¡Seguinos!

Año XIII - Edición 233 10 de julio de 2014

Buscar

Un derecho penal para los ciudadanos

  • Nota de Tapa

En el marco del Seminario de Teoría Constitucional y Filosofía Política del profesor Roberto Gargarella, el pasado 17 de junio se realizó la conferencia “Un derecho penal para los ciudadanos”, a cargo de Antony Duff, experto en filosofía del derecho penal y especialista en fundamentos de la pena y de la responsabilidad penal. La actividad fue organizada por la Secretaría de Investigación.

En primer término, Roberto Gargarella resaltó que Duff realizó aportes extraordinarios, mostrando una apertura inusual en la doctrina penal para pensar intersecciones entre el derecho penal y la filosofía política. “Como pocas personas, ha sabido conectar reflexiones en materia de derecho penal y castigo con preocupaciones de teoría democrática”, remarcó. Gargarella señaló también que, en particular en teoría democrática, Duff desarrolló un enfoque muy novedoso, el cual es presentado como un acercamiento comunicativo al derecho penal.

Seguidamente, Antony Duff se cuestionó acerca de si el derecho penal debe ser excluyente. “La retórica del crimen y el castigo conlleva a la exclusión, están quienes castigan y quienes son castigados. La pregunta es si esto debe ser así”, sostuvo. En este sentido, si uno lo analiza en forma realista, el derecho penal es en última instancia el ejercicio del poder coercitivo y siempre funciona para excluir a aquellos que no están en el poder. Otro argumento tiene que ver con que el derecho penal excluye en forma justificada, ya que si uno viola la ley y comete un delito, de alguna forma pierde la calidad de ciudadano. “Desde esta perspectiva, es tentador pensar que el derecho penal es esencialmente excluyente. Mi objetivo es resistirme a esta teoría y decir que el derecho penal debería ser inclusivo”, remarcó. El disertante toma a los ciudadanos como categoría principal ya que los ciudadanos son los principales sujetos del derecho penal, aunque hay otros sujetos; cuando habla de la ciudadanía no se refiere a la ciudadanía formal o legal, sino a la noción sustantiva, lo que significa pertenecer a determinado lugar. Asimismo, señaló que el derecho penal forma parte de la estructura política de determinada comunidad, por lo que hay que cuestionarse de quién es ese derecho. “La primera respuesta, en una democracia, debe ser que es el derecho de los miembros de la comunidad, es nuestro derecho”, manifestó. Con relación al concepto de ciudadanía, afirmó: “La ciudadanía también es un concepto inclusivo, porque si uno es ciudadano tiene acceso a los beneficios, derechos y deberes de nuestra vida cívica”. Además, señaló que es importante entender que la ciudadanía no es un papel pasivo, sino que también conlleva obligaciones que implican un papel activo. A su vez, el derecho penal debe ser pensado no como una estructura abstracta de principios, sino como una institución que tiene un papel en nuestra vida. Si se piensa en el derecho penal en una sociedad justa, en primer lugar hay distintos roles profesionales: los jueces, los funcionarios de los sistemas penitenciarios, los fiscales, etc. También en muchas jurisdicciones hay roles formales que tienen los legos, como jurados o jueces generales. Asimismo, existen otros roles en relación con el derecho penal como testigo, sospechoso o acusado. “Todos estos roles tienen un papel con relación al derecho penal, y son roles normativos, definidos por estructuras de derechos y obligaciones que asumimos como ciudadanos”, sostuvo. Del mismo modo, destacó que si los ciudadanos se ven como parte del Derecho, todos tienen un rol que desempeñar para que ese Derecho sea efectivo y sea administrado. Duff indicó que, desde el punto de vista excluyente, el que comete un delito pierde su calidad de ciudadano y aparece un rol pasivo. “La pregunta es si podemos evitar estas implicancias, si se puede ver al delincuente como una persona que tiene un rol activo cívico, es decir, un ciudadano con derechos y obligaciones (…) Si lo podemos ver como un ciudadano que tiene obligaciones cívicas a pesar de ser los autores, podemos hablar de un derecho penal inclusivo, porque incluye a quienes lo infringen”, subrayó. Por otra parte, manifestó que el proceso penal es una forma de tomar el acto ilícito seriamente, pero también se trata al agresor como un ciudadano que puede responder por su conducta ante todos sus conciudadanos. “Este es un rol muy distintivo que el acusado tiene que jugar”, agregó. En este marco, el acusado tiene obligaciones tales como comparecer en juicio, respetar el procedimiento del tribunal y dar testimonio sin mentir. Con relación al rol del acusado, Duff se cuestionó acerca de si tiene la obligación cívica de formar parte en el juicio, de responder a los cargos y de colaborar con el tribunal. “Yo diría que tenemos esas obligaciones cívicas, porque la ley es nuestra ley. Pero esto no quiere decir que estas obligaciones cívicas conlleven un deber jurídico, es decir, que nosotros por ley le podamos exigir a un acusado que se incrimine”, diferenció Duff. De esta manera, declaró que se puede ver a la pena como un rol activo que se debe cumplir y no sufrirlo desde el punto de vista pasivo. En la misma línea argumental, identificó al servicio comunitario como un castigo ideal si se toma el castigo como algo que se debe asumir activamente por parte del condenado. “La probation al igual que el servicio comunitario sigue siendo una pena activa, en lugar de una pena pasiva, es algo que tiene que hacer quien delinquió y no algo que se le hace”, agregó. Por otra parte, el orador evidenció que hay formas mediante las cuales se evita que el encarcelamiento constituya una negación completa de la ciudadanía. “Siempre apuntamos a poner fin al encarcelamiento. El encarcelamiento excluye, y es por ello que debemos reservarlo solo para los delitos más graves, pero incluso el encarcelamiento puede conllevar un cierto reconocimiento de la ciudadanía, no necesitamos tratar a los convictos como foráneos o no perteneciente a la sociedad”, resaltó.

“Es tentador pensar que el derecho penal es esencialmente excluyente. Mi objetivo es resistirme a esta teoría y decir que el derecho penal debería ser inclusivo”, remarcó Antony Duff.