XXII Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos - Nuevos desafíos de los Ministerios Públicos
Durante el acto de apertura realizado el 27 de agosto se firmó un convenio de cooperación interinstitucional que instaurará canales de colaboración y asistencia
Con el objeto de crear un espacio común de reflexión e intercambio enriquecedor frente a los nuevos desafíos de los Ministerios Públicos, los días 27 y 28 de agosto se llevaron a cabo las XXII Jornadas Nacionales de los Ministerios Públicos en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho. Participaron de la inauguración del evento la Defensora General de la Nación, Dra. Stella Maris Martínez; la Asesora General Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Laura Cristina Musa; el Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Germán Carlos Garavano; el Fiscal General de San Juan, Dr. Eduardo Quattropani; el Procurador General de la Nación, Dr. Esteban Righi; la Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Ana María Conde; el Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Guillermo Montenegro; y el Secretario de Extensión Universitaria de la Facultad de Derecho, Dr. Juan Pablo Mas Velez.
Para dar inicio a la actividad, la Dra. Ana María Conde indicó que con la vuelta de la democracia comenzó un proceso de institucionalización que estuvo dirigido a evitar que se produjeran nuevas frustraciones o desbordes del orden constitucional. Por consiguiente, destacó que desde el año 1985 tuvieron lugar varias reformas constitucionales en el ámbito de las provincias argentinas y ese movimiento innovador culminó con la reforma constitucional de 1994 en la órbita nacional. En este ámbito, detalló que el Ministerio Público fue concebido como un órgano público extra poder de carácter autónomo e independiente de los poderes hasta entonces constituidos, con el fin de asegurar la eficiencia y objetividad de su actuación, independiente de los intereses del poder de turno, evitando cualquier injerencia ilegítima. Además, sostuvo que para los constituyentes el reconocimiento de la independencia funcional del Ministerio Público -y de quienes lo integran- se inscribió en la necesidad de asegurar tres postulados básicos en un Estado de Derecho: primero, la misión de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de acuerdo con los intereses generales de la sociedad.; segundo, velar por la normal prestación del servicio de justicia; y tercero, procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social.
Finalmente, hizo referencia a que el Ministerio Público se erigió sobre la base de una doble representación de los intereses generales de la sociedad mediante su división bicéfala: el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, los cuales se estructuraron de manera autónoma en virtud de la ley 24.946. Sin embargo, advirtió que esta circunstancia difiere de acuerdo a cada jurisdicción local.
A continuación, el Dr. Guillermo Montenegro hizo mención al rol del Ministerio Público en esta etapa moderna que consiste en “el esclarecimiento de la verdad, ser parcial pero objetivo en cuanto a la presentación, ser respetuoso de las garantías y los derechos constitucionales y, desde el lado de la defensa, garantizar los derechos individuales de las personas y los intereses de la sociedad”. Asimismo, resaltó que deben compartirse los esfuerzos que tienen que hacer por un lado, el poder político y, por el otro, el Poder Judicial o el Ministerio Público. Estimó también como importante que “entendamos que la base de cualquier Estado de Derecho es fundamentalmente la justicia, que está representada en gran parte por los Ministerios Públicos”. Aseguró entonces que sin justicia es muy complicado ejercer cualquier tipo de derechos. Por lo tanto, los esfuerzos tienen que estar centrados no solamente como una declamación de políticas de Estado sino también como un esfuerzo presupuestario y trabajo mancomunado, cada uno respetando el rol de cada poder pero haciéndolo en forma conjunta. Con respecto a los nuevos desafíos, consideró que “se deben seguir reavivando cuáles son los viejos y mantenerlos con innovación y tecnología”.
Posteriormente, el Dr. Esteban Righi opinó que “las conclusiones de estas jornadas permitirán sacar adelante una institución que tiene muchos problemas, es demasiado joven, nació de un divorcio con el Poder Judicial y tiene un perfil institucional diverso en cada una de las provincias”. Además, subrayó que una de las principales preocupaciones es homogeneizar la institución en todo el país. Afirmó también que la Procuración General ha tomado interés en recoger el desafío que supone investigar círculos de delitos importantes refiriéndose a aquellos que generan más problemas de investigación y los que de algún modo el servicio que están obligados a prestar requiere ser de manera más eficiente, teniendo en cuenta aquellos delitos en los cuales hay autores de enorme poder económico o que ocupan lugares en el aparato del Estado, lavado de dinero y, particularmente, la trata de personas. En este sentido, comentó que este último ha sido un desafío nuevo porque hace poco tiempo que el Congreso de la Nación resolvió establecerlo como delito de competencia federal. Por tal motivo, tuvo que enfrentarse un nuevo desafío institucional que requirió algunas innovaciones con las herramientas de siempre. De esta manera, manifestó que se generaron pautas para que los fiscales los puedan ir utilizando en el desarrollo de sus funciones. Enfatizó, finalmente, la necesidad de colaboración de las provincias expresando su satisfacción por la firma del convenio de cooperación interinstitucional que tuvo lugar momentos después.
