Los derechos colectivos de los pueblos indígenas

• Notas

El 30 de noviembre se desarrolló la actividad "Los derechos colectivos de los pueblos indígenas", organizada por el curso del CPO "Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas", a cargo de la profesora Sandra Ceballos.

Participaron Tarcila Rivera Zea, Saúl Vicente Vázquez, Otilia Lux de Coti, Juvenal Arrieta y Jorge Nawel.

Tras la presentación de la profesora Sandra Ceballos, Juvenal Arrieta comentó que en Colombia si bien se dieron avances muy importantes en materia constitucional existen temas pendientes que están relacionados particularmente con la política fiscal. “Ya existen territorios indígenas certificados por una norma de alcance constitucional que le permite a los territorios indígenas certificados administrar de manera directa los asuntos fiscales que tienen que ver con los recursos que van girados a la cobertura de educación, salud, programas de restaurantes escolar de la infancia indígena y a otros sistemas de investigación. Entonces, como los pueblos indígenas somos recientemente jóvenes en la administración de los recursos y, sobre todo, jóvenes en el acceso a estos derechos de administración, esto también tiene una implicación interna: rompe o genera una relación conflictiva entre las mismas estructuras de poder al interior de las comunidades y las organizaciones indígenas”, indicó.

Por lo anterior, expresó que en ese momento se están analizando las virtudes y dificultades que ha traído el constitucionalismo indígena en Colombia que consiste en cinco sistemas de reconocimiento y afirmación de los pueblos indígenas. “Solo tenemos 27 años de vida jurídica en el país. Recordemos que antes de 1991 los pueblos indígenas en Colombia eran considerados salvajes, inimputables, que no eran capaces de llevar adelante sus propios destinos. Luego del reconocimiento constitucional, con estos cinco sistemas de reconocimiento en el constitucionalismo indígena se han ido generando una serie de fortalecimientos del ejercicio de autonomías de los pueblos indígenas, pero también de un gran desafío”, afirmó. Y añadió que “hay sectores y grupos indígenas que no están de acuerdo en administrar recursos o los fondos del estado porque éstos lesionan el ejercicio autonómico y en la mayoría de los indígenas no está la disposición de administrar los recursos porque es una gran contradicción pelear para conquistar la autonomía y no administrar los asuntos fiscales que por derecho corresponden a los pueblos indígenas”.

En tanto, Tarcila Rivera Zea reflexionó sobre los derechos colectivos desde las mujeres indígenas. “En los últimos cuarenta años nos ha costado entender y luego después hacerlo entender en el propio movimiento, cuando empezamos a reivindicar los derechos como mujeres indígenas. Fíjense ustedes la crítica desde el movimiento indígena de pensar que nosotros porque reivindicábamos los derechos individuales como género íbamos a dividir el movimiento costó muchísimo”, remarcó. En ese sentido, indicó que también se le presentaron dificultades al momento de discutir con mujeres no indígenas los movimientos feministas, y recordó la Conferencia de Beijing en 1995. “Ahí también éramos muy criticadas porque decían que no reivindicábamos género. Por ambas partes las críticas o cuestionamientos han servido para que hoy después de tantos años, casi treinta, las mujeres indígenas de las Américas y del mundo en general, hablemos de la complementariedad entre los derechos colectivos y los derechos individuales como mujeres indígenas”.

Seguidamente, explicó que “durante varios talleres principalmente las mujeres de las Américas nos sentamos a analizar en qué medida el reivindicar los derechos como mujeres anulaban los derechos colectivos. Entonces la primera conclusión después de tantas reflexiones como mujeres indígenas fue que el primer derecho al que deberíamos defender como indígenas son los derechos territoriales y del acceso a los recursos naturales. En ese sentido, estamos igual como parte del movimiento”. Y agregó que “el segundo derecho concreto, a no ser discriminadas por no hablar la lengua oficial, por usar trajes tradicionales o por pensar diferente. Todo eso que tiene que ver más con los derechos culturales de las culturas específicas también pasaron a ser parte de los derechos colectivos como mujeres. Cuando entramos a analizar los derechos individuales como mujeres empezamos a mirar el tema de violencia que es algo importante de entender”, puntualizó.

Por su parte, Saúl Vicente Vázquez sostuvo que “al abordar la doctrina del descubrimiento encontré que la doctrina impulsada hace 600 años continúa ahora bajo nuevos mecanismos. Ahora las cruzadas de antes la llevan a cabo las grandes empresas multinacionales, la fe cristiana se convirtió en concepto desarrollista, y en nombre del desarrollo, se despojan a los pueblos indígenas de su patrimonio cultural, sus tierras, territorios, recursos y bienes naturales”. En este contexto, remarcó que “todo este proceso de gran industrialización ha generado diversas crisis que enfrentamos como humanidad, ligadas al modelo capitalista, al extractivismo, neocolonial y ahora neoliberal que hoy domina la mayor parte de las sociedades en todo el planeta”.

