Jornada “Inteligencia artificial y derechos de participación política”
El pasado 3 de noviembre, en el Salón Carlos Nino del Instituto Gioja, se realizó la jornada “Inteligencia artificial y derechos de participación política”,organizada por el Seminario “Participación Política Inclusiva” del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L. Gioja”. Participaron como expositores Gonzalo Joaquín Linares, María Alejandra Perícola y Santiago Lauhirat, bajo la coordinación de Patricia Soland.
La primera en tomar la palabra fue María Alejandra Perícola, quien centró su intervención en las tensiones y posibilidades que se abren entre la democracia constitucional y el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). Inició su exposición con una aproximación conceptual, señalando que la IA puede entenderse, de manera general, como un conjunto de algoritmos capaces de procesar información de formas que simulan comportamientos inteligentes. Destacó que estas tecnologías han transformado profundamente la manera en que nos comunicamos y nos relacionamos, al punto de que numerosos expertos consideran a la IA como uno de los cambios tecnológicos más importantes de la historia contemporánea.
Perícola profundizó luego en las definiciones del concepto de inteligencia artificial. Mencionó que existen múltiples aproximaciones, pero se detuvo en la que considera más clara y operativa, recomendada por la UNESCO: los sistemas de IA son aquellos capaces de registrar y procesar información de un modo que se asemeja a un comportamiento inteligente, con la finalidad de aprender y mejorar sus desempeños. Añadió que, en este marco, un algoritmo puede definirse como un conjunto de decisiones programadas para que una máquina ejecute determinadas acciones. Subrayó además que los algoritmos no son neutrales, ya que reproducen los sesgos presentes en sus datos de entrenamiento y en las decisiones de quienes los diseñan. Este punto, remarcó, es crucial para pensar los impactos de la IA en los derechos democráticos.
A continuación, expuso Gonzalo Joaquín Linares, quien se enfocó en las implicancias constitucionales del uso de tecnologías digitales en la esfera política, particularmente en las redes sociales. Señaló que el punto de partida para comprender este fenómeno es la persistente escasez de regulación en materia de financiamiento y organización de los partidos políticos en entornos digitales. Esta falta de normativas claras, explicó, habilita la aparición de prácticas opacas, problemas de transparencia, desigualdades en el acceso a herramientas tecnológicas y riesgos vinculados a la manipulación algorítmica o la segmentación extrema de contenidos políticos.
Linares expuso cómo la presencia de inteligencia artificial en plataformas digitales modifica la circulación de información, la formación de opinión pública y la dinámica misma de la competencia política. En su análisis, destacó que estas tecnologías plantean nuevos desafíos constitucionales, especialmente en lo relacionado con la igualdad en la participación, la integridad de los procesos electorales y la protección frente a intervenciones automatizadas que pueden influir de manera indebida en la conducta de los ciudadanos.
Finalmente, intervino Santiago Lauhirat, quien abordó la relación entre la inteligencia artificial y el ideal democrático deliberativo, con especial atención a la libertad de expresión. Presentó una reflexión sobre cómo la deliberación democrática, concebida, como un intercambio racional, plural y abierto entre ciudadanos, se ve afectada por la presencia creciente de sistemas automatizados que priorizan ciertos discursos, amplifican otros o invisibilizan aquellos que no se ajustan a los parámetros de sus modelos de recomendación.
Lauhirat analizó los riesgos que supone que los procesos deliberativos dependan de estructuras tecnológicas que no siempre son transparentes ni comprensibles para el público general. Estos riesgos incluyen la creación de burbujas informativas, la circulación acelerada de desinformación y la dificultad para asegurar que todas las voces puedan participar en igualdad de condiciones. A la vez, planteó que la IA también puede ofrecer oportunidades, siempre que se desarrollen marcos regulatorios adecuados y mecanismos institucionales capaces de resguardar los derechos fundamentales involucrados.