Noveno congreso de Defensa Técnica de la Niñez
Noveno congreso de Defensa Técnica de la Niñez
El pasado 24 de octubre, en el Aula Magna y en los Salones Verde y Azul, se llevó a cabo el Noveno congreso de Defensa Técnica de la Niñez, organizado por la cátedra de Derecho de Familia y Sucesiones del profesor Néstor E. Solari. Participaron como expositores/as: Néstor Solari, Andrea Pérez, María Gabriela Coloccini, Edith Puente, Norma Fernández, Jessica Larsen, Melisa Lang, Juan Seda, Mariana Villar, Nicolás Casas, Roxana Ponzio, Martín Miguel Benítez, María Daniela Cruz, María Inés Pintos, María Lorena Sieyra, Fabiana Sosa Fanoni, Gustavo Calvinho, Soledad Morales, Matilde Isabel Mounet, Sergio Benaroya, María Alejandra Galati, Darío Salomón, Mariana Arrizabalaga, Gisela Paula López, Martiniano Terragni, Deborah Dobniewski, María Emilia Lobelos, Mariano Kierszenbaum, Mabel Catalina Ríos Irala, Mónica Moon, Christian Aprosoff y Fernando Valentín.
En una nueva jornada dedicada al estudio y fortalecimiento de la figura del abogado o abogada del niño, se contó con las palabras de apertura de Néstor Solari, quien introdujo el eje central del encuentro: la necesidad de analizar, con mayor profundidad y desde cada una de las áreas competentes, las distintas problemáticas jurisdiccionales que se presentan en torno a esta figura en el país. Destacó que, si bien el rol surge de lo establecido por la Ley Nacional y por la Convención sobre los Derechos del Niño, normas que reconocen a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, la implementación concreta de ese reconocimiento se ve atravesada por las realidades normativas y operativas de cada provincia.
En ese sentido, señaló que existen legislaciones locales diversas respecto a las formas de designación de quienes representan jurídicamente a niños, niñas y adolescentes en los procesos judiciales. Esta situación, advirtió, genera un escenario heterogéneo: mientras algunas jurisdicciones han desarrollado marcos regulatorios sólidos y mecanismos institucionales específicos, en otros territorios la intervención se organiza a través de grupos de abogados dependientes del Poder Ejecutivo, sin una normativa propia que garantice plenamente su autonomía e independencia profesional. Se trata, explicó, de una asimetría que impacta directamente en la igualdad de acceso a derechos.
La disparidad también se observa, continuó, en materia jurisprudencial. Según expuso, persisten criterios disímiles sobre la admisibilidad y el alcance del reconocimiento de la representación del niño y la niña en los distintos procesos judiciales. Esto implica que, dependiendo de dónde se tramite una causa, puede variar la posibilidad de que el abogado o abogada del niño participe desde instancias tempranas o incluso sea aceptado como representante. Estas diferencias, que se reproducen a lo largo del país, complejizan el ejercicio pleno de garantías y pueden generar situaciones de vulnerabilidad según el territorio en el que se litigue, afectando la equidad procesal.
A pesar de estas dificultades, Solari hizo hincapié en que se pueden identificar avances significativos. Observó un creciente interés de los organismos locales en comprender, consolidar y jerarquizar la figura, lo cual demuestra que existe una agenda en movimiento. Sin embargo, destacó que este crecimiento también ha visibilizado un problema recurrente: el desconocimiento generalizado sobre las funciones y atribuciones del abogado o abogada del niño, tanto en instituciones estatales como en el ámbito educativo y en la comunidad en general. Muchas veces, expresó, la figura es confundida con otras, o bien no se dimensiona su rol como garante del derecho a ser oído.
En este punto, remarcó que la falta de comprensión sobre el rol incide directamente en el ejercicio de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Cuando la figura no se reconoce adecuadamente o no se incorpora desde el inicio de los procesos, advirtió, se obstaculiza su posibilidad de participación real y efectiva en las decisiones que los afectan. Por ello, insistió en la importancia de continuar generando instancias de intercambio, estudio y formación que permitan unificar criterios, fortalecer capacidades institucionales y eliminar barreras estructurales.
Finalmente, subrayó que el desafío central se encuentra en garantizar que la figura sea aplicada con coherencia, autonomía y enfoque de derechos, evitando que las diferencias normativas provinciales se traducen en desigualdad. “Es imprescindible, sintetizó, reconocer los avances logrados, pero también asumir las deudas pendientes para asegurar que cada niño, niña y adolescente del país cuente con una defensa técnica especializada que acompañe su voz en los procesos judiciales y contribuya a una justicia más humana, inclusiva y respetuosa de sus derechos”, expresó.
Con esta reflexión, dio paso al resto de la jornada, que continuó con exposiciones y debates destinados a profundizar en los retos actuales y a proyectar líneas de acción que fortalezcan de manera efectiva la institucionalización y el ejercicio pleno de la figura del abogado o abogada del niño en todo el territorio nacional.