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Año IX - Edición 157 25 de marzo de 2010

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La doctora Mónica Pinto asumió como Decana de la Facultad de Derecho

  • Nota de Tapa

EL DOCTOR ALBERTO J. BUERES ACOMPAÑARÁ A LA DOCTORA PINTO COMO VICEDECANO DE ESTA NUEVA GESTIÓN QUE SE PROPONE RETOMAR LOS GRANDES PROBLEMAS NACIONALES DESDE UN ENFOQUE UNIVERSITARIO.

En una ceremonia realizada en el Salón de Actos, la Dra. Mónica Pinto asumió como Decana para el período 2010-2014. Junta a ella estuvieron presentes el Vicedecano electo Dr. Alberto J. Bueres; el Decano saliente, Dr. Atilio Alterini; el Vicedecano saliente, Dr. Tulio Ortiz; el Rector de la UBA, Dr. Rubén Hallú; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo L. Lorenzetti; autoridades y profesores de nuestra Casa y de la Universidad.

En primer término, el Decano saliente, Profesor Emérito Dr. Atilio A. Alterini, hizo referencia a la publicación del informe de gestión del período 2002–2010 y destacó la adjudicación de las Rondas Nacionales del Concurso Phillip C. Jessup de Derecho Internacional por parte de la representación estudiantil de la Facultad.

Asimismo, agradeció a la Decana electa Dra. Mónica Pinto, quien lo acompañó en su primer período; y al Vicedecano de los últimos cuatro años de gestión, Dr. Tulio Ortiz, que estuvo a su lado en momentos difíciles y cumplió con mérito, desempeño y decisión las funciones designadas.

En la misma línea, recordó a su equipo de gestión que “permitió que pueda culminar este período de ocho años muy satisfecho con los resultados obtenidos”, y a los que han desempeñado las distintas secretarías, a los claustros de profesores, de graduados y estudiantes, ya que todos confluyeron en la tarea creativa y, especialmente, a los no docentes que con su dedicación, aplicación y esmero han permitido que se dictaran clases regularmente y que los índices de seguridad y pulcritud de esta Casa sean aceptables.

Entretanto, estimó que “hemos enarbolado los postulados reformistas de la universidad pública que recogió la Constitución Nacional en la Reforma de 1994, que es laica, gratuita, abierta, plural, participativa, democrática y progresista, que es autónoma y es autárquica, que garantiza el derecho humano a la educación mediante la calidad y la excelencia de la enseñanza y la libertad académica, la libertad de investigación y la libertad de expresión. Hemos cumplido los cometidos esenciales de la enseñanza, de la investigación y de la extensión universitaria. Lo hemos hecho enalteciendo la libertad, la libertad de pensar, de opinar y de disentir”.

Acto seguido, examinó que la Facultad de Derecho se enorgullece de preparar abogados, no sólo para grandes estudios o empresas, sino que también se los perfecciona en clínicas jurídicas, asesoramiento, mediación, arbitraje, litigio, enseñanza, investigación, docencia, notariado, diplomacia, empresa, en la función pública, por ende dicha Casa le ha dado a la República quince presidentes.

Hacia el final, destacó el reclamo, ansioso, actual de la sociedad argentina, sobre la institucionalidad y dijo que “el derecho es la estructura necesaria e imprescindible para proveer esa institucionalidad y para garantizarla, y nuestros egresados son sus operadores”, teniendo que constituir el eje de los ajustes y transformaciones, para otorgar plenitud al Estado de Derecho, y así, efectivizar la posibilidad del acceso a la justicia para todos los habitantes de la Nación, “de los ricos y de los pobres, de los fuertes y de los vulnerables, de los iguales y de los diversos, como exigencia imperiosa del dogma de los derechos humanos”.

Por último, se dirigió a la nueva Decana: “Mónica: ahora el timón es tuyo, todos, absolutamente todos, estaremos a tu lado. En nuestra Facultad y, seguramente, desde el Colegio que nos agrupa”.

A continuación, reproducimos las palabras de la Decana de la Facultad de Derecho Dra. Mónica Pinto:

Hola, ¿cómo les va? ¡Qué bueno que todos estemos juntos, en esta casa, en este momento!

Como saben, por la decisión de mis colegas profesores, con su voto y el de los graduados y los estudiantes, tengo el honor de asumir el decanato de esta Facultad de Derecho por los próximos cuatro años.