Acto seguido, el Dr. Eduardo Quattropani aseveró que la ausencia de políticas de Estado en materia de seguridad y justicia se verifica en casi todas las jurisdicciones del país y el desarrollo de los Ministerios Públicos no solamente es desigual, sino que en la mayoría todavía no se ha producido. En tal sentido, explicó que esa falta de desarrollo es obra del poder político que no quiere delegar poder y los Altos Tribunales se niegan a reconocer la autonomía de los Ministerios Públicos. En consecuencia, sostuvo que en la medida en que se niegue la autonomía a estos organismos es imposible la instalación de los sistemas acusatorios. “Mientras no haya Ministerios Públicos independientes y desarrollados es imposible el principio de oportunidad y que le demos a la sociedad una mejor administración de justicia”, expresó. Asimismo, entendió que los adelantos tecnológicos deben estar al servicio de los fiscales, asesores y defensores, y postuló como necesario “saltar la medianera de las abstracciones intelectuales, de aquello simplemente académico, teniendo la obligación de pensar en políticas de Estado”.
En el marco de esta jornada se suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores, y Asesores Generales de la República Argentina, el Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina y la Procuración General de la Nación. Este instrumento, firmado por la Presidente del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina, Dra. María del Carmen Falbo y los Dres. Eduardo Quattropani y Esteban Righi, permitirá brindar canales de colaboración y asistencia tendientes al desarrollo, investigación e implementación de programas de capacitación, asistencia técnica, informática y recursos de redes y comunicaciones.
Luego de un receso, el primer panel sobre “Acceso a la justicia y Derechos Humanos del Ministerio Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” estuvo a cargo de la Dra. Stella Maris Martínez; el Secretario General de Acceso a la justicia y Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Gabriel E. Unrein; y el Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Dr. Gastón Chillier.
En primer lugar, la Dra. Stella Maris Martínez analizó las 100 Reglas de Brasilia, relacionadas con acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Abordó la creación y aprobación de estas Reglas que tuvieron lugar en la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana. Reconoció que si bien tenemos leyes, Convenciones, Constituciones y Tratados Internacionales que garantizan muchos derechos, no son suficientes ya que “a las personas vulnerables se les debe garantizar además de derechos, las armas para que éstos puedan ser efectivizados, y ello se encuentra planteado en las 100 Reglas de Brasilia”. Por último, reseñó que los sujetos de protección especial fueron ampliados y actualmente las causas de vulnerabilidad son: edad, tanto niños como ancianos, discapacidad, pertenencia a comunidades indígenas y minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de libertad. Aclaró también que esta descripción no agota las condiciones en las que se puede encontrar una persona en situación de vulnerabilidad.
A su turno, el Dr. Gabriel E. Unrein relacionó el acceso a la justicia como derecho humano y las acciones específicas de acceso a la justicia que desarrolló el Ministerio Público de la Ciudad, vinculadas con las Reglas de Brasilia. A su vez, se centró en que el acceso a la justicia aparece antes de la presentación de la demanda o denuncia ante el sistema de justicia. Al plantearse la necesidad de reorganizar la estructura de la Fiscalía, hizo mención a la creación de tres Secretarías Generales: de Coordinación, de Política Criminal y de Acceso a la Justicia. Esta última se encarga del cumplimiento de las Reglas de Brasilia en el ámbito del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Para concluir, comentó que se armó el Programa de Unidades de Orientación y Denuncia, que consiste en oficinas donde se toman las denuncias, se inician procesos de mediación y conciliación, y además el Ministerio interviene con la Oficina de Asistencia a la Víctima.
Hacia el final del evento, el Dr. Gastón Chillier aseveró en cuanto al contenido de las Reglas de Brasilia que “si se las toman seriamente pueden ser revolucionarias en materia de protección de derechos y si los operadores del Poder Judicial y las Organizaciones no gubernamentales, como el CELS, las utiliza a conciencia para promover su cumplimiento pueden tener un impacto muy interesante”. Remarcó, por último, que la jurisprudencia del sistema interamericano en los años 90 definió estándares en materia de acceso a la justicia sobre el acceso a tribunales independientes e imparciales ante la violación de derechos en materias no solamente penales, sino de cualquier otro tipo, y puntualizó que en las opiniones consultivas se avanzó un poco más sobre la situación de personas en condiciones de vulnerabilidad.