Proyecto Mariano Moreno para la formulación de un nuevo Contrato Social

• Nota de Tapa

El pasado 29 de marzo, dentro del marco del Proyecto Mariano Moreno, se llevó a cabo en el Salón Rojo la actividad Diálogo Social. Presente y Futuro de la Negociación Colectiva en Argentina. El evento tomó desde el ámbito del Derecho Laboral las discusiones actuales que suscita el renacimiento de los conflictos laborales, tanto en lo general (normas, teorías, etc.) como en lo particular-coyuntural (discusión de salarios, productividad, inflación, etc.). El debate contó con la presencia de los Dres. Hugo Carcavallo (Profesor Emérito de la UCA y Consultor Honorario Unión Industrial Argentina), Adrián Goldín (Profesor Titular de la Facultad, y Profesor Plenario de la Universidad de San Andrés), Héctor Recalde (Asesor Legal de la CGT y Profesor Adjunto de la Facultad), y Noemí Rial (Secretaria de Trabajo de la Nación y Profesora Adjunta de la Facultad).

El Dr. Mario Ackerman (Director del Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad) y el Sr. Jorge Anró (Secretario General de APUBA) tuvieron a su cargo la presentación y la moderación del debate.

Antes de dar por comenzado el tema, el Decano de la Facultad, Dr. Atilio Alterini, explicó brevemente que el Proyecto Mariano Moreno surgió como una toma de conciencia de que hay graves desajustes en la convivencia de los argentinos que han distorsionado el contrato social que fundaron las distintas Constituciones de los siglos XIX y XX. En consecuencia, sugirió que es desde la Universidad que debemos instar al esfuerzo colectivo para procurar formular entre todos un nuevo contrato social.

El Dr. Mario Ackerman, en su apertura, comentó que el tema de la negociación colectiva y del diálogo social se pensó porque está en el centro de las relaciones laborales en la Argentina. En ese sentido, resaltó que se trata de un problema que se arrastra desde hace varias décadas y que debemos solucionar ahora. Para eso, explicó que el motivo de las invitaciones a la discusión se debió a que se trata de cuatro juristas comprometidos con los sectores sociales, con la acción política del Estado, y a la vez con la actividad académica.

A continuación, Jorge Anró agradeció el lugar que se le da a APUBA en el Proyecto, dado que para ellos tener la posibilidad de participar en esta clase de eventos resulta, como sindicato joven, algo realmente trascendente.

El primer expositor fue Hugo Carcavallo, quien relató lo sucedido en Europa en materia de pactos sociales y escogió tres países en los cuales el diálogo social se ensayó y se aplicó “con sensible éxito”. Tomó como ejemplos a España, a Italia y a Francia, que fueron transformando su legislación a través de acuerdos sociales y de pactos que permitieron superar el cimbronazo sufrido por la economía mundial con la crisis del petróleo del año 73.

En España esta crisis coincidió con un cambio absoluto en materia sindical de un régimen corporativo a uno de libertad absoluta, de negociaciones, de respeto por los derechos individuales y colectivos que hoy tienen incluso garantía especial en la Constitución española. Esto se desarrolló, según explicó Carcavallo, en la década del ‘80 a través del célebre pacto de la MONCLOA. En Italia, por el contrario, no hubo alteraciones ni del régimen sindical ni de la estructura política a través de los pactos del ’80. Lo mismo sucedió en Francia, que en 1981 celebró un acuerdo en París, con motivo del ascenso de Mitterrand, que traía un plan innovador en materia de leyes sociales y el acortamiento de la todavía discutida jornada de trabajo. “En nuestro país no encuentro en mi memoria algo parecido”, sostuvo.

Finalmente, enfatizó en que el futuro del derecho del trabajo está en la negociación colectiva y que de un sistema reglamentarista debemos pasar a un sistema activo y moderno de conflicto. En el ínterin, adujo, “hay que establecer el diálogo, el consenso, la comprensión y la concesión recíproca”.

A su turno, Adrián Goldín definió a la negociación colectiva como la comprobación de la ineptitud de la autonomía individual, es decir, de la autonomía del contrato para resolver la problemática laboral. Ante esto el sistema actúa por un lado con las políticas públicas heterónomas -la ley laboral- y por otro, con la autonomía de la acción colectiva o “tensión autónoma de progreso”. Según Goldín, aquello que la ley no cumple y tampoco logra la autonomía colectiva, lo termina haciendo la unilateralidad empresaria.

