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Año VIII - Edición 149 28 de septiembre de 2009

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Propuesta de una Política de Estado para el Sector Energético Argentino

  • Nota de Tapa

DURANTE EL ACTO, LOS DIVERSOS ESPECIALISTAS INVITADOS EXPLICARON ALGUNOS PUNTOS DE LA PROPUESTA Y CONCLUYERON EN UN ESTADO COMPROMETIDO CON EL SECTOR ENERGÉTICO ARGENTINO

En el marco de las actividades que se realizan en conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo, el 14 de septiembre pasado la Comisión del Bicentenario organizó esta conferencia que reunió en el Aula Magna de nuestra Facultad a los ex Secretarios de Energía de la Nación, Ing. Jorge Lapeña, Dr. Alieto Guadagni, Ing. Emilio Apud, Lic. Enrique Devoto, Cdor. Raúl Olocco, Dr. Julio César Araoz, Dr. Daniel Montamat e Ing. Roberto Echarte.

Acompañaban al Decano, Dr. Atilio A. Alterini, personalidades como el ex Vicepresidente de la Nación, Dr. Víctor Martínez, el Dr. Rodolfo Terragno y el Dr. Juan José Grigera Naón, entre la numerosa y calificada concurrencia.

De manera introductoria, el Vicedecano Dr. Tulio Ortiz expresó que el hecho de debatir dentro de la Facultad de Derecho y de la Universidad de Buenos Aires un documento relacionado con el futuro argentino es de suma importancia, demostrando que dentro del ámbito académico, “lo mejor que se puede hacer es discutir la verdad y la virtud”, siguiendo la máxima de Mariano Moreno.

En primer lugar, el Ing. Jorge Lapeña aclaró que el documento presentado fue elaborado por 8 ex Secretarios de Energía de la Nación que ejercieron sus funciones entre el año 1983 y 2003, y tiene la contundencia de todo resumen, sin presentar ambigüedades, reflejando el pensamiento actual de los autores y conformando un “acuerdo respecto a un diagnóstico objetivo de la situación actual del sector energético, con una opinión colectiva de que la situación es crítica”. Asimismo, hizo un breve resumen del estado de situación del sector que es altamente comprometida respecto de los hidrocarburos; una disminución en la producción de crudo, desde el año 1998, que lleva a la importación; disminución en la reservas de petróleo y gas natural, sin descubrir yacimientos significativos; y una producción doméstica de gas natural en decadencia desde el año 2004. Por otra parte, advirtió que no se cumple con la legislación de fondo del sector y que es reemplazada por una cantidad excepcional de normativa complementaria de dudosa eficacia, debilitando a las instituciones, que se encuentran supeditadas a otras instancias gubernamentales.

Finalmente, estimó que existe un sector energético en declinación productiva que manifiesta un problema estructural que abarca aspectos técnicos, tarifarios, legales, políticos e institucionales, mientras que “la solución de uno sólo no resuelve el problema, hay que dar una solución política y omnicomprensiva”.

A su turno, el Dr. Alieto Guadagni explicó que la “triple tenaza” es “el tránsito de un estadio, caracterizado por energía abundante, exportada y barata, a otro caracterizado por energía importada, cara y escasa”, hecho sumamente grave para la Argentina que tiene una matriz vulnerable. En tal sentido, afirmó que “hemos perdido, desde el año 2000 para acá, la mitad de las reservas de gas y hoy tenemos un 30% menos que en la década del 90”, atribuyéndolo a las políticas vigentes, que desestimulan sistemáticamente el esfuerzo exploratorio, como también a la inestabilidad jurídica, la falta de normas estables y la discrecionalidad en los actos. Luego, comentó la nueva política de tener tres grandes bloques: en primer lugar, la exploración, seguido por la diversificación de la matriz energética y, por último, la conservación y eficiencia energética, que no será posible si no hay precios realistas.

