Los protagonistas del juicio a las Juntas recibieron el título de Doctor Honoris Causa de la UBA
El 3 de octubre se realizó en el Salón de Actos la ceremonia de entrega del título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires a los protagonistas del histórico Juicio a las Juntas Militares: León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz, Andrés J. D’Alessio (+), Julio César Strassera (+) y Jorge Torlasco (+), en reconocimiento a su papel fundamental en el juicio que marcó un antes y un después en la historia democrática de la Argentina. La laudatio académica estuvo a cargo de la profesora emérita y ex decana de la Facultad Mónica Pinto. Posteriormente, se realizó un conversatorio entre los jueces y el decano Leandro Vergara. La actividad contó con la participación del rector de la UBA, Ricardo Gelpi.
Para comenzar, tomó la palabra el decano Leandro Vergara, quien destacó la relevancia y trascendencia del evento. Señaló que el doctorado Honoris Causa es “una de las más altas distinciones que otorga la UBA, y representa sus valores fundamentales”. Recordó también a algunas de las personalidades que previamente habían recibido este reconocimiento, entre ellos Guido Alpa, Owen Fizz, Mario Bunge y Robert Alexy, con el propósito de subrayar la tradición académica que comparten los homenajeados. El decano remarcó que el título suele otorgarse por la trayectoria y los valores de quienes lo reciben, pero en este caso particular se distinguía a los protagonistas “del evento jurídico más importante de nuestra historia”. Agregó que la relevancia del acto trascendía lo estrictamente jurídico, ya que se vinculaba directamente “con la vuelta de la democracia y los valores institucionales”.
A continuación, tomó la palabra la profesora emérita Mónica Pinto, quien celebró la presencia de los homenajeados y de sus familiares, formando, según expresó, “una comunidad académica y humana reunida para conmemorar el juzgamiento de las tres juntas militares que ocuparon el país desde el 24 de marzo de 1976, incluyendo a tres presidentes de facto”. Pinto explicó que el reconocimiento se debía a la trascendencia de la labor judicial de los protagonistas, determinante para la historia argentina y el devenir democrático de la sociedad. Señaló que “como artesanos, ellos tallaron la democracia argentina con este ADN: el de una sociedad de derechos y de responsabilidad por los actos de gobierno”. Asimismo, reflexionó sobre el papel de la Universidad, que no debe pensarse únicamente como un espacio de producción de conocimiento o de rigor académico, sino también como “un centro de reflexión, un ámbito donde se construyen concepciones del mundo, un lugar desde el cual se debe comprender lo que pasa en la sociedad y ayudar a todos los que integran la comunidad a participar en ella”. Resaltó que el título de Doctor Honoris Causa es el mayor honor concedido a quienes no ejercen la docencia en la UBA, e implica no sólo un reconocimiento, sino también un compromiso con valores como “el respeto a la autonomía, el cogobierno, la gratuidad del grado, el pluralismo, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos”. Estos principios, subrayó, están alineados con los ideales de la Reforma Universitaria de 1918, nacida en estas tierras y difundida al mundo. También recordó la larga relación entre la Facultad de Derecho y los juicios por delitos de lesa humanidad, mencionando que la institución ya había convocado conmemoraciones similares en 2005, 2010 y 2015.
Destacó la figura de Andrés J. D’Alessio, uno de los camaristas del Juicio a las Juntas y ex decano de la Facultad, a quien definió como “un jurista enorme”, y recordó aquel período como “un momento luminoso para la justicia”. En su intervención aclaró que el encuentro no se realizaba por una cuestión corporativa, sino como un acto de memoria y de reconocimiento del valor histórico y ético del juicio y de su sentencia. En este sentido, citó a Jacques Le Goff, incluido en la obra Los abusos de la memoria de Tzvetan Todorov, afirmando: “La memoria busca salvar al pasado para servir al presente y al futuro; hagamos que la memoria colectiva sirva a la liberación y no al sometimiento de las sociedades humanas”. Pinto remarcó que el sentido profundo del homenaje residía precisamente en la memoria, y recordó que desde 1985 la Facultad de Derecho incorporó la materia Derechos Humanos como obligatoria en su plan de estudios. Desde los años 90, explicó, los/as egresados/as de la Facultad se han formado con una mirada de derechos humanos consolidada por la evolución del derecho y la cultura democrática. Mencionó, además, la creación del Centro de Derechos Humanos en 2014 y programas como “Los estudiantes vamos a los juicios”, que fortalecen el vínculo entre la formación jurídica y la memoria colectiva.
