A diez años de la sentencia en el Caso Riachuelo. Perspectivas de su implementación
Eduardo Reese, Gabriela Merlinksy, Víctor Abramovich, Laura Rocha, Mario Gómez y Julieta Rossi
Eduardo Reese, Gabriela Merlinksy, Víctor Abramovich, Laura Rocha, Mario Gómez y Julieta Rossi
Eduardo Reese y Gabriela Merlinksy
Eduardo Reese y Gabriela Merlinksy
Gabriela Merlinksy y Víctor Abramovich
Gabriela Merlinksy y Víctor Abramovich
Mario Gómez
Mario Gómez
El 23 de agosto en el Salón Rojo, se realizó la actividad “A diez años de la sentencia en el caso Riachuelo. Perspectivas de su implementación”, organizada por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho (UBA) y el Instituto de Justicia y Derechos Humanos (UNLa). Se trató del primer encuentro de una serie de reuniones destinadas a reflexionar sobre el impacto y el proceso de implementación de la sentencia dictada hace diez años por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza”.
En esta oportunidad, la charla se denominó: “(In)Efectividad de la sentencia y del proceso de implementación. Efectos materiales, simbólicos, directos e indirectos en las condiciones ambientales, de salud y hábitat digno en la cuenca Matanza-Riachuelo”. Participaron en calidad de expositores: Gabriela Merlinksy (socióloga e investigadora del CONICET, especializada en cuestiones ambientales), Eduardo Reese (director del Área de Derechos económicos, sociales y culturales e inclusión social del CELS e integrante del Cuerpo Colegiado), Víctor Abramovich (Procurador Fiscal ante la Corte Suprema, docente UNLa y UBA), Laura Rocha (periodista especializada en cuestiones ambientales) y Mario Gómez (delegado por el Camino de Sirga, Villa 21-24).
Tras la presentación de Julieta Rossi, Gabriela Merlinksy manifestó su intención de “aprovechar la oportunidad para pensar el caso en clave de otros temas o de otros aspectos que deberíamos debatir a largo plazo. (…) Cuando hay un conflicto ambiental de lo que se habla es de una relación de oposición, de tensión, de intereses encontrados en torno a la gestión y apropiación de los recursos naturales”.
En relación con lo anterior, manifestó que “desde hace cien años representa la columna vertebral de lo que fue el primer proceso de industrialización del país porque reperesenta un gran polo de atracción de la población urbana que vino buscando nuevas oportunidades a vivir a Buenos Aires. Es una radiografía ampliada de la manera en que la metrópolis se expande y de la manera en que todos de algún modo aceptamos esa desigualdad entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”.
A su turno, Eduardo Reese se dedicó a analizar el rol que cumplió el cuerpo colegiado en la implementación de esta causa, integrada por FARN, Greenpeace, Asociación Ciudadanía y Derechos Humanos, Asociación de Vecinos de La Boca y el CELS. En cuanto a su finalidad, el fallo indica que debe “habilitar la participación ciudadana en el control del cumplimiento del plan de saneamiento”. Según el orador, nunca quedó claro “cuál era su rol verdadero, si tenía que medir resultados, impactos, cumplimiento de productos entregados o no”.
De este modo, al cuerpo colegiado se le presentaron dificultades para asumir la representación de los afectados. “Designar cinco instituciones, relativamente chicas, todas de Capital Federal y suponer que esas son las que van a representar todas las demandas de todos los afectados de la cuenca es claramente saber de entrada que va a ser un fracaso”. Y sumó “esta representación por denegación es una medida bastante clásica de los apartos burocráticos para alejar el conflicto del centro de donde se toman las decisiones”, planteó.
Por su parte, Víctor Abramovich enfatizó en ladinámica del proceso judicial y el funcionamiento de las instancias del proceso judicial. “Parte del trabajo que empezamos a hacer desde que nos delegaron la causa fue tratar de generar dentro del Ministerio Público Fiscal una mayor vinculación con los fiscales federales de primera instancia que siguen la causa ante los dos juzgados delegados e involucrar más a otras áreas del Ministerio Público que tienen competencias en temas ambientales”, señaló.
A continuación, destacó que un efecto positivo de la causa fue “visibilizar la problemática y a configurar el problema de la causa como un problema social que requería una respuesta del estado. Ese efecto de visibilización sirvió para fortalecer demandas sociales que durante mucho tiempo quedaron fuera del escenario público-político”. Y agregó que “la intervención de la Corte generó una nueva institucionalidad y un campo de políticas”.
Luego Laura Rocha problematizó el rol de los medios masivos de comunicación en el tratamiento de la sentencia del caso Beatriz Mendoza. “El Riachuelo siempre fue un emblema de la contaminación y de qué hacer con planes de saneamiento, pero siempre fueron anuncios. Muchas veces la complejidad del asunto, hace muy difícil abordar la temática”, aseguró.
La periodista consideró que los escasos avances que se dieron en la implementación de la sentencia tiene que ver con la falta de institucionalidad que tiene la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR): “Que sea un organismo al que los vecinos recurren, que sea un organismo al que la justicia recurre, que sea un organismo al que los gobiernos recurren. (…) Es imposible que un organismo que no tiene la institucionalidad ganada pueda encabezar una tarea como la que significa la complejidad del saneamiento del Riachuelo”.
Por último, Mario Gómez reconoció que este tipo de actividades representan una manera de visibilizar su perspectiva. “Cuando hablamos de la causa Mendoza, vamos a estar eternamente agradecidos a Beatriz por haber iniciado todo esto desde la problemática de su salud, pero resulta que nos venimos enfermando hace muchas décadas. Los habitantes de estos barrios no somos los contaminantes, somos los contaminados. Somos seres humanos, pero en la causa somos objeto”.
En cuanto al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 2008 reconoció que “tienen sesgos discriminatorios, lo sufrimos en una primera etapa cuando se relocalizó la primera tanda de familias por una cuestión de salud. Generó conflictos porque unilateralmente cuando se relocalizó a esas familias no se hizo un trabajo que tiene que ver con sociabilizar con gente de otros asentamientos y hubo choques y esos choques produjeron muertes también”.