Jornada Nacional Universitaria sobre Seguridad

• Nota de Tapa

Se llevó a cabo el 19 de agosto en nuestra Facultad y en todas las Facultades de Derecho de  Universidades Públicas, la Jornada Nacional Universitaria sobre Seguridad.  Estuvo organizada por el Departamento de Derecho Penal de la Facultad, y se trató del primer debate de esta magnitud sobre el tema.

Apertura - Aula Magna

El acto de apertura, transmitido por videoconferencia la Universidad Nacional del Sur, estuvo a cargo del Decano de la Facultad, el Dr. Atilio Alterini, quien explicó que la decisión de realizar esta Jornada fue tomada por el Consejo Permanente de Decanos de Universidades Nacionales.  Señaló la importancia de la participación académica en este debate, destacando el espíritu festivo de los asistentes. Comentó que en la Facultad existe un alto grado de producción en ese sentido, a partir de la edición del Digesto Jurídico Argentino en donde van a figurar “en una ley todas las leyes”, de manera de contribuir a la cognoscibilidad de las normas. Este precepto se complementa con su estabilidad y vigencia efectiva a fin de conformar la tan ansiada seguridad jurídica.

Conferencia del Prof. Eugenio Raúl Zaffaroni

La propuesta del Dr. Zaffaroni desde la cual construyó sus digresiones se relaciona con una llamativa teoría que, según él, marca hoy la tendencia: el autoritarismo cool. Esta curiosa forma de ejercicio del poder aparece al ritmo de la globalización y la transformación de los discursos en eslóganes publicitarios. De esa manera, alertó que en realidad el problema de inseguridad no es una cuestión local sino que es un síntoma que aqueja al mundo. Para Zaffaroni, hoy la técnica de control no consiste como otrora en una técnica de control violento sino que se trata de técnicas más complejas y más perversas a través de las cuales se incorporan contradicciones en las clases sociales más bajas y más politizadas. “Aquí el sistema penal se privatiza y el servicio de seguridad no se reparte equitativamente”; “a medida que aumentan las contradicciones entre los que menos tienen hay menor posibilidad de diálogo y de concientización”. Lamentó que la Argentina cuente con un servicio de seguridad en manos estatales que se deteriora y un aparato de publicidad que reproduce violencia, difundiendo miedo y autoritarismo, tanto en los ciudadanos como en los operadores políticos. Destacó también como positivo que en Latinoamérica el discurso doctrinario aún no se ha irracionalizado, como sucede en algunos lugares de Europa. Por último, instó a brindar más elementos a los jueces desde el Derecho y aclaró que “es una tarea difícil y ardua, como siempre la ha tenido el derecho penal liberal. Creo que a veces en lugar de ponernos tangueros y depresivos nos tenemos que entusiasmar”.

Comisión sobre Política Criminal – Salón Rojo

Mariano Ciafardini introdujo el debate trayendo a colación las teorías de Malthus de fines del siglo XVIII sobre la propagación de la población. Para el capitalismo el desarrollo de la población era un problema, y Malthus creía que había dos formas de enfrentarlo: que la sociedad se contenga a sí misma, o que las leyes naturales hicieran lo suyo erradicando el sobrante.  Así importamos la teoría de la tolerancia cero y las penas agravadas, como recetas que sugieren que hay gente que sobra y debe ser excluida. También aprovechó para citar un documento del Banco Mundial en donde se reconoce a la desocupación y a la inseguridad como las causas de la inseguridad. Su visión no admite grises: “si no quiero ser maltusiano, tengo que pensar en la inclusión y por ende en una mejor distribución de la riqueza. Se necesita una urgente política social, todo lo demás tiene que discutirse después y a partir de esta urgencia; sin eso se está perdiendo el tiempo”.

Lucila Larrandart consideró que la política criminal tiene que ser general y no una suerte de “parches”. Su punto de vista estriba en que antes de dictar leyes se debe fijar una política amplia donde el sistema penal sea utilizado como última ratio. “No es cierto que no haya recursos; lo que falta es eficiencia”, sentenció. Agregó que hoy el sistema penal argentino no tiene capacidad investigativa ya que las tareas son asignadas a las agencias policiales. Propuso aumentar la participación ciudadana y trazar objetivos de corto, mediano y largo plazo. “Los jueces deben ejercer el control de las acciones y tener espíritu de docentes”. “Tiene que quedar claro que el aumento de penas no soluciona los problemas”.