El nuevo Vicedecano de la Facultad será el Profesor Doctor Alberto J. Bueres, un hombre de la Facultad, aquí cursó sus estudios de grado y doctorado, reconocido como profesor de derecho civil, como juez y camarista, un hombre amable y conciliador pero riguroso en el mantenimiento de los estándares.
Ambos fuimos designados por un Consejo Directivo que integran, además del Decano saliente Atilio Alterini -hago propicia esta ocasión para agradecer al Doctor Alterini su gestión en esta casa, en la que ha enseñado, generado doctrina; también por su preocupación permanente por el vínculo entre la Facultad y el ejercicio profesional-, los Dres. Beatriz Krom, Jorge Kielmanovich, Mario Ackerman, Marcelo Gebhardt, Mary Beloff, Mariano Genovesi, Darío Richarte, el Vicedecano Alberto Bueres, Enrique Zuleta Puceiro, Esteban Centanaro, Alfredo Soto, Diego Chami, Eduardo Barbarosch, Marcelo Haissiner y Jorge Berbere Delgado por el claustro de profesores; Alejo Monner Sans, Lilian Lapadula, Jorge del Azar, Javier Petrantonio, Mariano Mugnolo, Fernando Barrera, Gabriela Castillo y Julio Aren por el claustro de graduados y los estudiantes Nicolás de la Cruz García, Luciana Gallardo, Maitén García Lavalle, Hernán Arce, Lucila Gómez Ares, Luis Sánchez, Manuel Quinteros y José Daniel Alvarez Vera.

Todos ellos identificados con esta casa, propulsores de la educación pública. Todos en distintos espacios del gobierno de esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la más importante del país y figura relevante del mundo latinoamericano. En épocas de poco diálogo como la que vivimos, este Consejo supo dar muestra de amplitud y generosidad, conformando una lista de unidad de profesores y, además, decidiendo elegirnos por unanimidad. Esa unanimidad que nos honra, también nos obliga a ser amplios y efectivos.
La Universidad, esta Universidad y en ella nuestra Facultad, no puede ser pensada solamente en función de la producción de conocimientos. La Universidad es también y, muy especialmente, un centro de reflexión, un ámbito donde se construyen concepciones del mundo; un lugar en el que debe comprenderse lo que pasa en la sociedad.

Nuestra sociedad, la argentina en América Latina y el Caribe, llama a una educación superior que contribuya eficazmente a la convivencia democrática, al respeto por el disenso y la diversidad, a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación; que construya la identidad continental; que genere oportunidades para quienes hoy no las tienen y que contribuya, con la creación del conocimiento, a la transformación social y productiva de nuestras sociedades.

En este orden de ideas, en la Universidad y desde la Universidad, en la Facultad y desde la Facultad es necesario promover el respeto y la defensa de los derechos humanos, incluyendo: el combate contra toda forma de discriminación, opresión y dominación; la lucha por la igualdad, la justicia social, la equidad de género; la defensa y el enriquecimiento de nuestros patrimonios culturales y ambientales; la seguridad y soberanía alimentaría y la erradicación del hambre y la pobreza; el diálogo intercultural con pleno respeto a las identidades; la promoción de una cultura de paz.

Esta casa tiene por objeto la enseñanza del derecho en un contexto de educación pública, laica y gratuita. Se trata, como señala el Estatuto Universitario, de una institución prescindente en materia ideológica, política y religiosa pero que no se desentiende de los problemas sociales, políticos e ideológicos. Su compromiso es con la democracia, con el respeto de la Constitución y las instituciones republicanas. Hoy, esto quiere decir estado de derecho, división de poderes, instituciones republicanas, elecciones periódicas, concretización de la igual libertad y dignidad de todos los seres humanos.

Esta democracia es hoy más plena porque NOSOTRAS que, desde siempre integramos la comunidad académica de derecho de la UBA, seguiremos, como siempre, dando clase, investigando y también conduciendo. Esta democracia es hoy más plena porque es más representativa y más igualitaria en el respeto de las diferencias, porque computa pisos, puntos de partida y no define techos.