Finalmente, reflexionó sobre el proceso educativo en los inicios de la democracia en 1983 y destacó el papel del presidente Raúl Alfonsín y de la CONADEP, a la que señaló como vanguardia en la sucesión de hechos que llevaron a los juicios y en la búsqueda de la verdad.
Sobre la fiscalía, comentó que “habló por todos nosotros”. Otro aspecto que no quiso dejar fuera de la laudatio, y en un intento por mostrar contra qué se estaba luchando en los juicios de 1985, fue la descripción de los crímenes cometidos por la dictadura militar, dados a conocer gracias al testimonio de las víctimas que pudieron sobrevivir al horror, ya que muchos de esos hechos se realizaron en el amparo de la clandestinidad, configurando el peor genocidio de nuestra historia. “Para nosotros es un honor y un placer que ustedes lo reciban y que lo disfruten”, concluyó.
Luego tomó la palabra el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, quien remarcó la importancia de repetir las cosas importantes para que no se olviden y sigan presentes. Habló del honor de tener a los protagonistas del juicio más importante de la historia argentina dentro de la Universidad. Describió luego a la UBA como una casa de altos estudios que ha sabido formar ciudadanos/as y grandes personalidades comprometidas con la democracia, la justicia y los derechos humanos. Señaló que este compromiso continúa vigente, ya que en la Universidad conviven todos los sectores sociales y políticos, aunque hoy en día, agregó, algunos/as cuestionen su propia naturaleza. Respecto al reconocimiento, destacó que sirve para hacer memoria de lo que pasó, pero también para mirar hacia el porvenir y no repetir los errores del pasado. En nombre de la Universidad, agradeció a los protagonistas. Tras sus palabras, se procedió a la entrega de los títulos de Doctor Honoris Causa.
Posteriormente, el decano Leandro Vergara dio inicio al conversatorio: “Es importante ser testigos de estas figuras, y que puedan dar testimonio de los hechos”. Agregó que la Facultad de Derecho sirve como medio para la educación, pero no sólo como espacio de estudio, sino también como lugar para la experimentación de ideas. Dividió luego el conversatorio en ejes temáticos, uno de ellos de carácter personal y testimonial, para abordar lo que sucedió alrededor del juicio, las percepciones de los protagonistas y las intervenciones y conductas tanto del gobierno como del aparato judicial. Otro eje se centró en las diferencias de visión entre los jueces sobre el juicio y sus resultados.
León Carlos Arslanian tomó la palabra y expresó su agradecimiento por la oportunidad de compartir sus vivencias y reproducir de alguna manera lo ocurrido. Comenzó refiriéndose al difícil contexto que vivía la Argentina en los primeros meses posteriores a la dictadura militar, en relación con los crímenes cometidos y la necesidad de esclarecerlos. Explicó que existían dos posiciones, la del Partido Justicialista y la del radicalismo, que mostraban la división en la sociedad. “No era cuestión sencilla elegir el camino correcto”, afirmó, y destacó el rol de Alfonsín en la causa de los derechos humanos.
