Adhesión al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo en C.A.B.A

En el día de ayer, 16 de julio, desde la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 49 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones, se aprobó la adhesión al Protocolo Nacional de Interrupción Legal del Embarazo para la atención integral de las personas con capacidad de gestar; siendo una iniciativa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito - Regional CABA y luego de un arduo trabajo de forma transversal con todas las fuerzas políticas en articulación con la sociedad civil.

Sabemos que el aborto por causales es legal en Argentina, como señala el Código Penal de la Nación desde el año 1921 y desde que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del fallo F.A.L, exhortó a las autoridades a implementar y hacer operativos los protocolos hospitalarios para su concreto cumplimiento; no obstante, según un relevamiento de la Campaña, actualmente las provincias de San Juan, Formosa, Tucumán, Santiago del Estero y Corrientes, no tienen Protocolos propios, ni tampoco adhirieron al que rige desde el año 2019.

Esta es una conquista de quienes conformamos los movimientos feministas, contribuyendo a un mayor acceso a prácticas de calidad y avaladas internacionalmente para que todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, puedan interrumpir sus embarazos sin riesgos y sin dilaciones de acuerdo al marco legal vigente; como también, les brinda un marco de legalidad más adecuado para que se garantices sus derechos a los profesionales de la salud, sentando un precedente de vital importancia para el resto del país.

Desde el Área de Igualdad de Género y Diversidad para Estudiantes, celebramos este gran avance en materia de ampliación y reconocimiento de nuestros derechos; sin embargo, sabemos que debemos continuar exigiendo que en este 2020 se apruebe el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo presentado desde hace 13 años por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, porque entendemos que es responsabilidad del Estado no restringir, afectar, ni violar derechos fundamentales y la de garantizar el derecho a las mujeres y personas gestantes a la elección, decisión y autodeterminación sobres su cuerpos.