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Año XIX - Edición 338 11 de junio de 2020

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Marcas de la pandemia: el derecho a la educación afectado

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El pasado 20 de mayo tuvo lugar la conferencia  “Marcas de la pandemia: el derecho a la educación afectado”, a cargo de Guillermo Ramón Ruiz (profesor titular regular de la UBA e investigador del CONICET). Organizó el PICT 2015-1527 “El derecho a la educación: la eficacia de las políticas educativas en la construcción de la ciudadanía”.

Tras una breve introducción por parte de Luciana Scotti, vicedirectora del Instituto Gioja, Ruiz comenzó diciendo: “Cuando hablamos de escolarización educación formal hacemos referencia a una forma de educación que es la que se institucionalizó a lo largo del siglo XIX y principalmente en el siglo XX a la luz de la conformación de los estados nacionales modernos (...), y que suele estar asociada al derecho a la educación”.

Asimismo, sostuvo que “aplicar al análisis de la educación como objeto de derecho el principio de igualdad resulta una tarea intelectual muy útil en esta coyuntura en particular porque cabría preguntarse a la luz del panorama generado en marzo de este año en todo el mundo en el cual se han cerrado instituciones y sistemas escolares en qué medida se vio afectada la igualdad educativa”.

Como otro aspecto importante en la conceptualización del contenido al derecho a la educación, planteó el significado de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. “Esto nos permite evaluar el desarrollo humano de cada estudiante y cómo estos aprendizajes favorecen el desarrollo social de las personas en cada contexto histórico particular”, indicó.

Por otro lado, reflexionó que “no es suficiente pensar al derecho a la educación a partir de los estándares internacionales y de los contenidos básicos para regular los derechos humanos, ni tampoco alcanza con analizar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados en relación con este derecho hacia sus habitantes, o con ver las estadísticas educativas de cobertura”. Y puntualizó: “Se requiere identificar las implicancias formativas que cada sociedad tiene en el ejercicio de este derecho para lo cual el principio de igualdad, reconocimiento y redistribución, así como también el principio de equidad, podrán proveer indicadores válidos para medir el ejercicio al derecho a la educación”.

Con relación a la actualidad, expuso que “lo más evidente es el cierre de los sistemas escolares, que aparece como un recurso no farmacéutico adoptado por casi todos los países y se basa en la creencia que de esta forma se reduciría el contacto entre las personas y se interrumpiría así la transmisión del virus. Se trata de una situación crítica que no tiene precedentes de alcance global. Es la primera vez que ocurre desde que la obligatoriedad escolar se dispuso en el siglo XIX”. Y explicó que en la separación del espacio material y la estructura comunicativa, se pueden encontrar distintas respuestas. “Hay algunos que se alegran de esta situación y creen que esto supone un cambio en la escolarización, una ruptura con la didáctica clásica, mientras que otros están en una postura completamente contraria y advierten que esto podría significar el fin de la educación pública o la escolarización masiva”, analizó y expresó: “Lo que nosotros visualizamos es cómo la enseñanza se separa de la copresencia en el aula y en una institución educativa y cómo las casas pasan a transformarse en espacios de trabajo escolar, ya sea que estemos en el nivel inicial o en la universidad”.

Recordó, además, que “a partir del cuatro de marzo y las dos semanas siguientes, casi el 90% de la población infantil ha sido afectada por el cierre escolar. Sin duda, es uno de los mecanismos más poderosos de intervención no farmacéutica y en el cual han coincidido las autoridades de todos los países en poco tiempo”.

Con este panorama, los gobiernos han convocado a todas las instituciones de todos los niveles educativos a continuar los estudios con las diferencias que tenían en el mes de marzo el hemisferio norte y el hemisferio sur. “Lo que se evidencia son muchas desigualdades de diferentes tipos: desigualdades en el acceso y desigualdades en las posibilidades que tienen los hogares y las familias de hacer un acompañamiento pedagógico de sus hijos. En muchas casas no tienen conexión y en muchos países el acceso a las computadoras acontece solamente en las instituciones educativas”, especificó.

Sobre la virtualización de las clases presenciales dispuestas por los gobiernos y autoridades, aseveró que “tanto por su carácter masivo y compulsivo, como por la forma de comunicación y trabajo con los estudiantes, encontró diversos problemas técnicos y, a su vez, generó desafíos para rediseñar propuestas didácticas de los docentes y generó desafíos para pensar el rol de los estudiantes y de los padres en los niveles inferiores”. En este sentido, subrayó que “la presencialidad no puede ser sustituida por programas de educación a distancia y tampoco debería ser ese el propósito de la educación a distancia. Esta decisión no se eligió. En marzo todos, docentes y estudiantes, tuvimos que pasar a enseñar y aprender en un contexto de educación a distancia a través de plataformas digitales”.

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