Semana por la Igualdad
Ezequiel Nino, Roberto Gargarella, Marcelo Alegre y Víctor Abramovich
Entre los días 27 y 31 de agosto, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) organizó en la Ciudad de Buenos Aires la “Semana por la Igualdad” con el objetivo de reunir en un mismo seno a docentes, investigadores y otros especialistas de referencia para que debatan sobre esta materia que siempre permanece pendiente.
Las conferencias y talleres se dispusieron en la Facultad y también en la Biblioteca Nacional, y tuvieron entre sus invitados al juez Roberto Gallardo, a la filósofa Dra. Diana Maffia, a las antropólogas Dra. Cristina Cravino y Vanina Lekerman, al arquitecto Javier Fernández Castro, a la delegada de villa 31 Amalia Aima, al asesor Gustavo Moreno, al MTD Lugano, y a los abogados y abogadas Albertina Maranzana, Marcelo Alegre, Roberto Gargarella, Víctor Abramovich, Paola Bergallo y Marcela Rodríguez.
Derecho al Día estuvo presente el 28 de agosto en el Salón de Usos Múltiples del Instituto Ambrosio L. Gioja, donde se realizó el lanzamiento del libro El Derecho a la Igualdad. Aportes para un constitucionalismo igualitario, que contó con los comentarios introductorios de Víctor Abramovich y se cerró con un debate entre los coordinadores de la obra, Roberto Gargarella y Marcelo Alegre, acerca de la “igualdad y el presidencialismo” y la “igualdad y el poder punitivo”.
Luego de unas breves palabras del moderador Ezequiel Nino (ACIJ), Víctor Abramovich destacó del libro y de la asociación organizadora de la actividad la virtud de haber logrado una mixtura muy saludable entre activismo político y solvencia profesional, ya que es una característica que no se encuentra muy a menudo en las organizaciones sociales.
Por otra parte, Abramovich expresó que esta obra “sirve para hacer un balance luego de los diez años de la Reforma del ‘94”. En ese sentido, sostuvo, la Reforma incorporó una concepción mucho más “sustantiva” de la igualdad, que no sólo se refleja en la operatividad de los tratados del art. 75 inc. 22, sino también en la inclusión específica del procedimiento del amparo para proteger a los ciudadanos de violaciones a derechos constitucionales.
“El libro también es oportuno para la discusión política”, manifestó asimismo Abramovich, puesto que permite aplacar ciertas lecturas dicotómicas que se han vuelto a instalar en la sociedad y que intentan poner en confrontación la igualdad y la libertad. Y en segundo lugar, también mencionó la relación que se traba en algunos trabajos incluidos en el libro entre los principios de igualdad y de autonomía, donde se critica fuertemente la ligazón entre igualdad y paternalismo, asistencialismo o clientelismo. “Está muy bien que las discusiones sobre la igualdad hayan llegado a la instancia judicial, pero también es importante que esos debates lleguen a los ámbitos de creación de las normas”, concluyó Abramovich.
Seguidamente, Roberto Gargarella volvió a exponer algunas de sus ideas sobre filosofía del castigo en las que viene trabajando últimamente. Sostuvo así que cualquier discusión sobre el castigo debe acompañarse con una discusión sobre la igualdad, puesto que el derecho penal es una de las áreas sociales donde el sistema político se hace sentir con más fuerza. Dentro de ese marco, Gargarella expuso las que considera son las lecturas más habituales que se esgrimen en nuestro país respecto del castigo, y que son la lógica del populismo penal y la lógica de la tecnocracia benevolente. “Ambas respuestas han estado muy presentes pero son muy problemáticas para quien tiene un fuerte compromiso con la igualdad”, argumentó.
En respuesta, Marcelo Alegre reprochó a las teorías del derecho a la protesta el hecho de que ponen siempre el foco en los afectados por la desigualdad, y no en el resto de los ciudadanos. “Es cierto que los afectados tienen un derecho, pero el resto de los ciudadanos -los que no sufren la desigualdad-, tienen un deber mucho más fuerte de respaldar el derecho de los afectados”, enfatizó.
Respecto del derecho penal en particular, Alegre dio por entendido que resulta injustificable desde donde se lo observe el régimen penal actual. El problema, para él, es la relación que se da entre una visión igualitaria de la democracia y una postura abolicionista del derecho penal. “¿Estamos forzados, si somos igualitarios, a adoptar una postura abolicionista?”, se preguntó, y sugirió que todo depende de hasta qué punto consideremos ciertos cálculos de consecuencias en nuestro sistema de valores. “Si uno fuera un intransigente, diría que toda forma de castigo es inaceptable; sin embargo, ¿podemos desatendernos de las consecuencias?”, inquirió nuevamente.
Gargarella volvió a tomar la palabra y, si bien reconoció ciertas afirmaciones a su colega, le sugirió distinguir entre las figuras de castigo y reproche para poder realizar un análisis menos dicotómico y que posibilite el hallazgo de mayores alternativas. Por otro lado, introdujo el debate sobre el presidencialismo, al entender que ninguna norma que imponga un castigo puede ser legítima si la misma no es creada por la propia sociedad en una discusión abierta entre iguales.
A esto último, Alegre respondió que, si bien comparte la crítica profunda al presidencialismo y sus consecuencias imperialistas, no cree que este sea el momento para realizar una nueva reforma constitucional acerca de la forma de tomar decisiones, y que, por el contrario, está convencido de que podrían explorarse nuevas soluciones legales que abran un mayor juego parlamentario.
Claro que, la discusión no terminó allí, puesto que Gargarella, no satisfecho con la respuesta, se dispuso a exponer algunas de las críticas más fuertes al sistema parlamentarista.