Reflexiones a 20 Años del Juicio a las Juntas

• Nota de Tapa

En ocasión del vigésimo aniversario del Juicio a las Juntas Militares, se realizó el 21 de abril en el Aula Magna el homenaje Reflexiones a 20 años del juicio a las Juntas. Este acto, organizado por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles del Centro de Estudiantes y auspiciado por la Federación Universitaria Argentina (FUA), reunió a diversas personalidades que intervinieron en el éxito del juzgamiento como el Dr. Eduardo Rabossi (CONADEP), los ex-Camaristas, Dres. Jorge Torlasco, León Arslanian, Guillermo Ledesma, Jorge Valerga Aráoz y Ricardo Gil Lavedra; y el ex-Presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de la Vicedecana, Dra. Mónica Pinto, quien se mostró orgullosa de que todos los invitados tuvieran alguna vinculación estrecha con la Facultad de Derecho. Pintó señaló que hay una regla básica del derecho que es aquella que dice que todo aquel que incumple una norma a su cargo es responsable y debe repararlo. Sin embargo, “esta regla no siempre funcionó cuando nos fueron arrebatados ciertos valores”. Comentó que la CONADEP es tenida unánimemente en cuenta internacionalmente entre los casos más importantes en investigaciones post-dictatoriales. A parte de lo jurídico, recordó que los juicios a las Juntas tuvieron repercusiones sociales y políticas muy importantes que permitieron al pueblo argentino reencontrarse con la verdad. Finalmente, aseguró que el Juicio fue una “plataforma histórica” para comenzar a estudiar estos temas, y es sin duda un hecho histórico de la lucha contra las prepotencias del poder.

A continuación, el hijo del Dr. Andrés D’Alessio (ex-Camarista) leyó una sentida carta de su padre, quien no pudo asistir al encuentro.

Quien abrió como orador fue Eduardo Rabossi.  Recordó que el 15 de diciembre de 1983 Alfonsín firmó el Decreto 187 que constituyó la CONADEP. Explicó que la tarea de la Comisión era la de recibir testimonios, recabar pruebas y averiguar y el paradero o destino de los desaparecidos y de los niños sustraídos. Luego, debía emitir un informe final con una explicación detallada de los hechos investigados, sin emitir ningún tipo de juicio.

Rabossi resaltó que la formación de la CONADEP fue parte de una política de Estado para investigar el pasado violento, y que el aporte del caudal de información que logró reunir fue decisivo no sólo para el Juicio a las Juntas sino también para otros procesos. Sus miembros fueron elegidos por su reconocida lucha por los derechos humanos y su presencia en la vida pública del país. Rabossi aclaró también que el archivo final estimó cerca de 9000 desapariciones pero que luego, con las leyes de reparación, aparecieron muchos más casos, siendo una cifra aterradora en comparación con otros países de la región.

 Finalmente, elogió la valentía de los detenidos desaparecidos que ayudaron a reconstruir el modus operandi y desmantelar los centros clandestinos; y la colaboración de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, sobre todo en la recuperación de niños. El 20 de septiembre de 1984 la CONADEP entregó el informe con la plaza llena de gente y fue quizá uno de los momentos únicos en que la cuestión había trascendido ya a los poderes públicos para hacer eco en la sociedad civil. “La CONADEP no sufrió condicionamientos políticos; tampoco se autocensuró ni se arrogó presencias mediáticas. Tal vez por eso, sus informes son tan respetados”, expresó.

Seguidamente, tomó la palabra Jorge Torlasco, que remarcó que Alfonsín fue quien abrió el cerrojo para que esto fuese posible. Elogió que la Cámara actuara como un tribunal de justicia, recolectando pruebas y ateniéndose siempre a las norma jurídicas. “Nosotros debíamos resumir en una sentencia todo lo que se había ocultado durante años”, comentó.  “Para esto tuvimos no sólo el aporte de la CONADEP, sino también las declaraciones de las víctimas que se presentaron con sus familias a cara descubierta a contar lo que les había sucedido recientemente”, rescató Torlasco.

El ex-Camarista comentó algunos elementos que utilizaron en materia probatoria: en aquellos años había aumentado considerablemente la cantidad de denuncias de desapariciones.  Casi todos los casos se vinculaban a personal de las Fuerzas Armadas.  También coincidía que no existían órdenes judiciales para tales procedimientos, y que se conducía a los secuestrados a lugares de dependencia militar.  Se detectó que seguidamente a la detención se torturaba a las personas y que algunos fueron liberados bajo amenaza. También se supo de la denegación sistemática de hábeas corpus por parte de los jueces en esos años. Por último, se tuvo por comprobado que la mayoría de las personas detenidas fueron eliminadas. Esto se verificó por las numerosas apariciones de cadáveres en las costas del río, y por el aumento de entierros NN en los cementerios. Para evitar estas acusaciones, el gobierno de facto argumentaba enfrentamientos entre terroristas o presunción de fallecimientos por ausencia. Pese a eso, Torlasco aclaró que el tribunal nunca quiso condenar por cadáveres que no fueran encontrados.

A continuación, agradeció a la Facultad por haberlo educado para llevar adelante el Juicio y leyó en voz alta algunos párrafos del último cuerpo de la sentencia.

León Arslanián sostuvo que en 1983 era evidente que el desafío más arduo que iba a tener que enfrentar la democracia eran los delitos cometidos por la dictadura. Las Fuerzas Armadas no tuvieron el tiempo para retirarse en transición ni con prolijidad, tanto por la Guerra de Malvinas como por el descrédito internacional, y el último recurso al que se atuvieron fue al dictado de una ley de amnistía. Según Arslanián, en ese momento la sociedad estaba “apática”, tenía miedo porque se supiera lo que había pasado y por lo que podía suceder después. El partido peronista –al cual pertenecía él- no sólo no tenía ninguna propuesta para hacerse cargo del problema, sino que reconocía la validez de la ley de amnistía, reflexionó el ex-Camarista.