Héctor Mario Magariños sostuvo que el constituyente, mediante un reducido conjunto de principios, ha establecido el modelo de sistema penal que desea; y no cualquier Derecho Procesal Penal es apto para llevar a cabo esos principios. Fue claro cuando dijo que si la Justicia no asume un rol activo frente a la protección de ese juego democrático, no hay quien pueda hacerlo. Su recomendación es que el Estado diseñe racionalmente la política criminal y no al ritmo del sentimiento de las víctimas. Adujo que existe gran cantidad de instituciones intermedias que deben tener un espacio de actuación previo al del sistema penal: la escuela, la familia, la preparación profesional, etc. “Ellas deben preparar a la sociedad para la convivencia en paz; la norma penal no crea valores”.

Carlos Cruz basó su ponencia en tres ejes: 1) la existencia de una legitimación de los discursos penalizantes; 2) la ineficacia del sistema penal actual para dar respuestas; 3) el intento de aplicar el contrato social a aquellos que han sido excluidos. Fue terminante al decir: “este discurso de la seguridad es el remedo postmoderno de la doctrina de seguridad nacional”. Sugirió también que parece imponerse un discurso preventivo especial negativo de exclusión. Más tarde expuso una serie de estudios que realizó en base a estadísticas para demostrar que el aumento de las penas no incide en el número de delitos. Expuso que el problema principal es la marginación social: “El mapa de la pobreza de menores es un calco de los delitos de menores”.  Alertó finalmente sobre el curioso discurso que propugnan hoy algunos en favor del accionar del Estado en materia punitiva, cuando antes eran los mismos que pedían por su retirada en materia social.

Comisión sobre Prevención y Reacción Penal – Aula Magna

Gustavo Bruzzone comenzó afirmando que hoy hay una tendencia a la prevención especial negativa tendiente a excluir y no a resocializar. El extremar las penas para delitos muy graves, recalcó, hace que también se agrave la penalización de delitos comunes. Recomendó que desde la universidad se comience a trabajar en estudios serios para dar herramientas a los jueces, haciendo evaluaciones de jurisprudencia. “hay que darle a los jueces el bagaje teórico correspondiente para independizarlos de cualquier otro condicionamiento”. También sugirió la reinterpretación de las normas de ejecución condicional de la pena y de la probation. “Hoy no podemos olvidarnos que las políticas criminales y las ejecuciones judiciales no pueden evadir los principios constitucionales y los tratados internacionales de Derechos Humanos”. Instó a defender un derecho penal de ciudadanos y no de enemigos, a la vez que pidió por la especialización en las tareas judiciales y por el trabajo en conjunto.

Carlos Alberto Beraldi –Ex Secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires– se refirió a cómo organizar el servicio de seguridad y para ello compartió un trabajo que viene desarrollando hace tiempo. Explicó que el conurbano bonaerense representa un 0,13% de la superficie de la república y que concentra el 30% de delitos totales del país. Su idea es armar todo a partir de la construcción del concepto de “región”. Habría que definir objetivos, políticas estratégicas, una estructura orgánica, normativa regional y un eje de principios a los cuales atenerse. Que el departamento regional tenga una junta de gobierno, un comisionado de seguridad y una comisión parlamentaria propia. También le asignaría un patrimonio autónomo, fiscalizado por audiencias públicas. A su vez, propuso formar una Policía nueva que abarque todo el territorio bonaerense. “El marco jurídico propuesto permitiría hacer concretas las ideas con el compromiso de las más altas autoridades políticas de la región”.

Diego Zysman,  citando a David Garland, sugirió que estamos siendo testigos de la erosión del mito del Estado soberano. Esto se da por el aumento considerable de los delitos y la incapacidad del sistema penal. El delito se ha vuelto diario en nuestra vida; a partir de él organizamos nuestra vida. Todo gira alrededor del temor al delito más que del delito mismo. Seguidamente, sostuvo que el delito no va desaparecer. Así explicó como lo que hoy vemos son políticas adaptativas ligadas al populismo punitivo de una sociedad que quiere negar la existencia de ese delito. También agregó que las últimas regulaciones de la libertad condicional y el aumento de las condenas hasta los 50 años son quiebres históricos que rompen con la idea de resocialización que imponen los tratados. “Hay que intentar de exteriorizar el consenso aquí logrado. La Facultad debe dejar de estar encerrada en sí misma si pretende realizar algún aporte relevante en esta lucha”.

