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Año XIV - Edición 247 07 de mayo de 2015

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La Facultad lanzó el Centro de Derechos Humanos

  • Nota de Tapa

Con una gran cantidad de público asistente, el 23 de abril la Facultad puso en marcha el Centro de Derechos Humanos en el marco de un panel donde Víctor Abramovich, Claudia Martín, la Decana Mónica Pinto y Martín Sigal (director del Centro de Derechos Humanos) se refirieron a los desafíos en la agenda de Derechos Humanos.

En primer término, la Decana Mónica Pinto relató que luego del restablecimiento democrático, la Facultad que decidió incluir a los Derechos Humanos fue la Facultad de Derecho. “Ese plan de estudios de 1985 cambió la cara de la enseñanza del Derecho (…) incluyó Derechos Humanos y Garantías desde la oferta de cursos de 1986, con carácter obligatorio, para todos aquellos que se inscribieran en la carrera de Abogacía”, remarcó. Luego, se propuso que en el segundo ciclo de la carrera quienes se decidieran por el Derecho Público pudieran hacer una opción en materia de Derechos Humanos. Posteriormente, en 2009, la Facultad abre la Maestría y la Carrera de Especialización en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que ya lleva tres cohortes. “La formación de una generación de graduados en derecho con enfoque de derechos humanos probablemente haya sido una de las mejores contribuciones de la Facultad de Derecho de la UBA a la sociedad argentina y a la ciudad de Buenos Aires en la construcción de la democracia”, enfatizó la Decana Mónica Pinto. Este camino llevó a que el Consejo Directivo haya acompañado la propuesta de la gestión de crear un Centro de Derechos Humanos en la Facultad para poder capitalizar esas generaciones de graduados, estimular y formar nuevos profesionales comprometidos con la defensa de los derechos humanos, organizar actividades que permitan aportar a la construcción de política pública en estos temas y liderar una mayor articulación entre la Facultad y las instituciones dedicadas a los derechos humanos. Por otra parte, entendió que los desafíos actuales apuntarían a cuestiones contextuales como la corrupción y la pobreza, pero no podría desatender cuestiones clásicas como los derechos civiles y políticos, la administración de la justicia, la libertad de expresión, el ejercicio de derechos políticos y no podría ignorarse la necesidad de generalizar los derechos económicos, sociales y culturales.

Luego, el director del Centro de Derechos Humanos de la Facultad, Martín Sigal, manifestó que la decisión de crear un Centro de Derechos Humanos se apoya en una concepción de la educación universitaria que tiene como eje central la convicción de que nuestro país requiere una educación superior que contribuya eficazmente a la convivencia democrática, al respeto por el disenso y la diversidad, a promover un espíritu de solidaridad y cooperación que se ocupe intensamente de problemas y dinámicas de justicia que nuestra realidad plantea permanentemente. En ese sentido, señaló que identificaron cuatro tipos de problemas en los que hay interés en contribuir: el primero -y el más acuciante- está constituido por situaciones que padecen grupos que han sido históricamente discriminados y maltratados. Otra problemática tiene que ver con el funcionamiento de ciertas instituciones tendientes a defender derechos: por un lado, las cortes locales; luego, agencias públicas que definen y diseñan políticas y, en tercer lugar, cortes internacionales o sistemas internacionales de protección. Un tercer tipo está dado por la necesidad de discusiones novedosas.  Finalmente, como cuarta dimensión, Sigal hizo alusión a los cambios que se producen a partir de la incorporación de los tratados de derechos humanos en nuestro sistema interno.

Hacia el final, indicó: “Para perseguir los objetivos, el Centro se va a basar en una actividad de articulación entre docentes, graduados, estudiantes y activistas de derechos humanos”.

Luego, Claudia Martín (graduada en Derecho por la UBA, Co-Directora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, American University Washington College of Law) se refirió, como un desafío, a la legitimidad del sistema, la selección de los candidatos y la elección de los miembros y los jueces de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “En el caso particular del sistema interamericano, la Corte Interamericana ha desarrollado con mucha fuerza la noción del control de convencionalidad, que implica decirles a jueces nacionales y otros órganos del Estado que tienen la obligación de contrastar las prácticas nacionales y las leyes nacionales y determinar la convencionalidad de las mismas”, a la luz de las obligaciones de la Convención Americana y de la jurisprudencia que la Comisión y la Corte producen. Este requisito para que los estados y los órganos presten atención e implementen las obligaciones del Tratado y la jurisprudencia presupone la credibilidad de quienes toman las decisiones a nivel internacional, particularmente requiere que las personas de esos roles cumplan con requisitos importantes como la independencia, la imparcialidad, la representatividad y la idoneidad.

Víctor Abramovich (profesor de Derechos Humanos de la UBA y Director de la Maestría en Derechos Humanos de la UNLA) mencionó algunas cuestiones que se plantearon al momento de planificar estratégicamente el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús, que pueden llegar a servir sin perjuicio de la dimensión. “Nos planteamos cuatro líneas (…) Por un lado, el trabajo al interior del espacio universitario, en segundo término el trabajo de vinculación con la comunidad y el activismo social, que es clave en la temática de derechos humanos, la participación en el espacio público político y la posibilidad desde un espacio universitario nacional de trabajar no solo a nivel nacional sino también a nivel regional y global”, describió. Asimismo, señaló la manera en que gran parte del desarrollo de las violaciones masivas y sistemáticas que se dieron durante la dictadura tuvieron mucho que ver con el apoyo técnico, político, social que recibieron de una comunidad jurídica activa en el acompañamiento de ese proceso de terrorismo de Estado. En consecuencia, aseveró que si bien la dictadura termina en diciembre de 1983, su legado en la Facultad de Derecho persiste y “es interesante ver que el trabajo de derechos humanos que se hizo en la Facultad fue transformando al interior de esta Facultad y la comunidad jurídica en general”.

“La formación de una generación de graduados en derecho con enfoque de derechos humanos probablemente haya sido una de las mejores contribuciones de la Facultad de Derecho de la UBA a la sociedad argentina y a la ciudad de Buenos Aires en la construcción de la democracia”, enfatizó la Decana Mónica Pinto.