Sin embargo, destacó que “a partir de los procesos históricos de resistencia que tuvieron nuestros pueblos aún se mantienen en gran parte de su patrimonio, nuestra herencia cultural, nuestras cosmovisiones o místicas, la relación especial y espiritual con la madre tierra, se mantiene la mayor diversidad gracias a la protección de sus bienes naturales en los territorios nuestros pueblos, estén reconocidos o no”. Y sumó que “donde aún habitan nuestros pueblos, conocimientos ancestrales en distintos ámbitos como la alimentación, la salud, la medicina tradicional, la agroecología, la protección medio ambiente y nuestro ecosistema, aunque están en riesgo de perderse todos estos elementos, estos constituyen la posibilidad de solucionar la crisis que ha generado este modelo de vida que cada día nos lleva a la extinción”.

En ese contexto, planteó que otra fortaleza de los pueblos indígenas en América Latina y en el mundo está vinculada a los instrumentos internacionales. No obstante, aseveró: “Además existen otras formas que ha logrado la lucha de nuestros hermanos y hermanas indígenas, que ha logrado espacios de participación y representación como el Foro Permanente de Naciones Unidas. (...) Estos elementos nos permiten fortalecer procesos organizativos que han logrado visibilizar las luchas de nuestros pueblos por sus derechos colectivos y la protección de sus territorios para enfrentar las violaciones de los derechos humanos”.

A su turno, Otilia Lux de Coti señaló que“la colonialidad basada en las distintas formas de violencias del patriarcado, del racismo y los despojos de la tierra y el territorio de los pueblos indígenas y, sobre todo, con la creación de las repúblicas a lo largo de América Latina se ha reproducido y se sigue reproduciendo como lo hemos sabido y así como lo estamos viendo actualmente”. En ese sentido, manifestó su preocupación por los derechos colectivos aun teniendo el reconocimiento de los Estados en las legislaciones nacionales, en las constituciones de donde existe el reconocimiento de derechos del pueblo indígena.

A continuación, se refirió a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico que se realizó en Guatemala en el año 1994: “Fue un trabajo bastante fuerte, muy arduo, pero bastante objetivo. Quisiera destacar un tanto el rol de las víctimas, las mujeres y los pueblos indígenas, en este esclarecimiento, de la verdad y, sobre todo, la inclusión que se hizo dentro de este informe, los principales aportes que hicimos realmente para la construcción de la paz”.

Tras una breve exposición sobre el trabajo de la misma, remarcó que “uno de los hallazgos más profundos de las violaciones a los derechos humanos fueron las ejecuciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas degradantes, todo el mecanismo represivo del Estado, Ejército de Guatemala, fue realmente devastador. Los tratos inhumanos, la violencia desalmada, las cárceles y cementerios clandestinos”. Y añadió que “en ese terrorismo de Estado –alrededor de los 36 años–  lo que predominó fue la Doctrina de Seguridad Nacional instaurada e instalada y practicada por los norteamericanos a lo largo de América Latina. Fue súper eficiente para ellos para realmente ir caminando prácticamente con el exterminio de los pueblos indígenas”.

Finalmente, señaló que “los derechos colectivos de los pueblos indígenas en los conflictos armados realmente son anulados en su totalidad. No hay derecho ninguno, cuando se quería actuar siempre se le tenía que pedir autorización al Ejército, no había otra autoridad más que el Ejército-Estado”.

Por último, Jorge Nawel hizo referencia alenorme divorcio entre el derecho reconocido y el derecho aplicado. “Así como Argentina es un país de avanzada en cuanto a reconocimiento de derechos es uno de los países que está a la cola al momento de aplicarlo y eso tiene una consecuencia seria y grave para la realidad de casi 40 naciones indígenas que hay en Argentina”, sostuvo y reflexionó que “no es un problema de ideología ni de partidos políticos, es una deuda que tiene toda la dirigencia política desde la dictadura de la década del setenta en adelante, ha ido acumulando toda una serie de deudas a pesar de que hay un conocimiento muy claro de que es necesario abordarlo, plantearlo y ver cómo llamamos la atención de un Estado que no termina de entender que Argentina está compuesto por más de 40 naciones indígenas”.

En esa misma línea argumental, planteó que no hay duda de que el conflicto es territorial, político y cultural. “No lo ha resuelto ningún gobierno, y hablo de los gobiernos nacionales porque son los que primero tienen el compromiso ante todos estos pactos internacionales que han suscripto, que han firmado y hablo también de los gobiernos provinciales”, expresó. “Cuando logramos la reforma de la Constitución en Neuquén y logramos derechos fundamentales, como el reconocimiento de la preexistencia del pueblo mapuche, el Estado asumía que antes de ser creado el Estado argentino o los Estados provinciales, existía un pueblo, una cultura, una cosmovisión. Ahora en la misma Constitución también se reconoce la obligación que tiene el Estado de transferir la tierra en calidad de propiedad comunitaria, una educación intercultural, ser parte del uso de los recursos naturales, la necesidad de tierra apta y suficiente para el desarrollo humano. Nada de eso se aplica”, remarcó.

Finalmente, afirmó que hace falta la concientización del pueblo mapuche, pero sobre todo la compresión y el conocimiento de la sociedad no mapuche: “Porque transformar un Estado que tiene 200 años no es una cosa sencilla. Tenemos mucho para hacer. Obviamente un Estado no se transforma solamente con la voluntad de los pueblos indígenas, hace falta una sociedad que sea consciente de este marco de relaciones injustas, de este marco de una política discriminatoria y racista que se aplica desde el Estado para tener posibilidad realmente de lograr esa transformación”.