Estos problemas nos sitúan en el debate del derecho, un debate del poder y de la autoridad que hoy se da en el escenario democrático, que la Argentina y la Facultad recuperan el 10 de diciembre de 1983. Nuestro compromiso es con la autonomía, el cogobierno y la gratuidad de la enseñanza universitaria de grado.

En una Facultad de Derecho como ésta se forman, obviamente, jueces, defensores, fiscales, abogados litigantes, todos aquellos que integran o colaboran con el Poder Judicial. Pero también estudian acá presidentes, ministros, investigadores, quienes integran la comunidad civil organizada, quienes hacen la política cultural de un país y del mundo. Se forman también aquí traductores y calígrafos públicos, expertos calificados en el proceso judicial. También los profesores que introducen la presentación del derecho en ámbitos no universitarios. En cierto modo, y en relación con algunos temas y situaciones, una Facultad de Derecho tiene a su cargo la formación de personajes que devienen una suerte de brokers del poder del derecho y que actúan en ámbitos muy variados. Además, es la principal proveedora de integrantes del Poder Judicial, una rama del Estado que sólo integran los egresados de las Facultades de Derecho. Abogados e integrantes de la judicatura protagonizan el servicio de administración de justicia, concretizan el derecho a la jurisdicción, piedra fundamental del Estado democrático y derecho humano violado en todas y cada una de las ocasiones en las que se pierden la independencia y la imparcialidad para decidir sobre los problemas de las personas.

¿Qué derecho enseñamos? Si la pregunta puede parecer obvia porque por generaciones, con sus más y con sus menos, se han recorrido todas las ramas tradicionales del tronco jurídico, cabe hoy pensar que los cambios estructurales y contextuales que se han dado en el entorno, obligan a una reflexión.

Una sólida formación jurídica básica, con una visión multicultural del mundo y una clara conciencia del papel del derecho como regulador social y como garante de la libertad y la dignidad de las personas debería ser el objetivo del ciclo profesional común.

El entrenamiento en el arte de pensar en derecho es la dinámica que permite formar juristas aptos para enfrentar un mundo de relaciones complejas y desafiantes. La posibilidad de ingresar en las especificidades de las distintas ramas del derecho y, al mismo tiempo, el acceso a las problemáticas más recientemente planteadas cumple con los requisitos del ciclo profesional orientado.

¿Cómo enseñamos el derecho? En la época del “cortar y pegar”, de los códigos on line, la pregunta es pertinente. El derecho como orden jurídico evoluciona con la sociedad cuyas relaciones rige. Aprender derecho no es memorizar normas sino entender el lenguaje del derecho, su dinámica, su lógica, su adecuación a la realidad que regula.

La óptica pedagógica es importante por la calidad del aprendizaje y por su permanencia. Lo que se enseñe debe ser enseñado de modo tal que el graduado esté en condiciones de afrontar nuevas realidades y sus consiguientes entornos jurídicos, con herramientas que la Facultad le haya proporcionado. En este sentido, podemos proponernos que la calidad de la enseñanza y del aprendizaje siempre sea mejor. Además de la necesaria decisión personal en intentarlo puede contarse con el apoyo de esta casa y de esta gestión que hoy se inicia y de recursos materiales aptos.

En esta tarea, podemos hacer espacio para fortalecernos como claustro de profesores, generando el debate y la óptica interdisciplinaria sobre una misma problemática, acostumbrándonos a la reunión informal para el debate del derecho.

Buscaremos y desarrollaremos planes y programas nacionales e internacionales que optimicen las posibilidades de formación de los estudiantes. Ninguna de las distintas lecturas universitarias sobre la calidad de enseñanza omite la excelencia y para eso trabajaremos pero también lo haremos para que el compromiso social atraviese la educación en derecho.

La Facultad inició sus prácticas de intercambio estudiantil a nivel internacional en los albores del siglo XXI. Los estudiantes que cursan un semestre en una institución del exterior sólo deben solventar sus gastos de estadía. Este requisito es cada día más gravoso para la población que habita la Facultad y que hoy es privilegiada por la posibilidad de hacerlo. La participación del sector privado a través de fondos para becas de financiación de estas estadías de intercambio debería permitir que los candidatos sólo se preocupen por satisfacer los estándares académicos exigidos. Esto no sólo redundaría en beneficio de quienes obtengan los mejores lugares en los concursos sino de la comunidad de derecho.

