Actualidad jurídica en materia de biodiversidad
Actualidad jurídica en materia de biodiversidad
El pasado 19 de junio, en el Salón Carlos Nino del Instituto Gioja, se llevó adelante la actividad “Actualidad jurídica en materia de biodiversidad”. La jornada contó con las exposiciones de Marcelo A. López Alfonsín, abogado, doctor por la UBA, magíster en Ambiente Humano por la UNLZ, ex presidente de la Administración de Parques Nacionales y miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN; Micaela Bonafina, abogada, docente en la UBA, especialista en Derecho Ambiental por la Universidad de Belgrano y magíster en propiedad intelectual e innovación por la Universidad de San Andrés y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; y Emilio Spataro, licenciado en Gestión Ambiental por la UNNE, doctorando en Geografía y experto en financiamiento internacional para la biodiversidad. La moderación estuvo a cargo de Anabella V. M. Viscelli, abogada, docente e investigadora de la UBA, máster en Derechos Humanos por la Universidad de Bolonia y especialista en Derecho y Política de los Recursos Naturales y del Ambiente por la UBA. Organizaron el evento: el Centro de Derecho Ambiental (CEDAF), la Carrera de Especialización en Política y Derecho de los Recursos Naturales y el Ambiente, el Seminario de Derecho Ambiental (Instituto Gioja) y las Cátedras de Derecho de los Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente (Nonna, Devia, Krom).
El primero en tomar la palabra fue Marcelo A. López Alfonsín, quien centró su exposición en el mandato constitucional de preservación del patrimonio natural y cultural, al que definió como una obligación reforzada que recae directamente sobre las autoridades. En este sentido, explicó que no se trata simplemente de una recomendación ética o una política pública optativa, sino de un deber jurídicamente exigible que compromete a los tres poderes del Estado, tanto a nivel federal como nacional. Es decir, el mandato alcanza al Poder Legislativo cuando éste dicta normas referidas al ambiente, ya sean de presupuesto mínimo o de otra índole, al Poder Ejecutivo cuando ejecuta esas normativas y también al Poder Judicial, al momento de tomar decisiones que afectan directa o indirectamente a la biodiversidad.
A continuación, López Alfonsín abordó el tema de la conservación biológica, destacando su reconocimiento no solo en el ámbito interno sino también como una obligación de carácter internacional. En este punto, se refirió al Convenio sobre la Diversidad Biológica firmado en la Cumbre de Río en 1992, el cual fue ratificado por Argentina y entró en vigor en 1994. Al haber sido incorporado a nuestro marco normativo con jerarquía superior a las leyes, en virtud del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, dicho tratado internacional establece una serie de obligaciones concretas que el Estado argentino debe cumplir. Su incumplimiento, advirtió, podría generar responsabilidad internacional para el país.
Sobre esa base, el expositor introdujo un concepto central que denominó “núcleo duro” de la protección de la biodiversidad. En sus palabras, se trata del corazón del sistema: los espacios que el estado, a nivel nacional, provincial o incluso municipal, decide preservar con carácter prioritario para asegurar la conservación de la diversidad biológica. Esta decisión se basa tanto en el mandato constitucional como en la responsabilidad internacional asumida y, especialmente, en el marco de la Ley Nacional de Parques Nacionales sancionada en 1980, que establece y organiza el sistema nacional de áreas protegidas. Fue entonces cuando ofreció una definición ilustrativa y pedagógica de lo que significa un parque nacional o un área protegida: “Para mí, es como si fuera un almacén de biodiversidad, donde cada uno puede encontrar un pedacito de ecosistema”. Con esta metáfora buscó transmitir la importancia de estos espacios como reservas vitales para la conservación de especies, paisajes y procesos ecológicos. Para completar su intervención, repasó brevemente la trayectoria institucional del organismo encargado de velar por esos “pedacitos de ecosistema”: el Servicio Nacional de Parques Nacionales. Esta autoridad, indicó, comenzó a operar formalmente en 1933 y fue fortalecida significativamente a partir de la Ley de Parques Nacionales de 1980. Con este recorrido, el expositor propuso un panorama claro y ordenado del contexto normativo, institucional y conceptual que enmarca la protección de la biodiversidad en Argentina.
La segunda expositora fue Micaela Bonafina, quien comenzó su intervención ofreciendo una definición clara y accesible del concepto de biodiversidad: “La cantidad y variedad de organismos vivos que hay en el planeta”. A partir de esta definición inicial, propuso una aproximación conceptual al tema a través de la identificación de tres niveles fundamentales en los que se manifiesta la biodiversidad. El primero de estos niveles es el nivel ecosistémico, que comprende la diversidad de hábitats, comunidades y procesos ecológicos en un territorio determinado. En este nivel, destacó la relevancia de las áreas protegidas como espacios estratégicos para la conservación, tanto por su valor ambiental como por el rol que desempeñan en la mitigación del cambio climático y en el sostenimiento de funciones ecosistémicas clave. El segundo nivel mencionado fue el de las especies, haciendo referencia a la variedad de especies animales y vegetales que coexisten en el planeta. El tercer nivel es el de los recursos genéticos, es decir, la diversidad genética dentro de cada especie, la cual constituye la base de su capacidad de adaptación a cambios ambientales. Esta diversidad genética, explicó Bonafina, es también aprovechada activamente por distintas ramas de la biotecnología, tanto en la industria farmacéutica como en la agricultura y otras áreas vinculadas a la innovación científica y tecnológica. Además de presentar esta clasificación, la expositora quiso destacar que la biodiversidad no es un tema ajeno a las ciudades ni a la vida cotidiana de sus habitantes. Por el contrario, señaló que su conservación está estrechamente ligada a cuestiones tan concretas y esenciales como el acceso al agua potable y la calidad de los alimentos que consumimos a diario.
Por último, tomó la palabra Emilio Spataro, quien centró su exposición en el análisis de la jurisprudencia relacionada con la biodiversidad, particularmente en aquellos fallos emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su presentación, Spataro se enfocó en mostrar cómo el máximo tribunal argentino ha recurrido a herramientas del derecho internacional ambiental para abordar y resolver conflictos de carácter interno. De esta manera, evidenció el creciente proceso de internacionalización del derecho ambiental en nuestro país y el peso que adquieren los compromisos asumidos en el plano global dentro de las decisiones judiciales nacionales. Uno de los casos destacados fue el conflicto entre la Provincia de Corrientes y el Ministerio de Ambiente de la Nación, en el que se plantea una disputa acerca de las competencias de cada jurisdicción en materia de gestión ambiental.