Clase pública del decano Leandro Vergara
Queridas y queridos colegas, estudiantes, no docentes, vecinas y vecinos que hoy se acercan a estas escalinatas:
Hace ocho meses estuvimos exactamente aquí. Era septiembre de 2025 y hablábamos de una ley que el Congreso estaba por sancionar y que, sin embargo, parecía colgada de un hilo. Hoy, en mayo de 2026, volvemos a este mismo lugar, no como repetición, sino como continuidad, porque entre aquella tarde y esta han pasado cosas que merecen ser pensadas en voz alta, frente a la Facultad y junto a su gente.
La Ley de Financiamiento Universitario fue sancionada. Fue luego vetada por el Poder Ejecutivo. Y entonces el Congreso de la Nación, no una facción, no una mayoría circunstancial, no un acuerdo de ocasión, sino una mayoría agravada, calificada, de mayor envergadura, esa que la Constitución reserva para los momentos en que la voluntad popular debe imponerse al rechazo del Ejecutivo, insistió. Esa insistencia no es un dato menor en la historia institucional reciente. Es un acto deliberativo de máxima intensidad. Es la representación popular -en su forma más exigente- diciendo, con todas las letras, que la universidad pública argentina debe ser sostenida.
Permítanme leer unas líneas que escribió hace pocos meses el juez Neil Gorsuch, de la Corte Suprema de los Estados Unidos (el primer juez, dicho sea de paso, que nominó Donald Trump al máximo tribunal). En un fallo reciente sostuvo: “Sí, legislar puede ser difícil y llevar tiempo. Y sí, puede resultar tentador eludir al Congreso cuando surge un problema acuciante. Pero la naturaleza deliberativa del proceso legislativo era precisamente el propósito mismo de su diseño. A través de ese proceso, la Nación puede aprovechar la sabiduría combinada de los representantes electos del pueblo, no solo la de una facción o de un hombre. [...] Como las leyes deben obtener un apoyo amplio para sobrevivir al proceso legislativo, tienden a perdurar”.
Pues bien: eso es exactamente lo que ocurrió. La Ley de Financiamiento Universitario sobrevivió al proceso legislativo. Fue insistida por la mayoría agravada que la Constitución reserva a las decisiones de mayor jerarquía. Y no debemos leer esa insistencia como la victoria de un sector ni como la derrota de un gobierno. Debemos leerla como lo que es: un mandato de política pública. Un mandato vigente, que ordena -en sentido literal- la elaboración del presupuesto del Estado argentino.
Quiero ser muy preciso, porque las palabras importan. Cuando la sociedad, a través de sus representantes, coloca a la universidad pública entre sus prioridades, no la coloca por encima de la salud, ni por encima de la seguridad, ni por encima de ningún otro derecho. Esos sectores son igual de importantes y nadie en esta Facultad pretende negarlo. Lo que el Congreso ha hecho es reconocer una jerarquía del gasto público fundada en la naturaleza misma de la educación superior: la universidad es palanca. Es condición de posibilidad. Es el suelo sobre el que se construye todo lo demás.
Sin universidad no hay desarrollo industrial sofisticado, no hay agro tecnificado, no hay innovación, no hay independencia tecnológica, no hay sistema de salud que se sostenga, no hay justicia eficiente, no hay periodismo riguroso, no hay servidores públicos formados. Si no formamos a quienes habrán de pensar y de operar todo lo demás, entonces no hay todo lo demás. La universidad no compite con la salud o con la seguridad: las hace posibles.
Se podrá argumentar que existen contraejemplos. Yo los invito -con respeto y sin ironía- a que alguien mencione, aunque sea para sí mismo, un país en el que valga la pena vivir y en el que la educación pública no haya sido una política sostenida de Estado. Y dejo a cada uno completar el ejercicio inverso: piensen en los países que viven hoy bajo dictaduras, sin democracia y sin división de poderes; piensen cómo es la educación allí. Existe un correlato profundo entre educación y desarrollo, y existe un correlato igualmente profundo entre subdesarrollo y mediocridad institucional. Cuando se debilita una universidad, no se debilita un edificio: se debilita el horizonte de un país.
