IV Encuentro de Operadoras de Justicia de América Latina “Derechos Humanos, Justicia y Género”
Cecilia Medina y Marta Lamas
Cecilia Medina y Marta Lamas
Elena Highton de Nolasco y Mónica Pinto
Elena Highton de Nolasco y Mónica Pinto
IV Encuentro de Operadoras de Justicia de América Latina “Derechos Humanos, Justicia y Género”
IV Encuentro de Operadoras de Justicia de América Latina “Derechos Humanos, Justicia y Género”
Desde el año 2009, las instituciones que integran la Articulación Regional Feminista de Derechos Humanos y Justicia de Género (ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, de Argentina; Coordinadora de la Mujer, de Bolivia; Corporación Humanas, de Chile, Colombia y Ecuador; La Cuerda, de Guatemala; Equis: justicia para las mujeres, de Méjico; y DEMUS – Estudios para la Defensa de la Mujer, de Perú) han comenzado a trabajar en la creación de un Observatorio de Sentencias Judiciales para monitorear y difundir principalmente las sentencias de los tribunales superiores de justicia de seis países de América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. El proyecto, implementado bajo la coordinación de la organización argentina ELA, comenzó a incorporar en 2010 el relevamiento de otros dos países de la región: Guatemala y Méjico.
Al cumplirse el tercer año de funcionamiento de los Observatorios creados por la Articulación Regional Feminista, tuvo lugar el IV Encuentro de Operadoras de Justicia de América Latina “Derechos humanos, justicia y género” con el objetivo de reunir a un número reducido de magistradas, fiscales y defensoras de los países de la región, que compartieron dos jornadas de discusión y debate a partir de sus experiencias en el ejercicio de las funciones que desempeñan. El Encuentro comenzó el 30 de mayo, con una jornada abierta al público en nuestra Facultad de Derecho, y continuó los días 31 de mayo y 1º de junio en el Salón Ninfas del Hotel Savoy.
En esta primera jornada de trabajo, disertaron las Dras. Mónica Pinto (Decana de la Facultad de Derecho), Elena Highton de Nolasco (Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación), Cecilia Medina (Directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile), Marta Lamas (antropóloga mejicana) y Rebeca Grynspan (Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Administradora Asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
La primera en tomar la palabra fue la Dra. Mónica Pinto, quien abordó los mecanismos internacionales sobre la protección de derechos de las mujeres, haciendo referencia al sistema de casos en el ámbito de la CEDAW. Aludió entonces a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, destacando el éxito de esta normativa e indicando que existen 186 Estados parte, sobre los 192 de las Naciones Unidas. Advirtió, a su vez, que este instrumento internacional no prevé ningún mecanismo de reclamo directo por la violación de los derechos protegidos. Sin embargo, señaló que el Protocolo facultativo de la CEDAW puso en marcha un mecanismo de reclamo no muy diferente a los ya existentes y se encuentra en vigor hace una década para el mundo y desde el 2007 en Argentina. Luego, la Decana desarrolló casos admisibles e inadmisibles que llegaron al Comité, abarcando la violencia doméstica, violaciones y la situación de las refugiadas. Asimismo, precisó que el Comité tuvo una serie de casos vinculados con la inadecuación legislativa respecto a la desigualdad de las mujeres en relación a la titularidad de derechos. De tal modo, estimó favorable contar con un sistema de reclamo de la CEDAW, por el alcance universal que puede tener. Resaltó además la ausencia del litigio estratégico, refiriéndose a la construcción de un buen caso en el ámbito nacional para que cuando llegue al ámbito internacional permita causar algún impacto dentro del ámbito interno a fin de lograr cambios. Afirmó, finalmente, que los casos de violencia son situaciones complejas y consideró necesario saltar por encima del caso concreto, abordando completamente el cuadro de violencia al que están sometidas muchas mujeres.
Por su parte, la Dra. Elena Highton de Nolasco comentó las acciones del Poder Judicial y específicamente las de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de políticas circunscritas al género. En cuanto a la política de acceso a la justicia, destacó la labor de la Oficina de la mujer y la de violencia doméstica, ambas dentro de la órbita de la Corte Suprema. Explicó entonces que la Oficina de la mujer se encuentra a cargo de la Dra. Argibay y trabaja en el ámbito interno del Poder Judicial, a través de la capacitación en género en todos los tribunales del país, tanto nacionales como provinciales, contando con la colaboración de las Nacionales Unidas. En relación a la Oficina de violencia doméstica, la disertante señaló que se encuentra a su cargo y trabaja hacia fuera, con grupos de expertos y peritos que atienden directamente al público, entre ellos, asistentes sociales, abogados y psicólogos y médicos que constatan lesiones físicas y actúan para colaborar con los jueces tanto civiles como penales. “Allí se realiza el informe de riesgo en el momento, el cual antes tardaba 3 o 4 meses, con el fin de que el juez dicte alguna medida”, expresó.
Para concluir, manifestó que se abrieron tres oficinas en las provincias de Tucumán, Salta y Santiago del Estero e identificó que el 80% de las víctimas son mujeres, y sufren violencia psíquica en un 70%, psicológica en un 90%, económica en un 30% y sexual en un 14%.
A continuación, la Dra. Cecilia Medina brindó algunas reflexiones en torno al sistema interamericano para la situación de la mujer, precisando que no cuenta con una Convención específica, sino que existe una Convención general que cubre a todos los individuos. Estimó muy importante, corroborar que los Estados cumplan con la obligación de tomar las medidas necesarias para garantizar el goce de los derechos humanos sin discriminación.