Marcos Salt resaltó la poca incidencia que el sistema penitenciario puede tener sobre la solución de problemas de seguridad. Se disculpó por su inevitable pesimismo. El problema de la seguridad se ha agravado al convertirse en un hecho político. La inseguridad es un concepto subjetivo. Cualquier programa racional debe contemplar el corto, el mediano y el largo plazo. A continuación explicó que aun con el mejor sistema judicial, la inseguridad va a seguir vigente. “El rol de la Universidad es advertirlo”. Apuntó que si bien el principio de resocialización está siendo rechazado, es un principio constitucional. Es muy importante trabajar regionalmente e incluso hasta se podría unificar en el marco del MERCOSUR. “Admitir la resocialización es admitir riesgos, y asumir esos riesgos es una decisión estatal”.

Cierre – Aula Magna

Marcelo Sain enfocó el tema desde tres aspectos: 1) Hay un profundo desgobierno de la seguridad en la Argentina. Se ha trasladado el trabajo a las agencias policiales y no hay diagnósticos ciertos, sólo hay lecturas de coyuntura en base a las páginas de los diarios. 2) La clase política no conoce de qué se trata la estructura institucional ni sus prácticas. 3) No hay estrategias antidelictivas. Hay una gran segregación que generan interacciones fuertemente violentas que no necesariamente están ligadas con la pobreza. Asimismo, advirtió que la Argentina tiene una enorme cultura de la ilegalidad. El discurso predominante hoy aparece en Blumberg, que desconoce que las soluciones no parten de la norma. Pero el progresismo cree que la comunidad va a resolver todo. Ambas visiones maniqueas no articulan ninguna lectura seria acerca de qué razones reales hay detrás de esto. “Creo que falta una estrategia nacional de seguridad”.

Gustavo Palmieri (CELS) opinó que el Derecho puede ser una herramienta útil para solucionar estos problemas. Convocó a reconstruir los lazos de ciudadanía: nuevas formas y mecanismos de resolver la conflictividad social, por ejemplo, ampliando el acceso a la justicia. Sostuvo que un Estado de democracia hace circular la violencia; allí la violencia existe, y debe ser administrada racionalmente para que los conflictos se resuelvan del modo menos violento posible. En cuanto a lo institucional acentuó que la Justicia tiene una función de contralor sobre los otros aparatos estatales, no sólo debe perseguir el delito. Instó a desarrollar defensas públicas fuertes para que los fiscales se vean obligados a investigar y a no buscar un pronto arreglo. “El problema de la seguridad no sólo tiene que ver con el discurso sino también con las prácticas”.

Máximo Soso adelantó que “hay que tener una idea más global y no sólo mirar a la Policía”. En el plano intelectual, tanto desde la derecha como desde la izquierda se cuestiona el sistema de rehabilitación como fin. “Es preciso repensar la política sin tener que pensar al Estado como una mitificación o como un Leviatán”. Destacó que hoy la penalidad se legitima democráticamente. “Es preciso resistir partiendo de que las tendencias punitivas no son inevitables. Tiene que ver con lo que hacen seres humanos de carne y hueso”.

Marcelo Sancinetti expresó que “la pena sólo interviene en la comunicación entre el infractor y la sociedad. Se trata de intercambios de mensajes y respuestas. El agresor se expresa con un signo y la sociedad le responde que su comportamiento es erróneo. La vida real no puede ser protegida en el sentido físico por el derecho penal. La pena es un símbolo. La sociedad que responde con más fuerza aumenta la violencia de la comunicación. Es preciso que el estado no se aparte de lo correcto que impera porque de lo contrario la sociedad ya no podrá más decirle al delincuente que él está equivocado. El sistema penal no puede quedar a merced de la emotividad irracional de la víctima. La regla debe ser la estabilidad de las normas penales. El desafío es recuperar la identidad social perdida y un sistema proporcional regido por los tratados de DDHH”.

David Baigún, observó que “el problema de la inseguridad es un problema que ha sido enfocado unilateralmente por el temor a la integridad física. Pero hay que recordar que no es sólo el miedo respecto a lo que pueda ocurrir con el cuerpo humano sino que tiene una geometría más amplia que está relacionada con los derechos sociales. No hay política criminal si no existe política social. Es nuestro deber formular las propuestas correctas que debe hacer el sector democrático o de la transformación. No se trata de una tarea utópica. No podemos callarnos frente a las nuevas medidas. Porque si las críticas son en voz baja y no somos capaces de trasladar nuestras opiniones a la opinión pública frente a la coyuntura actual no habremos cumplido con nuestra condición de juristas e intelectuales”.