Programa Justicia y Memoria

Información General

Con motivo de cumplirse 40 años del golpe de estado cívico – militar que quebrara la institucionalidad democrática argentina, el 23 de marzo de 2016 se dictó la Resolución (D) Nº 17182/16 por la que se crea el Programa Justicia y Memoria.

El Programa Justicia y Memoria tiene por objetivo profundizar las políticas de memoria, verdad y justicia en relación al accionar del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983 en el ámbito de ésta Facultad.


Fundamentos

En el período 1976-1983 las Fuerzas Armadas y de Seguridad instauraron un régimen de terrorismo de Estado que violó en forma generalizada y sistemática los derechos humanos de la población.

El objetivo principal de esa política de represión sistemática era exterminar todo tipo de resistencia política, social, cultural y lucha popular, es decir, todo tipo de lucha contra las estructuras socio-económicas dominantes. Esta resistencia y esa lucha fueron denominadas “subversión” por los agentes represivos.

Durante el período mencionado, miles de personas fueron perseguidas, secuestradas, torturadas y desaparecidas por agentes estatales.

Una de las principales estructuras utilizadas fue la instauración de Centros Clandestinos de Detención, que funcionaron como verdaderos campos de concentración en toda la República. Estos Centros en su mayoría funcionaban en dependencias oficiales, estatales, de las fuerzas represivas, entre otros. A estos lugares fueron llevados miles de ciudadanos después de ser secuestrados ilegalmente y a la vista de toda la sociedad. Allí permanecían detenidos clandestina e ilegalmente bajo condiciones infrahumanas, siendo sometidos a torturas y vejámenes de todo tipo. En todos los casos la vida de los secuestrados ilegalmente era mantenida dentro de estos lugares de tortura y exterminio, los cuales coexistían con la realidad que continuaba más allá del muro que las separaba del exterior. En estos centros del horror pasaron sus días tanto adultos como niños. Desde allí fueron trasladados hombres y mujeres para ser asesinados y su muerte fue cubierta con el silencio de la impunidad. Algunos sobrevivieron, no sin consecuencias traumáticas que se extienden hasta el presente.

La Universidad de Buenos Aires no resultó ajena a la represión que se impuso bajo todas sus formas en los claustros universitarios: se abolió la autonomía, se prohibieron y destruyeron textos, se censuraron teorías, hubo profesores, personal nodocente y estudiantes desaparecidos.

A partir del retorno a la democracia en 1983, la Universidad de Buenos Aires en general y la Facultad de Derecho en particular, han sido una usina en la formación de profesionales con orientación en derechos humanos convirtiéndose en actores principales en la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

El proceso de elaboración de la experiencia genocida es, sin duda, fundamental a la hora de pensar la sociedad del presente y del futuro, y nuestra institución, abocada a la formación de los futuros profesionales y dirigentes, tiene una doble responsabilidad en este sentido. Por un lado, continuar y profundizar los aportes en el proceso de construcción de la memoria colectiva en el conjunto de nuestra sociedad y por el otro, impulsar y conducir este proceso en lo que respecta a nuestra institución.

En este sentido, la Resolución (CS) 2069/11, en su artículo 2, instruye a todas las Unidades Académicas, Hospitalarias, Institutos, Museos, Escuelas u otras dependencias, a que pongan a disposición de la Comisión de acervo histórico del Consejo Superior toda documentación relevante, legajos, etc., en relación con los integrantes de la Universidad de Buenos Aires desaparecidos y asesinados.

Mediante el Decreto Nº 1199/2012 del Poder Ejecutivo Nacional se dispone el relevamiento y reparación material de los legajos de los empleados de la Administración pública Nacional desaparecidos y asesinados por el accionar del Terrorismo de Estado entre 1955 y 1983, mediante la inscripción en los legajos correspondientes de una leyenda señalando que: “la verdadera causal de cese fue la desaparición forzada o asesinato como consecuencia del accionar del Terrorismo de Estado” y acompañada con el número de legajo CONADEP, aún cuando aquellos figuraran dadas de baja, procediendo de la misma manera en toda documentación oficial en las que aquellas personas físicas estuvieran mencionadas como dadas de baja.

Los distintos procesos en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia son fundamentales para la profundización de los valores democráticos y el fortalecimiento de las instituciones del Estado Nacional, entre las que se encuentra esta prestigiosa Casa de Estudios, por cuyas aulas han pasado muchas de las víctimas de la dictadura militar (estudiantes, docentes y personal nodocente) como así también quienes hoy llevan adelante los procesos de juzgamiento y de reparación en diferentes ámbitos del quehacer nacional.

En la conformación de este acervo histórico universitario resulta indispensable la reconstrucción de los legajos de los estudiantes, profesores y personal nodocente detenido desaparecido, dejando debida constancia de lo efectivamente ocurrido, en cumplimiento de los deberes de Memoria y Verdad frente a aquellas graves violaciones a los derechos humanos. Esta tarea es una deuda que aún persiste y que los revictimiza con la invisibilización de sus desapariciones.

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