Discursos de odio y libertad de expresión
Jorge O. Bercholc, Andrés Gil Domínguez, Larisa Kejval y Sebastián Sancari
El pasado 26 de septiembre, en el Salón Azul, se realizó la jornada “Discursos de odio y libertad de expresión”, organizada por el Observatorio TIC, Estado y Gestión Pública, la cátedra Bercholc de Teoría del Estado y el seminario de investigación “TIC, innovación tecnológica y sus efectos en el Sistema Político Institucional”. La presentación estuvo a cargo del profesor Jorge O. Bercholc y se refirió a las características interdisciplinarias del tema. Afirmó que reaparecen temas con antiguos precedentes pero que parecen generar nuevos desafíos a los derechos consagrados y a la academia, que deberá detectar las novedades que presentan viejos-nuevos conflictos y su relación con el desarrollo de las TIC.
En el primer panel, el profesor Andrés Gil Domínguez explicó: “Siempre nos enfrentamos en el mundo del derecho con viejos derechos que llaman a nuevos contenidos. Hay un cambio fundamental actualmente en la estructura tecnológica que genera la comunicación. No es lo mismo discutir la libertad de expresión en el ámbito de la comunicación escrita o audiovisual, que en la comunicación digital, porque hoy todos estamos en condiciones de recibir y producir información, lo que nos genera nuevos desafíos”. Y agregó que “analizando el sistema de protección, el discurso de odio está sometido a una responsabilidad civil y penal ulterior. En nuestro ámbito normativo, tenemos el Código Penal, que condena con prisión de 2 a 3 años a quienes públicamente inciten a la violencia, a la vez que tenemos la Ley Antidiscriminatoria, que establece penas de 1 mes a 3 años ante la persecución civil”.
Larisa Kejval,directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación UBA, señaló: “El diagnóstico realizado sugiere que el intento de magnicidio a CFK reviste una gravedad que es imposible de ser exagerada, acontecimiento que pone en riesgo todo el sistema democrático en tanto supera una frontera que creíamos desterrada desde hace casi 40 años de democracia”. Por otro lado, manifestó que “tenemos la obligación de debatir qué significa esto para nuestro país, teniendo en cuenta que este acontecimiento no es un hecho aislado sino que forma parte del avance de la violencia política, hasta ahora dada fundamentalmente en forma discursiva. El intento de magnicidio debe ser pensado en un contexto de descomposición del debate público, ya que hace tiempo asistimos a una discursividad pública crecientemente violenta. Los límites de lo decible se han corrido a límites inimaginables”.
A su turno, Carolina Tchitchian,directora de Instituciones Políticas del CIPPEC, sostuvo: “Desde hace unos años tenemos un eje estratégico sobre la adaptación digital de la política, donde promovemos el uso responsable de la tecnología como un actor más dentro de la actividad política. Me voy a centrar en la política pero enfocada en la violencia política en razón de género en entornos virtuales, ilustrando mi exposición con datos de orden nacional e internacional, para mostrar que este fenómeno online tiene efectos tangibles en la carrera política offline de las mujeres”. Asimismo, expresó que “es más probable que las representantes mujeres sean objeto de noticias falsas y discursos de odio en ataques en redes sociales. Esta violencia hacia mujeres políticas opera con dos mecanismos: en primer lugar, refuerza estereotipos de género que potencian la idea de las mujeres como poco preparadas para la actividad política. En segundo lugar, contribuye a silenciar y autocensurar a las mujeres”.
En el segundo panel, Héctor Huici, ex secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Nación, planteó: “El análisis de esta cuestión es si estamos realmente ante un problema que merezca alguna intervención de política pública y normativa de los estados. Primero, si efectivamente existe un problema grave con los discursos de redes sociales. Personalmente, no veo que los principales referentes políticos estén propiciando el exterminio del otro o la salida de los canales democráticos mediante su discurso. Aun así, tenemos una Constitución que se ha encargado de incorporar una serie de convenciones y tratados internacionales que fijan parámetros para armonizar la tensión que existe entre el derecho a la libertad de expresión y el discurso violento”.
Martín Becerra afirmó que “en los últimos años en la Argentina discutimos mucho sobre la libertad de expresión y la violencia, estamos discutiendo las bases mismas de la democracia, pero esto ocurre en un contexto mundial de post pandemia, crisis económicas y consolidación de expresiones electorales ultraderechistas. Este contexto no parece propicio para sostener un debate sensato sobre regulaciones del entorno de intercambio masivo que es Internet, sin embargo, la estrategia de mejora demanda un nuevo enfoque con el entorno digital como espacio de conversación predominante”. Luego, remarcó que “el reciente atentado contra CFK reabrió el debate de los llamados discursos de odio, sobre los contornos del derecho y la libertad de expresión. Hay dos cuestiones no saldadas: la definición misma de discursos de odio y cómo gestionar en una sociedad democrática la existencia de estos discursos”.
Florencia Lampreabe, diputada nacional del Frente de Todos, comentó: “Estamos en un contexto de incremento y proliferación de los discursos de odio, lo que se da en Argentina y a nivel mundial. Un 26 por ciento de argentinos y argentinas acepta, habilita o promueve los discursos de odio. A su vez, los funcionarios políticos y candidatos a elecciones constituyen casi el 50 por ciento de los objetos de odio. Por otro lado, el 74 por ciento de esos enunciados están dirigidos a mujeres, por lo que también hay un sesgo de género en el discurso de odio. No es lo mismo un discurso de odio de un ciudadano común que uno emitido por un representante político, ya que tenemos una responsabilidad diferencial, por lo que creo que lo que ocurre en las redes tiene discursos habilitantes detrás. Lo que cambia completamente el escenario de la esfera pública donde se emiten estos mensajes es la intromisión de los servicios digitales”.
En tanto, Karina Banfi, diputada nacional de la Unión Cívica Radical, señaló: “La libertad de expresión no es un derecho absoluto, se lo puede limitar según establece la Convención Americana de DDHH, donde se habla del discurso de odio como una limitación a la libertad de expresión. No es un tema nuevo, sino que se lo trabaja permanentemente en la agenda debido al cambio de paradigma de privacidad que atravesamos en función de la existencia de redes sociales, ya que lo que antes se manifestaba en el ámbito privado ahora se manifiesta públicamente”. Y sumó que “me gusta hablar no tanto de discurso de odio sino del deterioro de la conversación pública. Por lo tanto, eduquémonos en mejorar la calidad del debate público y aprendamos a cuidarnos democráticamente”.