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Año VII - Edición 123 22 de mayo de 2008

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Presentación del Informe General de las Investigaciones sobre Malos Tratos físicos y Torturas en las Cárceles Federales

  • Nota de Tapa

Con la destacada presencia entre el auditorio del Profesor Emérito Dr. David Baigún; del Juez de Ejecución Penal, Dr. Sergio Delgado; y de la Defensora General Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires, Dra. Betina Castorino, el 29 de abril pasado la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó el “Informe General de las Investigaciones sobre Malos Tratos Físicos y Torturas en las Cárceles Federales”. El evento, realizado en el Salón Verde de nuestra Facultad, contó con la presencia del Decano Dr. Atilio A. Alterini; el Procurador Penitenciario de la Nación, Dr. Francisco M. Mugnolo; la Directora de la Investigación, Lic. Alcira Daroqui y de un destacado grupo de panelistas constituido por los Dres. Mónica Pinto, Roberto Bergalli, Gustavo Palmieri, Roberto Cipriano García, Marcos Salt y la Lic. Silvia Guemureman. La Dra. Mariana Lauro, quien se desempeña como Directora Institucional del Informe de Tortura y Malos Tratos tuvo a su cargo la moderación del encuentro.

El acto comenzó con las palabras del Decano Dr. Atilio A. Alterini, quien consideró apropiada la presentación del informe en nuestra Facultad habida cuenta de que “nos concierne todo lo jurídico” y que ello incluye a las protecciones que nuestra Carta Magna establece para las personas que se encuentran bajo el régimen penitenciario. En tal sentido, recordó que uno de los objetivos centrales es el Centro Universitario de Devoto, donde la Facultad tiene permanente presencia. Por último, manifestó su acuerdo con el Profesor Honorario Carlos Fernández Sessarego, quien se opone a la designación “penas privativas de la libertad” sobre la base de sostener que la libertad “va con el individuo, con el pensamiento, el alma”.

Luego el Procurador Penitenciario Dr. Francisco M. Mugnolo resaltó que la investigación toma como base sus propios antecedentes; informes anuales de al menos 15 años de antigüedad, recomendaciones y denuncias judiciales. Sostuvo también que investigar sirve para fortalecer la calidad institucional que deben tener los organismos del Estado, así como para producir conocimientos de la realidad que permitan operar con ella de modo más eficiente. Por otra parte, destacó el reconocimiento de la Argentina como líder regional de concepto en materia de Derechos Humanos y expresó que ello se refleja en la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuya entrada en vigencia hiciera prever a los miembros de la Procuración el deber de abordar un trabajo materializado en la investigación presentada.
Seguidamente, remarcó el estrecho contacto existente entre la figura de la Procuración Penitenciaria y los mecanismos de prevención. Asimismo, explicó que la investigación pretende ser un punto de inflexión en la discusión sobre el tema del Protocolo y que, además, implica tener un mecanismo de control informado y documentado de los casos de tortura y otros vejámenes perpetrados en el Sistema Penitenciario Federal. Sin embargo, lamentó que conforme avanzaba su trabajo, se produjera una estrategia de restricción autoritaria y sin fundamentos a la tarea. A tal respecto, recordó que se intentó ante la Corte Suprema una acción tendiente a obtener una declaración relativa a la imposibilidad del órgano controlado de imponer límites al que debe controlarlo. Finalmente, argumentó que no es posible querer continuar haciendo invisible lo que es visible y que la investigación debe ser un instrumento de trabajo para erradicar la tortura de las cárceles y de todos los lugares del país.

A continuación, la directora de la investigación, Lic. Alcira Daroqui, enfatizó en la trayectoria investigadora de la Procuración en aras de colaborar en la producción de conocimiento desde un órgano del Estado. Además, expresó su preocupación por la visión de la temática tratada “como un tema novedoso, cuando en realidad la cárcel es desde su creación misma una institución de violencia”. En lo relativo al objeto y método de la investigación, describió que la recolección de información se efectuó mediante la encuesta a 933 personas encarceladas y otros relevamientos de pabellón que involucraron a más de 7.000 detenidos. Seguidamente, expuso los datos obtenidos y concluyó que el problema analizado se trata de violencia institucional estatal actual. Describió ciertas prácticas y negó la posibilidad, incluso fáctica, de aplicación de las mismas como “mecanismo para salvaguardar el orden” en tanto se ejercen regular, sistemática y organizadamente por funcionarios estatales. Por último, opinó que negar las cifras y las conclusiones que surgen es negar la voz de los presos y presas; “ellos son discursos que matan porque legitiman encubriendo la impunidad”, concluyó.