 Para Arslanián revisar el pasado era un deber ético del Estado y un imperativo legal por los numerosos clamores de justicia. Era necesario enjuiciar públicamente y desacreditar por completo la doctrina de la seguridad nacional que había posibilitado la comisión de los crímenes. “El Dr. Alfonsín fue en ese sentido un verdadero líder político; jamás hizo una encuesta para saber si la sociedad quería hacerlo o no”, rescató. Sin embargo, “todo estaba en contra”: había un gran miedo generalizado, las FFAA tenían mucha presencia todavía, y las leyes argentinas en materia penal eran viejas e inútiles.

Recordó que en un principio se decidió encomendar la causa a los tribunales militares pero con la condición de realizar una buena tarea bajo pena de poder la Cámara Federal avocarse a la causa, que es lo que finalmente pasó. El juicio fue precursor ya que partir de allí nació en nuestro país el juicio oral y publico, lo que hizo que la comunidad empezara a virar hacia una mayor convicción y apoyo. Estableció la importancia de la defensa y la continuidad de la democracia. Este juicio, para Arslanián, impulsó un proceso de reforma de la Justicia que por primera vez reemplazó el principio inquisitorio decimonónico por uno de tipo acusatorio, para tornar posible el juzgamiento. Por último, agradeció al Dr. Alfonsín “por lo que hizo por la república”.

Seguidamente Guillermo Ledesma sostuvo que hasta esa fecha jamás se había hecho algo real para hacer cumplir el derecho de igualdad ante la ley. Contó que los inculpados se quisieron defender aduciendo que la Cámara Federal era un tribunal ad-hoc que violaba el art. 18 CN. A esto la Cámara respondió que tanto los tribunales militares como la Cámara eran preexistentes y que la Corte Suprema debía mantener la decisión final. Otro factor de discordia eran los decretos del gobierno constitucional anterior que imperaban “aniquilar” a las fuerzas subversivas. A esto se le contestó que de ninguna manera se podía admitir que aniquilar se asimilara a matar, porque de ese modo los decretos eran violatorios de cualquier ley. “El tribunal jamás se apartó del derecho” y el juicio por eso demostró que los privilegios podían ser erradicados.

Finalmente lamentó que hoy no podamos decir que el principio de la igualdad esté gozando de buena salud por las inmensas desigualdades sociales.

 A su turno, Jorge Valerga Áraoz subrayó que después del juicio ya nadie más cuestionó la ilegalidad de las torturas, las desapariciones y demás crímenes de lesa humanidad. “Hay que destacar toda la colaboración externa que tuvo el juicio”, tanto de la CONADEP, como del fiscal Julio Strassera, las declaraciones de las víctimas y los aportes de países y organismos foráneos. En este último sentido fue contundente el número de reclamos que se hicieron desde el extranjero.

Para terminar, destacó que gracias al juicio hoy nadie toleraría una prepotencia semejante que avasalle al Estado. “Esto es lo que hoy forma parte de la juventud y creo que es el logro más destacable”.

Llegando hacia el final de la emotiva jornada, Ricardo Gil Lavedra señaló que todo lo que se hizo en el juicio tuvo mucho que ver con lo que se enseñaba en esta Facultad. Indicó que fue un proceso inusual, por su volumen, por las complejidades de índole jurídico y material, y por la dificultad organizativa de un suceso inédito. Explicó también que este tipo de procesos, si bien tuvo su origen en Nüremberg, recién fue masivo en la década del 90. “Cuando se dio la posibilidad de hacerlo en Argentina, no había casi precedentes a los cuales atenerse”, expresó.

Para Gil Lavedra, aquí no se trató simplemente de un expediente judicial, sino que tanto el Juicio como la CONADEP, formaron parte de la “médula de la recuperación de la democracia”. En aquel momento teníamos casi la misma cantidad de leyes de facto que de iure. Allí nada estaba dicho, sino que por el contrario “había que reconstruir todo”. En ese sentido, había que tomar algunas medidas sustanciales: evitar que vuelva a suceder el pasado, descubrir la verdad histórica, indemnizar a las víctimas y castigar a los culpables. Finalmente, Gil Lavedra se mostró contrario a las amnistías y defendió que no se haya decidido no enterrar el pasado y sí fortalecer la legitimidad de la vida democrática a partir de la verdad. “La lucha por el imperio de la ley, la lucha por el Derecho, y la lucha porque todos podamos disfrutar de una sociedad más igualitaria, son los principios que quedarán para seguir adelante en esta búsqueda”.

Para cerrar el acto, habló Raúl Alfonsín quien sostuvo que es indispensable comprender que quienes participaron tanto en la CONADEP como en el Juicio, honraron a la Nación Argentina con su esfuerzo y sus conocimientos. En ese sentido homenajeó a Carlos Nino por haber ayudado a esclarecer en ese momento las dificultades normativas y el enfrentamiento de leyes.

Asimismo, reivindicó el cumplimiento de sus promesas electorales, y en el caso de la obediencia debida dijo que será la historia la que juzgue la importancia que tuvo para garantizar la continuidad de la democracia. Lo que es importante para Alfonsín es mantener la lucha activa en la defensa de los derechos humanos no sólo aquí sino en todo el mundo. “Son contados los casos de las sociedades que se animaron a perseguir estos crímenes y es por eso que debemos estar orgullosos”, sentenció para terminar.