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Año XXV - Edición 438 14 de mayo de 2026

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Transferencia internacional de armas y derecho internacional publico: discusión de la OC-30/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

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El pasado 6 de mayo, en el Salón Carlos Nino del Instituto Gioja, tuvo lugar la actividad “Transferencia internacional de armas y derecho internacional público: discusión de la OC-30/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, organizada por el Observatorio de Derecho Internacional Humanitario. El encuentro contó con las exposiciones de Emiliano Buis, Inés Curutchet, Carla Sartori y Bautista Grandi, y fue moderado por Efrén Sifontes.

El primero en tomar la palabra fue Bautista Grandi, quien dio la bienvenida a los presentes y agradeció su participación en lo que definió como el primer conversatorio con tintes de Derecho Internacional Humanitario, una serie de encuentros que, según adelantó, continuarán desarrollándose a lo largo del año. En ese marco, explicó el origen de la actividad y destacó la colaboración entre el Observatorio y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. A partir de ese trabajo conjunto, señaló, se presentó una amicus curiae en el contexto de la solicitud realizada por México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, proceso que dio origen a la Opinión Consultiva 30/2025. Durante su intervención, Grandi realizó un análisis de la opinión consultiva, centrándose tanto en el contexto de su surgimiento a partir de la iniciativa mexicana como en las preguntas planteadas ante la Corte. En particular, abordó la cuestión de la responsabilidad de los Estados en materia de derechos humanos frente al tráfico de armas de fuego.

Luego fue el turno de Carla Sartori, quien continuó profundizando sobre las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos, especialmente en relación con la responsabilidad estatal frente a acciones vinculadas al ámbito empresarial. A lo largo de su exposición repasó distintos textos jurisprudenciales y retomó el caso de la Opinión Consultiva 30/2025 ya mencionado anteriormente. En ese marco, hizo especial hincapié en que “los estados tienen el deber de garantizar el libre interés y ejercicio de los derechos humanos”. Sin embargo, también puntualizó que los estados no pueden ser considerados responsables de todas las violaciones a los derechos humanos ocurridas dentro de su territorio, sino que resulta necesario analizar las circunstancias específicas de cada caso concreto. A partir de esa premisa desarrolló el resto de su exposición, centrándose en los alcances y límites de la responsabilidad estatal.

La próxima en tomar la palabra fue Inés Curutchet, quien señaló que uno de los trabajos centrales realizados por la Corte durante el desarrollo de la Opinión Consultiva consistió en recuperar y articular distintos antecedentes de la jurisprudencia internacional. En particular, destacó la relevancia del Tratado sobre el Comercio de Armas como uno de los instrumentos fundamentales tomados en consideración, junto con otros marcos normativos y precedentes internacionales vinculados a la regulación y control del tráfico de armas.

También se contó con la exposición de Agustín Rodriguez, quien destacó lo que definió como “el gran trabajo en conjunto entre el Centro de Derechos Humanos y el Observatorio”. A partir de allí, centró su intervención en la existencia de responsabilidades de las empresas privadas frente a vulneraciones al derecho a la vida derivadas de actividades negligentes, así como en el deber y los esfuerzos de los Estados para prevenir, controlar y frenar ese tipo de prácticas.

Seguidamente, tomó la palabra Camila Lospinoso, quien trabajó el voto concurrente del juez Ricardo Pérez Manrique. En su intervención, señaló que dicho voto se centró especialmente en la situación de las personas en condición de vulnerabilidad en el contexto del tráfico de armas, destacando este eje como uno de los puntos relevantes del análisis desarrollado.

De las palabras de clausura y las conclusiones generales se encargó Emiliano Buis, quien en primer lugar destacó la importancia de la presentación del amicus curiae, subrayando que el mismo fue elaborado por jóvenes investigadores tanto del Observatorio como del Centro de Derechos Humanos. En ese sentido, remarcó especialmente el valor de este tipo de producciones en el ámbito académico, señalando que “estamos en un contexto donde las investigaciones académicas están muy subestimadas”. A continuación, desarrolló las conclusiones del encuentro, aclarando que estas se vinculan principalmente con el posible impacto de la Opinión Consultiva en otros ámbitos jurídicos. En particular, señaló la relevancia que puede adquirir este pronunciamiento en el análisis de la transferencia internacional de armas, tema que actualmente se encuentra en proceso de creciente estudio y debate en distintos espacios del derecho internacional.