La participación de profesores y estudiantes en el ámbito internacional puede incrementarse. Una mayor circulación más fluida, la construcción de proyectos de investigación y trabajo comunes con otras instituciones, la oferta de postgrados específicamente diseñados para estudiantes extranjeros, la celebración de eventos internacionales son algunos de los datos a considerar.

En abril de 2011, la Asociación Internacional de Facultades y Escuelas de Derecho, IALS, de la que la Facultad es miembro desde el año 2005 junto con otras 200 Facultades de 45 países del mundo, y que tengo el agrado de presidir desde mayo de 2008, celebrará su asamblea anual en esta casa y desarrollará un programa educativo sobre lo que enseñamos y cómo lo enseñamos.

La investigación y el derecho tienen difíciles relaciones en términos formales y burocráticos. En derecho se investiga pero podemos investigar más y en mejores condiciones. El derecho se filtra en la inmensa mayoría de nuestros actos cotidianos. Debemos incidir en los criterios y pautas para asignación de fondos para la investigación en la Facultad y las relacionadas con las dedicaciones especiales de sus docentes de modo de satisfacer mejor un área de trabajo importante. También debemos darnos una política más activa en el ámbito público y privado, nacional e internacional, que permita financiar proyectos que, en definitiva, mejoren la calidad de vida de los individuos.

La función de extensión de la universidad pública argentina es la que tiene por finalidad extender la universidad a la sociedad no universitaria, poner en ejecución la política de retribución, devolver a la sociedad que la financia un aporte con alto valor agregado. Es también el cable a tierra en los procesos de investigación y enseñanza.

La actividad primaria de la Extensión Universitaria en la Facultad de Derecho es el servicio de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, es decir el curso de Práctica Profesional obligatorio para todos los estudiantes de la carrera de Abogacía y que, por esta misma razón, cae también bajo la órbita académica. Podemos profundizar la política de la Facultad en esta área y llegar a más gente. El desafío es ensanchar el acceso a la justicia; la política es tender a la inclusión social.

Promover la cultura nacional es una acción de cumplimiento inexcusable por la universidad pública. El Ciclo de Grandes Conciertos de la Facultad de Derecho seguirá cosechando éxitos e intentaremos la misma senda con el tango y el folklore; también las artes plásticas.

El Departamento de Graduados viene organizando cursos de actualización para abogados. Se trata de una tendencia que lleva pocos y exitosos años en la Facultad. Ella nos permitirá instalar el criterio de la capacitación continua.

El Postgrado de la Facultad ofrece un panorama que incluye maestrías, carreras de especialización, programas de actualización y cursos independientes. Una integración de esta oferta con criterios de articulación entre las diferentes propuestas debería maximizar sus resultados y disminuir cargas administrativas permitiendo, además, una mayor participación de los profesores regulares. El doctorado, título más alto que otorga la UBA, llama a una articulación con las maestrías y especializaciones de modo de asumirse como el tercer peldaño de la educación universitaria.

La Facultad tiene que recuperar el abordaje de los grandes temas nacionales con el enfoque que le es propio, el universitario, por definición plural. Sus profesores expresan los más variados puntos de vista y ello los hace incluso más idóneos como claustro para dar el debate. La educación pública a la que adherimos nos reclama el deber de asistir al ciudadano, al contribuyente, en el esclarecimiento de los temas del derecho que tendrán incidencia en su vida. Los tiempos indican la oportunidad de hacerlo. La universidad es un actor social importante. Si el mérito es un criterio en ella para tomar la palabra y dar la enseñanza, la democracia es el criterio del alcance de su saber.

Nos proponemos trabajar para que la educación pública sea realmente educación para todos. Continuaremos con el programa de becas, buscaremos asistir en la salida laboral a nuestros graduados, contribuiremos a su perfeccionamiento profesional.

Este plan de trabajo, las diez pautas para un gobierno de la Facultad de Derecho de la UBA, que sufragaron los profesores, graduados y estudiantes, suponen participación plena de todos. Se trata de un plan de trabajo necesariamente plural en el que puedan canalizarse las iniciativas que permitan cumplir los fines de la Facultad en esta hora.

No tengo que decirles el honor que significa esta tarea; tampoco tengo que decirles que la haremos todos porque ya lo saben.

¡Gracias! ¡Mañana empezamos y el jueves 11 a las 7 horas iniciamos las clases!