamado a repensar la organización social del cuidado desde una perspectiva de derechos humanos, igualdad de género y justicia social.
El encuentro cerró con un intercambio entre las expositoras y el público, que permitió profundizar en los estándares y alcances que la Corte IDH ha delineado, y reflexionar sobre los desafíos para su implementación efectiva en los estados de la región.