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Año XIX - Edición 336 14 de mayo de 2020

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Derecho a la alimentación adecuada y los desafíos de las políticas públicas durante la pandemia

  • Nota de Tapa

El pasado 5 de mayo se llevó adelante la charla "Derecho a la alimentación adecuada y los desafíos de las políticas públicas durante la pandemia", en el marco del Proyecto PIDAE "Desafíos regulatorios y de políticas públicas para la garantía y protección del derecho a la alimentación adecuada" con sede el en Instituto Gioja.

En esta oportunidad, expusieron Juan Pablo Bohoslavsky (exexperto independiente para la deuda externa y derechos humanos, Naciones Unidas), Andrés Scagliola (presidente del Grupo de Trabajo para el Análisis de los informes nacionales del Protocolo de San Salvador) y Laura Elisa Pérez (experta Independiente del Grupo de Trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador).

La jornada comenzó con las palabras introductorias de la directora del Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas, Laura Pautassi.

Seguidamente, tomó la palabra Juan Pablo Bohoslavsky. “Es falso el dilema economía versus derechos humanos, que en mayor o menor medida se da en todos los países, sea para la definición de la extensión de las políticas de aislamiento y su repercusión en la economía como para definir el ritmo del levantamiento de estas mismas medidas” introdujo y expuso: “Desde una perspectiva legalista, creo que es una discusión relativamente sencilla en el sentido de que no encuentro de manera implícita o explícita ninguna sugerencia en las fuentes del derecho internacional o derecho internacional de los derechos humanos que se pueda comprometer el derecho a la vida o el derecho a la salud para producir 1 o 5 puntos más de PBI”.

Sin embargo, reconoció: “La discusión es mucho más compleja y creo que tenemos que avanzar en tratar de desentrañar qué significa economía y qué significa derechos humanos cuando escuchamos este planteo, sobre todo por parte de algunos gobiernos”. En esta línea, agregó que “los gobiernos que más fuertemente promueven este enfoque de la economía primero son los que menor interés han demostrado por reducir las desigualdades y promover los derechos económicos y sociales”.

Por otro lado, sostuvo que la lección más importante aprendida de la última crisis financiera del 2008 es que la forma en la que los gobiernos intentaron superarla –a través de políticas contracíclicas de expansión fiscal, acompañadas por medidas de ajuste, austeridad, desregulación y mercantilización entre otros sectores de la salud– tuvo efectos probadamente negativos sobre los derechos humanos y sobre el crecimiento y la desigualdad y estabilidad financiera. Y reflexionó: “En la mayoría de los países falta una evaluación del impacto de las medidas económicas, financieras, monetarias, tributarias y fiscales sobre los derechos humanos, sobre todo derechos económicos y sociales”.

A su turno, Andrés Scagliola manifestó que “la respuesta a la crisis social generada por la pandemia claramente tiene que tener una perspectiva de derechos humanos, de género e interseccional. Eso lo sabemos pero está bueno repasar las claves de qué implica”. Y puntualizó: “Este tipo de respuesta implica rescatar algunos componentes esenciales, como la interdependencia de los derechos. Estamos viendo cómo esta crisis no solo pone en jaque el derecho a la alimentación, sino que pone en jaque el derecho al trabajo y la insuficiencia de ingresos consecuente”.

En este marco, desarrolló: “Haríamos bien en aproximarnos al derecho de alimentación teniendo en cuenta qué otros derechos se ponen en juego y, por tanto, entender que no podemos dividir. Ahí vamos al segundo principio: indivisibilidad de los derechos humanos; no podemos ver de forma segmentada estos derechos que son, además, interdependientes”.

Por otro lado, puso de manifiesto la importancia de utilizar al máximo los recursos disponibles: “Parte de la exigencia de los Estados en esta respuesta es que efectivamente en la garantía de estos derechos los Estados hagan el máximo esfuerzo en asignar a esta respuesta los recursos con los que se cuenta”.

Asimismo, entendió que “los esquemas de distanciamiento social han puesto en cuestión cuáles son los mecanismos que dan los Estados en la construcción de políticas públicas para que las organizaciones sociales efectivamente participen, además de las restricciones que estas medidas imponen a derechos tan básicos”. Y subrayó que “no hay que perder la perspectiva interseccional que nos ayuda a identificar que no podemos en la respuesta segmentar a la sociedad en grupos sociales estancos y que, en todo caso, los ejes de desigualdad que están presente socialmente se cruzan entre ellos”.
Finalmente, Laura Elisa Pérez se refirió al impacto de la pandemia en el derecho a la alimentación adecuada con base fundamentalmente en un conjunto de estudios que llevó a cabo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). “A través de un modelo de simulación, considerando en general la variable central de decrecimiento económico generado por la COVID-19 en el hambre y tomando en cuenta 101 países importadores netos de alimentos, la FAO llega a la conclusión de que con un escenario medio de reducción de 5 puntos porcentuales en el PBI de estos 101 países, la cantidad de personas adicionales que están padeciendo hambre en el mundo se eleva a 38.2 millones de personas adicionales”, detalló.

A continuación, planteó cómo el monitoreo puede ser clave para el seguimiento del derecho a la alimentación adecuada en la etapa post-COVID en América Latina, teniendo en cuenta la medición de los impactos de la pandemia a nivel regional y mundial.

Hacia el final, mencionó la declaración lanzada por Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe que realizaron en conjunto las universidades representadas en el observatorio sobre una serie de recomendaciones para impulsar el derecho a la alimentación adecuada bajo el enfoque de derechos humanos. “El primer elemento central es situar la garantía del derecho a la alimentación adecuada en lo más alto de las agendas políticas nacionales. Esto retoma la idea de utilizar un enfoque integrado e interseccional de derechos de manera tal que se puedan abordar las múltiples discriminación de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema”, señaló.