Seguidamente, se explayó sobre el caso “campo algodonero”, cuya sentencia ha sido dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando la expositora actuaba como Presidente de este Tribunal. En tal sentido, remarcó que se utilizó jurisprudencia de diversos casos dictados por la Corte, aplicados a la cuestión de género. En aquel caso se descubrió un patrón generalizado de secuestros, desapariciones, torturas y finalmente asesinatos, de 11 jóvenes mujeres, pobres y con poca instrucción. Sin embargo, la Comisión aceptó como víctimas a 3. Así, se identificó el patrón del modus operandi, del tipo de víctima y la tramitación de estos casos en el ámbito nacional sin resultados. “La Corte se centró en la obligación de garantizar, que empieza con la obligación de prevenir”, manifestó. La sentencia distinguió dos etapas: hasta antes del descubrimiento de las niñas y la etapa posterior, donde la investigación de la justicia debe ser inmediata y urgente, exigiendo medidas de políticas públicas desde que el Estado se enteró de estos acontecimientos. Marcó entonces las irregularidades en el manejo de evidencias, opinando que las líneas de investigación específica deben incluir una perspectiva de género para dar la orientación apropiada. En cuanto a la reparación, afirmó que la Corte fue creada para que diera una solución particular, por lo cual debió analizar el contexto en que se realizó la violación individual, brindando garantías de no repetición. “Cuando el Estado infringe una obligación internacional, primero, está obligado a hacer cesar la violación; segundo, debe reparar; y tercero, debe dar garantías de no repetición”, concluyó la disertante.
A su turno, la Dra. Marta Lamas trató la globalización, la diversidad y el derecho de las mujeres, sosteniendo que “hablar de derechos humanos implica centrarse en la diversidad cultural, en los valores y en el universalismo; para construir mundialmente una convivencia respetuosa, se vuelve imprescindible establecer una plataforma de valores”, observó. De tal modo, resaltó que en las democracias se ha estado dando un debate para definir el piso de valores universales que todas las culturas deberían compartir. Sin embargo, aclaró que existen cuestiones difíciles de encontrar consenso, como en la sexualidad y reproducción. Subrayó que al construir una ética sexual y reproductiva con valor universal, prevalece sobre el debate el criterio universalista de aplicar una regla a todas las personas en distintas culturas, planteando que cada uno tiene derecho a elegir su vida sexual y reproductiva mientras no afecte a terceros. Entendió entonces que en la reproducción el tema más cuestionado es el aborto, reconociendo posturas polarizadas que confunden lo moral con lo jurídico. Así, manifestó que las resistencias religiosas frente a la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos son parte de un proceso que reconoce que las necesidades sociales requieren ser reguladas adecuadamente por el Derecho. Planteó, asimismo, que la desigualdad procreativa entre mujeres y hombres ha sido la base material sobre la cual se ha construido la subordinación social femenina y ha resultado complejo tomar otra mirada que no tome a las mujeres como hembras paridoras sino como sujetos en su propio derecho. Resaltó que en el dilema del aborto, el interrogante debe enfocarse en quién debe tomar la decisión sobre la interrupción del embarazo, ya que ni el Estado ni la Iglesia deben tomarla, por lo cual requiere un tratamiento penal distinto, que garantice que las ciudadanas tengan la posibilidad de decidir si procrear o no, teniendo en miras que paulatinamente se evite abortar al contar con educación sexual y anticonceptivos seguros.
Hacia el final, Rebeca Grynspan trató la cuestión de la inequidad del género y la general en el contexto de América Latina y el mundo, respecto del desarrollo humano. En tal sentido, resaltó los progresos que se han producido, a través de la expansión del acceso de la mujer en educación, en el mercado de trabajo y en el ámbito político, ya que se avanzó en el derecho a elegir y ser elegidas, como tema insertado en agendas políticas. Tomando una mirada global, advirtió cuestiones rezagadas, como los indicadores de mortalidad materna, que es el objetivo de desarrollo del milenio.
Por otra parte, hizo referencia al Informe de desarrollo humano 2010, explicando que el índice de inequidad de género reúne tres categorías: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. Así, distinguió 5 indicadores incluidos en el índice de inequidad: la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo; el nivel educativo de las mujeres a nivel secundario y superior; la participación de mujeres en Parlamentos; la mortalidad materna; y la fertilidad adolescente. Aportó entonces los resultados y señaló que el promedio a nivel mundial es de 0.56, teniendo en cuenta que 0 es total igualdad y 1 es total desigualdad. “Implica que estamos perdiendo un 56% del potencial que podríamos alcanzar si esa inequidad no existiera”, puntualizó la disertante. Además, sostuvo que esta situación daña a la sociedad porque le cuesta su potencial de un desarrollo humano más elevado, de producción económica y de sostenibilidad en el tiempo. “Argentina, Costa Rica, Chile y Uruguay tienen los mejores niveles de equidad de género respecto el resto de los países latinoamericanos”, expresó. Abordó, además el empoderamiento en dos ámbitos: el económico y el político. En este orden de ideas, consideró necesario fortalecer la autonomía económica, la voz política y el avance en los derechos. Puntualizó que las mujeres no confían en el sector judicial para denunciar, ya que no existe una correspondencia entre los casos de violencia que aparecen en los datos recogidos y lo que se ve representado en términos de lo que es juzgado. “Para construir sociedades equitativas e incluyentes debemos abordar la inequidad de genero”, reflexionó a modo de conclusión.
“Cuando el Estado infringe una obligación internacional, primero, está obligado a hacer cesar la violación; segundo, debe reparar; y tercero, debe dar garantías de no repetición”, postuló la Dra. Cecilia Medina.