Niños y niñas desaparecidos en regímenes dictatoriales. Diálogos sobre las experiencias en Argentina y España
Niños y niñas desaparecidos en regímenes dictatoriales. Diálogos sobre las experiencias en Argentina y España
El pasado 13 de junio, en la Sala Margarita Argüas del Instituto Gioja, se llevó a cabo la jornada “Niños y niñas desaparecidos en regímenes dictatoriales. Diálogos sobre las experiencias en Argentina y España”, un encuentro que propuso el cruce de experiencias entre ambos países en torno a las infancias desaparecidas como parte de los crímenes cometidos en contextos de terrorismo de Estado. La actividad contó con las exposiciones de Mikel Lizarraga y Carolina Villela, y los comentarios del jurista Iñaki Anitua, con la moderación de Lola Pérez Massa.
Para comenzar, Mikel Lizarraga, quien luego de unos breves agradecimientos, presentó un panorama general de una investigación en curso de la que forma parte. El proyecto se centra en el estudio de las niñas y niños desaparecidos durante la dictadura franquista, aunque con una perspectiva que excede el mero análisis histórico: el objetivo, explicó, es aportar insumos concretos para la elaboración de una ley de memoria democrática que en España, a diferencia de otros países, aún permanece pendiente o con grandes limitaciones. Lizarraga explicó que el trabajo realizado incluyó entrevistas, análisis de archivos y documentación judicial, con el fin de reconstruir los patrones sistemáticos de apropiación de menores durante el franquismo.
Como punto de partida, situó el auto del juez Baltasar Garzón de 2008, quien por entonces se declaró competente para investigar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Este auto, señaló Lizarraga, resultó un hito no solo por su contenido sino por la resistencia que generó. A pesar del intento de Garzón, el fiscal de la Audiencia Nacional y el Pleno de la Sala Penal se opusieron a su actuación. Frente a esta presión, el magistrado resolvió inhibirse en favor de los juzgados territoriales. No obstante, uno de los capítulos más significativos de ese auto y que Lizarraga retomó con énfasis, fue el que abordó específicamente los “niños perdidos del franquismo”.
Entre los años 1937 y 1950, detalló el expositor, se produjeron múltiples raptos sistemáticos de bebés de madres republicanas, encubiertos bajo una apariencia de legalidad. A estos menores se les cambiaban los apellidos y eran entregados en adopción a familias afines al régimen franquista. Este accionar, explicó Lizarraga, constituyó un mecanismo planificado de sustracción de identidad y desaparición, con el objetivo político de desarraigar a las nuevas generaciones de toda vinculación con el bando derrotado en la Guerra Civil. “Se trata de una forma específica de represión que tuvo como blanco a las infancias”, destacó.
Continuando con su exposición, Lizarraga recuperó las observaciones de Pablo de Greiff, relator de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. En 2014, De Greiff instó a España a “fortalecer los esfuerzos con miras a identificar y buscar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de desaparición”, subrayando la urgencia de crear un banco de ADN que permitiera avanzar en procesos de restitución de identidad. Ese mismo año, un informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU amplió la denuncia, afirmando que durante la dictadura franquista hubo un secuestro sistemático de hijas e hijos de personas detenidas, cuyas identidades eran alteradas para facilitar su inscripción como hijos legítimos de otras familias. El informe también se refirió a la etapa inmediatamente posterior a la Guerra Civil, en la que muchos padres republicanos habían enviado a sus hijos al exterior mediante gestiones con la Cruz Roja. Tras el conflicto, el partido falangista organizó una repatriación forzada, lo que también derivó en procesos de separación familiar y apropiaciones ilegales.
Con este marco, Lizarraga continuó su intervención profundizando en las implicancias jurídicas, políticas y sociales del caso español, haciendo hincapié en la falta de justicia, la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977 , que sigue siendo utilizada como excusa para la impunidad, y la necesidad de una ley integral de memoria democrática que contemple el derecho a la identidad de las víctimas y la reparación efectiva de los crímenes del franquismo. La siguiente en tomar la palabra fue Carolina Villela, quien orientó su exposición a establecer puentes entre las experiencias de España y Argentina. Desde el inicio, remarcó la importancia de pensar estos casos en diálogo, no como procesos aislados, sino como expresiones concretas de violencias estructurales en contextos autoritarios. “Nosotros también atravesamos un proceso donde la sustracción de menores y el robo de identidad fue una práctica sistemática, y que formó parte integral del plan represivo de la última dictadura”, señaló. Villela trazó paralelismos entre ambos contextos, destacando no solo las similitudes en los métodos, la apropiación de bebés, la alteración de identidades, el uso de estructuras burocráticas para legalizar lo ilegal, sino también en la maquinaria estatal desplegada para concretar estas prácticas. Habló de cómo en Argentina el aparato represivo fue planificado y meticuloso, operando en distintas capas del poder: militar, judicial, civil y eclesiástico.
Hacia el cierre, intervino Iñaki Anitua, quien, a modo de comentario general, retomó algunos de los conceptos presentados a lo largo de la jornada. En particular, se quedó con una de las frases que Villela había compartido: la idea de que la verdad y la justicia no son destinos predeterminados, sino conquistas del esfuerzo colectivo, que requieren de trabajo, compromiso y persistencia. “No hay automatismos en el reconocimiento de derechos, hay militancia jurídica y política. Y es ahí donde radica también la potencia de encuentros como éste”, subrayó.