Presentación del informe La violencia contra las mujeres en la justicia penal

• Notas

El 10 de abril en el SUM del Instituto Giojase presentó el informe La violencia contra las mujeres en la justicia penal, que fue realizado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal. Organizó el DCT1829 "La transverzalización del enfoque de género en la enseñanza del derecho, una mirada al currículum oculto en la Facultad de Derecho (UBA)". 

Presentaron Romina Pzellinsky y María L. Piqué y realizaron una serie de comentarios Cecilia Hopp, Julieta Di Corleto y Cecilia Incardona.

Tras unas palabras de apertura por parte de Liliana Ronconi (directora del proyecto organizador), Romina Pzellinsky contó: “Empezamos a trabajar en el informe a principios del año 2015 con un objetivo concreto que tenía que ver con evaluar un poco a partir del relevamiento de varias causas que ingresan al sistema de la administración de justicia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires en el fuero penal en las causas de violencia de género cuál era la respuesta que se daba en este tipo de casos”. Y explicó que “el estudio está estructurado en torno al análisis de la causas y el objetivo que teníamos era evaluar el tratamiento que reciben las causas de violencia en las relaciones de pareja que se ingresan al sistema de justicia a través de las denuncias en la Oficina de violencia doméstica. Para ello hicimos una selección de catorce fiscalías que estuvieron de turno con la Oficina durante el primer semestre del año 2015”.

En cuanto al objetivo concreto del informe, especificó que “era que cada fiscalía nos informe cuántas causas de violencia habían recibido durante el turno”. Trabajaron con nueve fiscalías de instrucción, tres fiscalías correccionales y dos fiscalías descentralizadas. Puntualizó: “El universo que llegamos a relevar es de 158 causas que ingresaron al sistema judicial a través de denuncias en la Oficina de violencia doméstica. El período de análisis fue desde el primer semestre del año 2015 hasta mediados del año 2017”, y agregó que “evaluamos el avance de las causas, los tipos de hechos que se denuncian, los delitos, el nivel de riesgo evaluado, la violencia y un apartado sobre la investigación en el proceso penal”.

María L. Piqué, por su parte, resaltó que “el informe es muy relevante si se tiene en cuenta que una de las grandes deudas de la Justicia es la producción de estadísticas. Todavía tenemos mucha oscuridad respecto de cuántas causas tramitan”. Asimismo, manifestó: “Nos parecía importante ver cuál era el índice de intervención de fiscales y de jueces más allá de que no hay diferencias cualitativas que investigan uno y otro en los resultados”. Y señaló que “en todas las causas la persona imputada se enteró de la existencia de la causa pero lo que notamos es que de las noventa causas donde se citó al imputado solo se concretaron sesenta y cinco”. Aunque hubo varias causas en donde ni siquiera se lo citó al imputado y casos en donde sí se lo citó pero como no asistió, se archivó la causa.

Con relación a la convocatoria a la víctima, detalló: “Vemos que en la mayoría de los casos (72%) sí se la citó y en un 38% no se las citó. Esta siempre es una cuestión difícil porque por un lado los estándares internacionales nos hablan de la obligación de no revictimizar, por ende, citar la menor cantidad posible a la víctima. Es difícil encontrar el punto justo”.

A continuación, Julieta Di Corleto puso de manifiesto la necesidad de que los programas de estudio de Derecho Penal y otras materias empezaran a incorporar este tipo de información, como el informe presentado, más que una lista de bibliografía con artículos de dogmática. “Mi sugerencia es que incluyan los informes que está generando la Dirección de políticas de género de la Procuración General, la Defensoría de la Nación y la UFEM que son tres organizaciones con una fuerte incidencia y capacidad de trabajo y de recolección de información y además con un bagaje teórico muy contundente que hace que cuando tenemos la información podamos entender cuáles son los nudos problemáticos”, remarcó y reflexionó: “Lo que requiere el trabajo de enseñar con mirada de género es tener la capacidad de moverse por distintas disciplinas. Es poder incorporar textos que hagan la historia y que marquen la evolución de ciertos entendimientos de cómo ha sido comprendida la violencia y de cómo la comprendemos hoy, que también nos brinde una mirada antropológica y que nos ofrezcan datos para poder analizar cómo las leyes que después vamos a querer aplicar puedan entender cómo van a funcionar cuando entren en acción”.

A su turno, Cecilia Incardona aseveró que “la historia de la conquista de derechos de las mujeres claramente no encontró correlato en la transformación de la vida de todos los días de esas mujeres y lo que hoy brinda el sistema democrático frente a la violación de un derecho es el reclamo judicial”, y expresó que “lo importante es ver qué respuesta reciben los casos que sí llegan a la Justicia frente al reclamo. Este informe es claramente una fuente inestimable para evaluar cuál es esa respuesta judicial”.

También detalló que “no se trata de una cuestión de cambio de código o sistema procesal sino de la organización judicial en la que estamos todos involucrados, que atienda realmente a la conformación delos tribunales y también de las fiscalías, que se sincere y que actúe en el modo en que se distribuye el modo de casos”.

Finalmente, Cecilia Hopp indicó que “esta investigación sirve como un punto de partida y el momento en el que empieza esta investigación es muy interesante porque es un poco antes de la primera marcha Ni una Menos”. Enfatizó que “tener perspectiva de género también implica entender que la movilización social que se generó a partir de Ni una Menos da otra visibilidad al fenómeno y recontextualiza los esfuerzos institucionales que ya estaban en el sistema judicial”. Y concluyó que “la investigación da cuenta de que las mujeres que van a denunciar salen de esa denuncia peor que antes porque sabemos que hay revictimización, no se investiga adecuadamente, no hay protección por esto de que las mujeres tienen que volver a denunciar y sabemos que cuando hay una denuncia y el denunciado se entera puede haber un escalamiento de la violencia”.