Un nuevo leading case de una Comisión del Práctico Profesional
Isidro Álvarez, de 64 años, portero de un edificio en el barrio de Núñez, fue condenado a 20 años de prisión por abusar sexualmente de siete niñas entre 1995 y 2019. La sentencia fue dictada el día 26 de marzo de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 27 de la Ciudad de Buenos Aires, tras un juicio donde el trabajo comprometido de la Comisión 1309 de la Facultad fue clave para acompañar a las víctimas en su búsqueda de justicia.
La querella fue llevada adelante por los abogados María de los Ángeles Giménez y Walter Reinoso, docentes a cargo de la Comisión 1309 de Derecho Penal Juvenil, coordinada por el profesor Martiniano Terragni, todos integrantes del Departamento de Práctica Profesional dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria.
Junto a ellos, un equipo de estudiantes avanzados participó activamente en la causa, realizando todas las acciones necesarias para lograr la condena obtenida. Tanto docentes como estudiantes tuvieron a su cargo no solo la planificación de la estrategia jurídica, sino también, la realización de tareas de investigación para dar con el paradero de quien estuvo prófugo durante mucho tiempo, y, adicionalmente, llevar adelante el acompañamiento permanente de las víctimas.
Álvarez fue encontrado culpable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por su rol de encargado de la guarda y corrupción de menores agravada, en hechos cometidos en distintos espacios del edificio, el mismo ubicado sobre la calle Cuba al 2900, así como en un domicilio familiar de Guernica. El acusado permanece detenido desde octubre de 2023.
El proceso judicial se desarrolló en cinco exhaustivas audiencias, en las cuales testificaron seis de las siete víctimas. Algunas de ellas declararon a puertas cerradas, y en ese marco una de las denunciantes logró enfrentar al imputado cara a cara y le expresó los abusos que sufrió por parte de este.
La intervención conjunta de los docentes y estudiantes logró que las denunciantes se sintieran escuchadas, contenidas y representadas en el proceso penal, tarea que fue en todo momento apoyada por las autoridades del Departamento y el personal nodocente de la Facultad, ya que gran parte de la preparación del caso se realizó durante la feria de enero.
Este trabajo académico sostenido en el tiempo no solo fortaleció la calidad de la representación legal, sino que brindó a los estudiantes una experiencia formativa única, con rigor profesional, compromiso social y una especial empatía por las víctimas.
Lejos de limitarse al análisis teórico y práctico de cada consulta que se recibe, el trabajo de los integrantes de la Comisión 1309 demuestra la vocación y el compromiso que tienen nuestros docentes y estudiantes para sostener orgullosamente un servicio que realiza la universidad pública en beneficio de toda la comunidad.
En definitiva, este fallo no sólo marca un hito judicial en la lucha contra el abuso sexual infantil, aún con las dificultades del paso del tiempo, sino que también visibiliza el enorme valor del trabajo universitario comprometido, que transforma el aprendizaje jurídico en una herramienta real de reparación para quienes más lo necesitan.