Luego habló Ricardo Gil Lavedra, quien también agradeció la entrega del Honoris Causa por parte de su propia casa, señalando que el reconocimiento excede lo personal, ya que alcanza a la justicia y la democracia. Subrayó que la educación pública y gratuita es un pilar de ambas ideas y garantiza su efectivo funcionamiento. Respecto de las cuestiones planteadas por Vergara, destacó el trabajo de Alfonsín para sostener la democracia y, al mismo tiempo, buscar justicia frente a los militares que aún conservaban poder e influencia, muchos de ellos al mando de tropas. Por ello, sostuvo, Alfonsín emprendió un camino incierto y sin precedentes, con un peligro que se acrecentaba en cada paso. Añadió que la sociedad de entonces no deseaba abrir los juicios por temor a afectar la estabilidad democrática y que existía una negación de los crímenes cometidos por los militares, reforzada por medios de comunicación que pedían amnistía. Remarcó que el logro del juicio, tanto por la recolección de pruebas como por el proceso en sí, fue fruto de un enorme esfuerzo.
Luego intervino Guillermo Ledesma, quien se centró en el juicio en relación con el Código de Justicia Militar, el cual, remarcó, era el que debía aplicarse, al igual que un amplio sector de la sociedad que aún apoyaba el accionar militar, bajo la idea de que “en la guerra vale todo”.
Finalmente, habló Jorge Valerga Aráoz, quien recordó a la Facultad de Derecho como su cobijo en su trayectoria académica y profesional. Se refirió luego a la situación preelectoral de 1983, durante la vuelta a la democracia, cuando se enfrentaban las posturas de Ítalo Luder y Raúl Alfonsín: el primero defendía la ley de amnistía impuesta por los propios militares, mientras que Alfonsín proponía una democracia basada en principios éticos “que no son negociables”. En sus palabras: “No se podía tener una democracia estable si no se hacía este juicio”. Todos los expositores destacaron la labor de Julio César Strassera como fiscal.
La palabra volvió a Vergara, quien propuso nuevas preguntas para una segunda ronda de intervenciones, entre ellas: “¿Cómo se vivieron los indultos, el cierre y la reapertura de los juicios?”. Jorge Valerga Aráoz remarcó que los indultos “no fueron buenos para la sociedad” y analizando sus características y tergiversaciones.
A su turno, Guillermo Ledesma expresó que la situación fue lamentable y que llegó a pensar que terminaría erigiéndose un monumento a Videla. Sobre la Ley de Obediencia Debida, explicó que Alfonsín pretendía establecer un límite frente a los crímenes aberrantes, pero “estos fueron todos, por lo que la ley no tenía sentido”. En cuanto a los nuevos juicios, consideró que “violan muchos principios, donde se aprecia mal la prueba”.
Por su parte, Ricardo Gil Lavedra sostuvo que en los principios de la Ley de Obediencia Debida no había moralidad, aunque con el tiempo comprendió el contexto en que fue dictada, ya que Alfonsín había sufrido tres alzamientos militares que reclamaban amnistía general para los cuerpos del Ejército. Respecto a la reapertura de los juicios, expresó su acuerdo, por el cierre simbólico que representó para la sociedad.
En tanto, León Carlos Arslanian afirmó que el indulto fue amoral e inconstitucional, una medida de naturaleza política sin fundamento dogmático, y criticó duramente el accionar del presidente Menem. Sobre los nuevos juicios señaló que, más allá de las razones políticas, existen aspectos que no pueden dejar de reconocerse.
Para concluir, el decano Leandro Vergara destacó el valor del diálogo y subrayó que la institución misma invita a sostenerlo. También recordó la figura de Andrés J. D’Alessio como una personalidad prominente e influyente en la política de la Facultad.
En el marco del homenaje, la Facultad organizó también un ciclo de cine conmemorativo por el 40º aniversario del Juicio a las Juntas Militares, desarrollado los días 3, 4 y 5 de octubre. La programación incluyó la proyección de Argentina, 1985 (director: Santiago Mitre), presentada el viernes 3 a las 19 h en la Facultad de Derecho; El juicio (director: Ulises de la Orden), exhibida el sábado 4 a las 19 h en CACODELPHIA; y El Nüremberg argentino (director: Miguel Rodríguez Arias), proyectada el domingo 5 a las 19 h en el mismo espacio.