Por su parte, la Presidenta de Editorial Eudeba, Dra. Mónica Pinto, consideró que el informe demuestra cómo toda la generosa normativa en materia de protección de los Derechos Humanos y Garantías fundamentales puede presentar “cuadros de laguna y hasta de océanos”, es decir, que existe una disociación entre la normativa y la práctica. Asimismo, resaltó que del informe surge una correspondencia entre los parámetros de violencia institucional carcelaria con los existentes en la sociedad extramuros. Destacó también que la dinámica del maltrato viene por la vía de una segunda sanción, no escrita, no permitida ni legitimada. Para concluir, indicó que el problema no es normativo sino cultural y que en la actualidad se hace imperativa la disminución de la brecha entre el objetivo, la norma y la práctica.

El Dr. Roberto Bergalli, seguidamente, opinó que la investigación no descubre algo desconocido en Argentina ni en el planeta. Al mismo tiempo, indicó que los sistemas penales modernos, en especial los ejercidos con prepotencia y uso abusivo de los recursos jerárquicos, son los ámbitos de mayor violación de las garantías y derechos fundamentales que el iluminismo penal introdujo en la cultura de occidente. En otro orden de ideas, manifestó que la sociedad argentina, que tuviera la capacidad de recapacitar y regenerar su conciencia colectiva democrática, no puede ignorar que para mantener esta última tiene que hacer una tarea de introspección porque la democracia institucionalizada en el régimen político tiene su raigambre en la sociedad. De manera concluyente, expresó su deseo relativo a que el informe no sólo obtenga el conocimiento público que es indispensable que adquiera, sino que también mantenga una línea de investigación que pueda ser ejemplar para otras épocas y otras formas de organización del control del sistema penal.

Posteriormente, el Director del Programa de Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Dr. Gustavo Palmieri, subrayó el dolor y la indignación que provoca el informe que, a diferencia de otros, contiene detalles, nombres y patrones sistemáticos de conducta. Por otro lado, hizo referencia al apartado del informe, donde se transcriben los relatos de los presos y calificó como perversa una posible negación de la existencia de estos hechos. Prosiguió sosteniendo que, en muchos casos, las fuerzas de seguridad generan mecanismos para la salvaguarda de los autores de delitos de apremios y tortura, ello, sumado a las dificultades que se plantean en las causas penales, resulta en un alto grado de impunidad.

A su turno, la Subsecretaria de Gestión de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires, Lic. Silvia Guemureman remarcó que “dadas las dificultades que conlleva investigar las agencias de control social, en particular cuando se trata de apremios y torturas, la realización de este informe tiene una importancia política fundamental”. Asimismo, calificó al informe como valiente debido a que la sola presentación de resultados constituye en sí misma una brutal denuncia sobre lo que pasa en las cárceles argentinas. Por otra parte, expresó que uno de los valores más trascendentes es su interpelación a las autoridades y a los responsables, en definitiva, su exigencia de medidas urgentes.

Finalmente, consideró que los resultados no podrán ser neutralizados mientras desde los lugares del saber y de producción de conocimiento se asuma el compromiso intelectual y político ante los problemas sociales de envergadura, y desde los organismos de derechos humanos se apele a la conciencia, a los registros y a la memoria.

El Director del Comité contra la Tortura de la Comisión bonaerense por la Memoria, Roberto Cipriano García expresó el alivio que le provocó leer el informe ya que este constituía una deuda en el marco del sistema federal. De esa misma manera, celebró su existencia y el hecho de que finalmente se estuviera hablando de torturas sistemáticas en el Sistema Penitenciario Federal. Destacó la necesidad de no olvidar que este sistema penitenciario fue formado en la dictadura y en el sistema de seguridad nacional. Más tarde, dijo que en la Provincia de Buenos Aires interpusieron más de 10.000 denuncias contra la Policía y el Servicio Penitenciario Bonaerense y que el problema es en realidad que de 1.900 causas, sólo 95 de ellas se elevaron a juicio.

Para concluir, calificó a este tipo de informes como la única y mas valiosa herramienta para que el Estado Nacional supere lo discursivo en materia de Derechos Humanos y lo plasme, traduzca, ejecute en políticas concretas.

Para cerrar el panel, el Dr. Marcos Salt explicó que el sistema penal pierde legitimación cada vez que apaña la violación de los Derechos Humanos, y esto se traduce en la comisión de un delito mayor, perpetrado esta vez contra el preso. Esta situación se agrava si tenemos en cuenta que en la mayoría de los casos los presos no tienen condena.

A modo de conclusión, la Dra. Mariana Lauro, destacó que la Procuración Penitenciaria entiende que la investigación constituye un punto de partida indispensable para seguir avanzando respecto de la prevención de actos de tortura en contextos de encierro y que es un punto de partida ineludible para conocer cual es la situación sobre la que es necesario operar en el sistema federal respecto de los malos tratos y las torturas. Por otra parte, destacó la necesidad de apelar a la responsabilidad de los funcionarios políticos y miembros del parlamento, en el sentido de preservar los organismos de control, no cercenarle facultades y tener presente que solo la independencia de dichos organismos puede no tornar ilusorios los compromisos internacionales en materia de prevención de la tortura.