Para finalizar, enfatizó en que se debe eliminar la amenaza de la “triple tenaza”, con una política clara de estímulo a la producción de hidrocarburos, “basados en reglas competitivas, y movilizando al Estado y al capital privado a donde tenga que estar”.

Acto seguido, el Ing. Emilio Apud consideró como oportuna la frase que presenta el folleto de invitación al evento, de Mariano Moreno, “porque habla de la necesidad de que la verdad y las ideas tienen que ser discutidas y ventiladas, costumbre que en nuestro sector no se practica mucho”, sino que, a veces, la verdad ha sido ocultada y cambiada por una ficción. Así, destacó que la dirigencia política tiene la responsabilidad de realizar la política del sector, haciéndose cargo de la misma los sucesivos gobiernos, ya que “lo único que nosotros podemos hacer es una propuesta para la formulación de esa política”, y la propuesta presentada se basa en haber roto un tabú, que era el de buscar un consenso, y se logró luego de un gran esfuerzo, dejando de lado las discusiones derivadas de distintas visiones.

Concluyó explicando que el trabajo contó con dos etapas: una de diagnóstico, del cual surge la descapitalización del sector, el agravamiento de la dependencia de los combustibles fósiles o de los hidrocarburos, el uso irracional de la energía y la degradación institucional del sector; y el otro, la realización de propuestas sobre la base del primero.

Posteriormente, el Lic. Enrique Devoto describió que actualmente no se cumple con la legislación vigente, las instituciones sectoriales se encuentran debilitadas, no existen tarifas racionales que lleva a desórdenes en el funcionamiento del Estado, y muchas veces, “las instituciones son empleadas para justificar arbitrariedades en la gestión”.

Por su parte, señaló que la propuesta consiste en dotar de mayor institucionalidad al sector y se debe reconstruir la capacidad del Estado Nacional para fijar con criterio estratégico la política sectorial. A su vez, aseguró que “las instituciones necesitan modernizarse, actualizarse y corregir todo lo que no haya funcionado; esto implica cubrir los vacíos institucionales que pueda haber en el sector”. Sin embargo, opinó que la política del gobierno se tiene que enlazar con la política de Estado, de una vigencia de 25 años, y así dentro de cada gestión el gobierno pondrá su impronta dentro de esta política de Estado.

Hacia el final de su ponencia, resaltó la necesidad de una política de precios y tarifas racionales “para que le dé racionalidad al consumo, pero también para que le dé previsibilidad y racionalidad a los sectores, en cuanto a sus necesidades de inversión, ya que sin esto no se pueden crear las condiciones para traer inversiones de largo plazo”.

Seguidamente, el Contador Raúl Olocco manifestó que el documento se basa en un consenso para un sector del cual no se conoce lo suficiente, refiriéndose a un tema del documento que consiste en reivindicar la licitación pública como una manera transparente de abordar las obras que se necesiten en el sector público, específicamente en el sector energético nacional. Observó entonces como requisitos para rescatar este instrumento que el Estado tiene que tener una vocación fundamental de que esto sea así, si el Estado no hace de esto una política, no va a servir la licitación como instrumento adecuado y necesario. También deben existir estudios medioambientales, como viene desarrollándose en el mundo, que permitan incluirnos en el financiamiento internacional por la magnitud de los proyectos que conlleva el sector energético. Consideró imperioso, además, incluir una tarifa de precios que sea previsible para brindar elementos necesarios a todos los contratistas que vayan a participar, una planificación de sector a mediano y largo plazo, con un inventario de obras perfectamente definida a futuro, y una estabilidad tributaria y certeza jurídica en los contratos.