Sarmiento lo entendió hace casi dos siglos. Argentina era entonces un país pobre, agrícola, primario, fragmentado. Y desde esa pobreza pensó que solo había una vía para salir del atraso escolar: educar. “Todos los problemas son problemas de educación”, escribió. No porque la educación lo resolviera todo por sí sola, sino porque sin educación nada podía siquiera empezar a resolverse. Esa intuición fundacional -pública, laica, gratuita y de calidad- atravesó las idas y vueltas de nuestra historia y constituyó, durante generaciones, la matriz de movilidad social, de democracia y de progreso que hizo posible la Argentina que aún somos.
Hoy esa matriz está bajo tensión. La ley fue sancionada, vetada y reinsistida; pero la situación material de las universidades todavía no se ha podido revertir. Los salarios no recuperaron lo perdido. Los hospitales universitarios siguen exigidos. La obra pública en infraestructura educativa no se reactivó. Las becas no recompusieron a las y los jóvenes que quedaron afuera. Quiero decirlo sin estridencia y con toda claridad: la ley vigente es un mandato de cumplimiento obligatorio. Honrarla no es una concesión política ni un favor del gobierno de turno: es una obligación constitucional. Y mientras esa obligación se va abriendo paso, porque el orden constitucional, tarde o temprano, termina por imponerse, nosotros, enseñando, seguimos investigando, seguimos atendiendo en los consultorios jurídicos gratuitos, seguimos sosteniendo los hospitales universitarios, seguimos formando a los profesionales que el país necesita. Lo dijimos en septiembre y lo repetimos hoy: aunque sea a la luz de las velas, esta facultad seguirá dando clases. Porque la universidad no es propiedad de ningún gobierno, ni feudo de ninguna corporación, no reserva de ningún sector: le pertenece a la sociedad. Y esta Facultad lo sabe: no aspira a convertirse en una burocracia cerrada sobre sí misma ni a reclamar privilegios para los suyos, sino a ser exactamente lo contrario, un espacio plural y abierto, sostenido por el trabajo de quienes la habitan. Mientras haya un docente dispuesto a enseñar y un estudiante con ganas de aprender, esta universidad estará de pie.
En esta facultad no se enseña una sola verdad. Se ejercita el derecho a disentir, a deliberar, a confrontar argumentos. Karl Popper escribió en La sociedad abierta y sus enemigos que “debemos sustituir la violencia por la discusión crítica”. Esa es, precisamente, la función que cumple una universidad pública en una democracia: ser el lugar donde el mejor argumento desplaza al peor, donde la razón se impone a la voz más alta, donde ninguna verdad se establece por decreto. Ese pluralismo, que afuera, conviene reconocerlo, escasea cada vez más, es parte indisoluble de la formación democrática que ofrecemos.
Permítanme cerrar con una imagen y con una constatación. La imagen es de Fernando Pessoa, en versos del heterónimo Ricardo Reis: “Para ser grande, sé entero. Nada tuyo exageres o excluyas. Por eso la luna brilla, porque alta vive”. La universidad pública argentina aspira a esa integridad. No a la estridencia, sino a la altura. No a la confrontación por la confrontación, sino a la elevación que permite ver más lejos. La constatación, también prestada, es de Derek Bok, a quien ya cité aquí mismo el año pasado, un jurista y académico estadounidense, una de las figuras centrales de la educación superior norteamericana del siglo XX, quien también fue decano de Harvard: si la educación les parece cara, prueben con la ignorancia. Esa frase no es una amenaza: es una descripción.
La ley está. El mandato está. Lo que falta es que la decisión democrática del Congreso, tomada con la mayoría más exigente que prevé nuestra Constitución, se traduzca, sin más demoras, en presupuesto efectivo. Y mientras eso ocurre, aquí estamos, en estas escalinatas, donde estuvimos en septiembre de 2025 y donde volveremos cada vez que haga falta. Porque cuidar a la universidad pública no es cuidar una institución entre otras: es cuidar la posibilidad misma de que la Argentina sea, otra vez, un país que valga la pena. Muchas gracias.