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Año XXIV - Edición 421 15 de mayo de 2025

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Conversatorio permanente del Centro de Derechos Humanos

  • Notas

El pasado 29 de abril, en el Aula 217, se realizó el primer encuentro del año del Conversatorio Permanente, organizado por el Centro de Derechos Humanos. Este espacio tiene como objetivo generar instancias de reflexión colectiva y diálogo académico sobre temas actuales vinculados a los derechos fundamentales. En esta ocasión, la actividad contó con la participación del profesor Roberto Saba, titular de Derecho Constitucional, quien fue invitado a disertar sobre el reconocimiento y la garantía del derecho a la ciencia, un derecho humano aún poco explorado pero cada vez más relevante en el escenario jurídico contemporáneo.

Para comenzar, Roberto Saba resaltó la naturaleza exploratoria de su análisis, el cual surgió como parte de un trabajo consultivo realizado a pedido de la UNESCO. A partir de esa experiencia, desarrolló una serie de reflexiones centradas en el marco normativo internacional y regional que protege el derecho a la ciencia, haciendo especial referencia al artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta norma reconoce, por un lado, el derecho de toda persona a “participar libremente en la vida cultural de la comunidad, disfrutar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”, y por otro, la protección de los intereses morales y materiales derivados de las producciones científicas, literarias o artísticas.

A partir de ese punto, el expositor señaló una tensión inherente entre el derecho de acceso a los productos de la ciencia y la protección de la propiedad intelectual, reconociendo que si bien ambos derechos cuentan con reconocimiento desde hace décadas, su interpretación judicial todavía es limitada. En palabras de Saba, no se trata de que no haya casos, sino de una falta de desarrollo interpretativo en la jurisprudencia, lo cual impide delimitar con claridad los alcances y obligaciones que surgen para los Estados.

En este marco, citó como ejemplo relevante el caso “Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica”, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que involucró la prohibición de la técnica de fertilización in vitro en Costa Rica. Dicha prohibición había sido sostenida por la Corte Suprema de ese país, pero posteriormente revocada por la Corte Interamericana al considerar que vulneraba derechos fundamentales como el derecho a la vida privada y familiar, el derecho a fundar una familia y el derecho a la igualdad y no discriminación. Para Saba, este fallo representa un ejemplo paradigmático del impacto que tiene el derecho a la ciencia en el acceso a tecnologías reproductivas, así como de los desafíos que presenta su escaso desarrollo conceptual en el derecho internacional y local.