Finalmente, resaltó que “para que una licitación pública sea lo que fue, debemos evitar la constante emergencia del sector energética; las reglas debe ser claras y previsibles para el Estado y sus contratistas”

Más adelante, el Dr. Julio César Aráoz aseveró que los objetivos del documento fueron acercarse a la mayor certeza de la realidad energética actual y tratar de hacer propuestas de discusión que permitieran elaborar una nueva política energética a partir de las necesidades económicas de nuestro pueblo, pero fundamentalmente respetando la calidad de vida. Puntualizó también que tenemos una alta dependencia en gas de hidrocarburos en el 87% y ahora “nos encontramos en una situación de declinación, con un modelo agotado, una realidad energética disminuida y la necesidad de ir construyendo una nueva situación energética a la altura de los tiempos que vivimos”. Señaló asimismo que el horizonte de reserva de petróleo era de 10 años, y hoy tenemos entre 7 y medio y 8 años, y que los pozos petroleros que producían un promedio de 9 metros cúbicos diarios, hoy el promedio es de 5 metros cúbicos, lo que significa una caída del 45%. Por último, opinó que el gobierno actual no tiene políticas ni proyectos energéticos.

A continuación, el Ing. Roberto Echarte indicó que la matriz energética argentina está influida por el uso de los combustibles líquidos, hidrocarburos y el gas. Frente a este problema, estimó razonable buscar alternativas para incorporar a un parque de generación insuficiente nuevas oportunidades de satisfacer la demanda. Una de las posibilidades es el aprovechamiento del recurso hídrico. De tal manera, explicó que las obras hidroeléctricas utilizan un recurso renovable cuyos costos de explotación son relativamente reducidos y sus instalaciones físicas tienen una duración bastante larga. En cuanto a la Argentina, sostuvo que nuestro país tiene la posibilidad de utilizar sus recursos hídricos y mencionó que el único río nacional bien aprovechado es el Limay donde está el Chocón y las obras subsidiarias. En el resto la experiencia indica que se ha priorizado el uso del recurso hídrico compartido, se ha trabajado mucho sobre las soluciones del Paraná y el Paraguay. En el Paraná, se ha hecho Yacyretá y no se ha podido terminar por viejas polémicas históricas. Remarcó que estos recursos compartidos están en la zona húmeda del país, que corresponde a la Cuenca del Plata donde está el 70% de la población del país, el 80% de la producción agropecuaria y el 85% de la industrial.

Para concluir, sostuvo que “debe pensarse cómo se podría utilizar a largo plazo recursos propios, a través de planificación y consenso”, se cuestionó cómo hacer racional la incorporación de alternativas al uso petrolero e instó a ponerse de acuerdo en definir el financiamiento y la prioridad de cada una de las obras.

En el final del evento, el Dr. Daniel Montamat brindó un análisis de los consensos que plantea este documento. Aclaró que el primero fue sobre el diagnóstico, el estado de situación, que consistía en el debilitamiento institucional del sector y la falta de previsibilidad, entre otras. Además, se logró un consenso en recapitalizar el sector de energía, que se trata de una cuestión de inversión, de tiempo y confianza. Puntualizó entonces que descubrir petróleo y gas nuevo -si la exploración es exitosa- demanda entre 10 y 12 años a partir de la fecha, en cambio una represa o una central atómica demanda entre 7 y 8 años. Advirtió que la inversión en capital fijo es susceptible a los oportunismos de los distintos gobiernos de turno, “cuánto más el sector energético, donde hay segmentos caracterizados como servicios públicos, y donde los bienes y servicios finales tienen alta sensibilidad social”, expresó.

Por último, aseveró que el sector público no puede hacer toda la inversión sino que requiere del sector privado. Por tal motivo, son necesarios los consensos y las políticas de Estado planteadas en el documento, que consisten en que el sector energético funcione en el mercado y el Estado, la necesaria inversión pública y de capital privado, la planificación energética y asignación de mercado. En cuanto a la disyuntiva entre el Estado intervensionista o Estado ausente, afirmó que debe tratarse de una política de Estado presente y decente, realizar una gestión transparente y ágil, un autoabastecimiento y mercado regional, y propender al desarrollo y medioambiente.
Para concluir, los expositores respondieron las preguntas del público asistente.