El derecho a la vivienda y las políticas habitacionales del Estado mexicano (2000-2017)
Verónica Carmona Barrenechea y Alicia Ziccardi
En el SUM del Instituto Gioja, el pasado 6 de abril se desarrolló la charla “El derecho a la vivienda y las políticas habitacionales del Estado mexicano (2000-2017)”, organizada por el Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales Políticas Públicas. En esta ocasión, participó Alicia Ziccardi (investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales Universidad Nacional Autónoma de México).
La oradora invitadapresentó un trabajo que fue publicado en un libro en 2015 que consistió en un análisis de los datos estadísticos, políticas enunciadas, visiones normativas y las percepciones que tiene la ciudadanía, usuaria de esas viviendas que son financiadas por el aparato gubernamental.
En México, el derecho a la vivienda está consagrado en la Constitución de 1917, heredera de la revolución. Allí ya aparece la obligación patronal de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas cuando las fábricas cuenten con más de cien trabajadores. Este artículo constituye un rasgo identitario, progresista y de vanguardia de la legislación mexicana en todo América Latina. “Este compromiso patronal se mantiene hasta el día de hoy. Los trabajadores asalariados tienen a su favor un ahorro que es el cinco por ciento de su salario que le tiene que depositar el patrón y esto forma el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda”, explicó.
En el 2000, con la llegada del Partido de Acción Nacional al poder, Ziccardi planteó que hubo un cambio: “La política de vivienda se reestructuró en favor de criterios financieros que de alguna manera representaban los intereses empresariales”. Con esa finalidad, se crea la Comisión Nacional de la Vivienda.
Asimismo, destacó que el concepto de habitabilidad es fundamental al momento de diseñar políticas de viviendas. Esto implica tener en cuenta la perspectiva físico-constructiva, la calidad de los materiales, la sustentabilidad ambiental, las características sociales y culturales del entorno. En consecuencia, el derecho a la vivienda subraya la necesidad de entenderlo en relación con otros derechos, enfatiza su interdependencia con otros derechos. También, enfatizó que “existen grandes inequidades regionales. Para ahorrarse el proyecto y el diseño, lo que hacen los desarrolladores es sembrar el mismo prototipo de vivienda en el norte, en el sur o en el centro, donde las características climáticas son totalmente diferentes”.
En relación con los resultados de las encuestas realizadas a la ciudadanía, las conclusiones elaboradas distan de las hipótesis enunciadas por los investigadores. Al preguntarles sobre cómo debería ser una buena vivienda en términos de calidad de vida, la mayoría priorizó que se ubicara en una zona segura, que tuviera relación con el tamaño de la familia y que los espacios estuviesen limpios. Ante la consulta por qué servicios son relevantes: “Lo más importante para las familias es la educación, son las escuelas, la seguridad pasa a segundo plano”, aseguró Ziccardi. Finalmente, concluyó: “La habitabilidad se define por el entorno en el que está localizada una vivienda. Recién entonces se podrá hacer efectivo del derecho a la vivienda”.
“(…).Para ahorrarse el proyecto y el diseño, lo que hacen los desarrolladores es sembrar el mismo prototipo de vivienda en el norte, en el sur o en el centro, donde las características climáticas son totalmente diferentes”, enfatizó Alicia Ziccardi.