A 50 años de la última interrupción del orden constitucional. Nunca más
A 50 años de la última interrupción del orden constitucional. Nunca más
El pasado 9 de abril, en el Salón Verde, se llevó a cabo la jornada “A 50 años de la última interrupción del orden constitucional. Nunca más”, organizada por el Departamento de Derecho Público I.
La apertura del encuentro estuvo a cargo del decano de la Facultad, Leandro Vergara, y el director del Departamento de Derecho Público I, Pablo L. Manili, quienes destacaron la importancia de la memoria institucional y el compromiso con la vigencia del orden constitucional.
Por su parte, el decano Leandro Vergara se refirió a los acontecimientos que motivan la conmemoración, así como al rol de los profesores de derecho constitucional en la transmisión y problematización de ese pasado. En ese marco, una de sus primeras reflexiones giró en torno a la persistencia del derecho civil aún en contextos de interrupción del orden constitucional. Señaló que, pese al quiebre institucional, la actividad judicial continuaba con relativa normalidad, lo cual calificó como una situación “no agradable”, en tanto muchos/as abogados/as seguían acudiendo a los tribunales como si no existiera tal interrupción. Asimismo, subrayó que el ataque producido en 1976 estuvo particularmente dirigido contra los constitucionalistas, marcando un punto específico de vulneración dentro del campo jurídico.
A su turno, Alberto Dalla Vía abordó la manera en que históricamente se ha concebido el origen de los derechos civiles, señalando que durante mucho tiempo se los pensó como derivados del derecho civil y no del derecho constitucional. Según explicó, esta concepción se vincula, en gran medida, con la influencia de los gobiernos de facto, que tendieron a desdibujar el lugar central del constitucionalismo.
Posteriormente, se detuvo en la significación de la fecha del 24 de marzo, planteando que se trata, en cierto sentido, de una construcción que puede resultar engañosa si se la toma como punto de inicio de la violencia. En su análisis, los procesos de violencia política y social comenzaron con anterioridad, al menos desde la década de 1970, período en el que, según afirmó, se produjo una decadencia económica y política acompañada por una creciente naturalización del uso de la fuerza. En este sentido, advirtió que fijar un inicio preciso puede ocultar la complejidad y la extensión temporal de esos fenómenos.
Pablo L. Manili también señaló las falencias de los mecanismos institucionales en ese período, destacando que herramientas como el juicio político no funcionaron adecuadamente, tanto durante el gobierno de Isabel Perón como en etapas previas. A su vez, propuso considerar la violencia ejercida tanto por organizaciones de izquierda como por el propio aparato estatal, haciendo referencia a la actuación de la Triple A bajo la órbita de José López Rega, entonces ministro de Bienestar Social.
Entre los aspectos que consideró relevantes, mencionó el indulto otorgado por el presidente Héctor Cámpora en 1973, posteriormente convertido en ley. Según sostuvo, este tipo de medidas, indultos y amnistías, han sido recurrentes en la historia argentina, aunque poco estudiadas, señalando que existieron numerosas experiencias de este tipo con resultados limitados. En el caso de 1973, destacó que la apertura de las cárceles implicó la liberación no sólo de militantes acusados de terrorismo, sino también de personas imputadas por delitos comunes, en el contexto de los acontecimientos vinculados a la cárcel de Villa Devoto.
En este punto, indicó que ese episodio sería posteriormente utilizado como argumento por parte de los militares en 1976 para justificar la decisión de no juzgar el terrorismo por vías institucionales. Aclaró, sin embargo, que esta referencia no constituye una justificación, sino una forma de explicar la adopción de otro camino, similar al que, según mencionó, se había seguido en otros contextos, como el caso francés en Argelia, donde se recurrió a la desaparición de personas sin instancias de juzgamiento.
Finalmente, destacó la posición adoptada por el presidente Raúl Alfonsín, señalando que fue el único que no recurrió a mecanismos de amnistía, sino que optó por una política basada en la memoria y la justicia. En ese sentido, recordó que una de sus primeras medidas fue la derogación de la autoamnistía dictada por el propio régimen militar, a lo que se sumaron la creación de la CONADEP y la realización de los juicios. Según remarcó, este enfoque se diferencia de las experiencias de otros países de la región, constituyendo un punto distintivo en el abordaje del pasado reciente.
A continuación, el primer panel contó con las exposiciones de Daniel Sabsay, Mirtha Abad, Gerardo Scherlis y Alberto Dalla Vía, bajo la coordinación de María M. Djedjeian. En este espacio se abordaron distintas perspectivas sobre las interrupciones del orden constitucional en la Argentina y sus consecuencias en la vida institucional. El segundo panel reunió a Adelina Loianno, Raúl Gustavo Ferreyra y Christian Cao, con la coordinación de Viviana Albertus. Las intervenciones profundizaron en los desafíos actuales para la consolidación democrática y la vigencia efectiva de los principios constitucionales. La jornada propició un espacio de reflexión colectiva en torno a la memoria, la democracia y el compromiso con el “Nunca más”.