Siguiendo el pensamiento de la OIT, sostuvo que la autoridad pública debe encontrar el punto exacto de equilibrio entre promover la negociación colectiva y evitar intervenir en ella. “Ésta es una tarea muy delicada que supone un discernimiento y una deliberación por parte de la autoridad pública”, dijo. Para alentar los intercambios propuso transitar lo que en la OIT se llama el camino alto, o sea aquellas negociaciones reguladoras que al mismo tiempo tienen un buen desempeño productivo; por ende, generan un resultado general satisfactorio. Para lograrlo se deben impedir las manifestaciones de negociación no-sindical y desalentar los aportes empresarios a los sindicatos, que debilitan su energía reivindicativa. Y, por el contrario para evitar las intervenciones resolutorias por parte de la Administración, ésta no puede decidir ningún tipo de conflicto vinculado con la negociación colectiva.

Luego, reflexionó en torno a la negociación salarial que está en curso. Goldín percibe que hay una excitación, una especie de preocupación exacerbada por el conflicto como si fuera algo negativo. Sin embargo, sostuvo que en una economía que crece es natural que los trabajadores reclamen y que los empleadores resistan, y que es natural y sano que haya conflictos en democracia. La única condición que presupone es el respeto de las normas. Por otro lado, se mostró muy escéptico frente a la negociación por productividad ya que “Argentina tiene una experiencia que demuestra que es imposible a niveles supraempresariales determinar qué es productividad y qué no es productividad”. “Eso no va a funcionar”, concluyó.

Finalmente, convocó a todos los juristas y partícipes de la materia a que estén en disposición a repensar todo con audacia, pero sosteniendo valores fundamentales que están en el corazón de las preocupaciones por la protección del trabajo humano.

Más tarde Héctor Recalde continuó con la idea de no temerle al conflicto, que es algo a lo que nos debemos habituar. Pero también sugirió la siguiente pregunta: “¿Es democrático que todavía nos estemos rigiendo por leyes de la dictadura militar?” Y lamentó que en la Facultad se sigan enseñando esas normas.

Para Recalde la solución de la negociación colectiva pasa por tres puntos básicos: erradicar el trabajo en negro, mejorar el mercado interno, y aumentar los salarios. Criticó a su tiempo a los economistas porque desconocen los derechos constitucionales y se sumó a la crítica de Goldín en cuanto a que la productividad es imposible medirla. Como alternativa propuso lo actuado en países europeos: inflación prevista y cláusula gatillo. Allí el tema no pasa por los salarios, sino que la función del Ministerio de Economía es observar los precios. Por ejemplo, recordó que hubo muchos precios que se aumentaron con el dólar a $4 y que nunca bajaron.

Para terminar, reclamó un nuevo punto de partida que tenga que ver no solamente con el salario sino también con las normas “que liberen de las ataduras” generadas en los últimos años, y en la dictadura militar, sobre la negociación colectiva.

Seguidamente, la Dra. Noemí Rial admitió que no hay experiencia en concertación social, y que es indispensable “no olvidarnos que hemos salido de una crisis muy profunda y que no podemos volver a cometer los mismos errores”.

Para ella, el marco de una concertación social exigiría el suficiente compromiso de los tres actores de la negociación -el Estado, los empleadores y los trabajadores- para realmente acordar los parámetros económicos que van más allá de la fijación de salarios y de precios. “El tema es que en la Argentina haya una mejor distribución del ingreso”, sentenció.

En cuanto a las sumas no remunerativas establecidas por decreto, explicó que se trató de una solución transitoria pero que de ninguna manera dejan de ser la puerta abierta para que en la negociación colectiva impacten sobre los acuerdos sociales. De ese modo, indicó que esos aumentos incorporados al convenio obligaron a los actores sociales a sentarse a rever categorías y escalas salariales.

Rial también comentó que hoy en día hay una negociación absolutamente nueva en la que el Estado colabora con los equipos técnicos porque a veces los sindicatos no cuentan con una estructura adecuada y en otros casos porque es la legislación la que obliga a hacerlo.

Asimismo, puso a disposición de la audiencia datos correspondientes de enero y diciembre de 2004, meses en los que se firmaron y se homologaron 348 convenios y acuerdos salariales, “que es el mayor nivel de negociación desde la década del ‘90”. Remarcó que se ha resuelto un grave problema de representación empresarial, porque habían desaparecido en este transcurso del tiempo muchas entidades que fueron las representativas y podían suscribir genuinamente un convenio colectivo de actividad o de rama de actividad.

Para culminar, arengó a los interesados y a la comunidad en general a luchar contra el trabajo no-registrado. “No basta solamente requerir al Ministerio de Trabajo que vuelva a sus competencias originales”, expresó. En este camino “vidrioso” resaltó la necesidad de la voluntad de los empresarios, que deben saber que no pueden competir contra quienes no tienen en blanco a sus trabajadores, y también de los sindicatos que tienen que darse cuenta que es imprescindible para aumentar el poder adquisitivo de sus trabajadores.