VII Jornadas de Intercambio y Cooperación
Karin E. Göbel, Jorge Alejandro Amaya, Pablo Luis Manili y Silvana O. Pulice
El pasado 2 de mayo se realizaron, en el Salón Azul, las VII Jornadas de Intercambio y Cooperación en torno a los conflictos regionales y paz social y el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Organizó la actividad el Departamento de Derecho Procesal coordinadas por Jimena Jatip.
La primera mesa redonda estuvo en manos de Jorge Alejandro Amaya (Argentina, UBA) y Pablo Luis Manili (Argentina, UBA) y coordinaron Karin E. Göbel y Silvana O. Pulice. En primer lugar, Göbel explicó que el tema de la mesa estaba enfocado en quién tiene la última palabra en materia constitucional. Y agregó: “Para eso tenemos que tener en cuenta que los sistemas de control de constitucionalidad difusos le otorgan a cada juez el deber y la facultad de verificar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de los actos o de las normas, pero a esto se suma que los países de Laatinoamérica hemos aceptado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por supuesto aplica el bloque de convencionalidad”. En este marco, tras ser presentado por Pulice, tomó la palabra Pablo Luis Manili. El orador indicó que el Pacto de San José de Costa Rica se adopta en el año 1969, crea dos órganos de aplicación de derechos humanos la Comisión Interamericana y la Corte. Esta última empieza sus funciones recién en el año 1980, hasta el año 1988 solo había emitido opiniones consultivas, es decir, dictámenes, doctrina, pero no sentencias. “La primera sentencia la dicta en año 1988, que fue nada menos que la sentencia en la cual la Corte pergeñó el concepto de desaparición forzada de personas”, resaltó y agregó: “Tenemos que entender que estamos hablando de un derecho reciente, que todavía lo estamos gestando. Estamos muy lejos de tener un sistema interamericano de derechos humanos consumado”. Asimismo, manifestó que la Corte Interamericana es un órgano que tiene poco presupuesto dentro de la Organización de los Estados Americanos, pero “a pesar de estas limitaciones, la Corte Interamericana ha hecho una tarea espectacular en todos estos años. Ha hecho una tarea de avanzada; ha debido adaptarse a un continente donde los estándares de protección de los derechos humanos son muy dispares”, reconoció y reflexionó que, lamentablemente, en nuestro continente hay mucha pobreza, ignorancia y todavía quedan muchos gobiernos autoritarios. “A pesar de la ola democratizadora que comenzó en el año 1983, todavía quedan muchos gobiernos que se burlan de los derechos humanos”, sostuvo. A su turno, Jorge Alejandro Amaya expresó que “si hay un tema que flota en el aire de los tiempos constitucionales, es justamente el debate en torno a la última palabra constitucional, es decir, cuál es el órgano más eficiente y más legítimo desde el punto de vista democrático para tener la última palabra en términos constitucionales en un sistema de autogobierno popular y en un sistema de estado constitucional que impone límites al modelo de autogobierno popular a través del ejercicio del poder constituyente”. En esta línea, entendió que no es un tema menor, sino que, por el contrario, es un tema de mayor relevancia “porque quien tiene la última palabra constitucional en una democracia constitucional, tiene, en gran parte, el control de la cultura legal”, señaló. En este marco, explicó que quien tiene la última palabra en términos constitucionales le va a decir a los poderes políticos del estado hasta dónde una ley es constitucional o no, o hasta donde los derechos de los habitantes de una comunidad pueden estar ejercidos, regulados, cuáles son sus limitaciones. Con relación a dónde se deposita la última palabra constitucional, el orador expuso que algunos países depositaron la última palabra en los jueces, “exclusivamente en los jueces”. Otros países lo depositaron en un mix entre jueces y otros organismos. Más adelante, aseguró que el tema del debate de la última palabra en términos constitucionales, revive cuando el derecho internacional y, particularmente el derecho internacional de los derechos humanos, “comienza a ingresar en los distintos sistemas jurídicos de nuestros países latinoamericanos principalmente por la adhesión a la Convención Interamericana de Derechos Humanos en la década del 80”.
Luego, la segunda mesa redonda contó con las ponencias de Andrés Linares Carranza, Norma Isabel Bouyssou y Fabián Mondragón Pedrero. La tercera mesa redonda se llevó adelante con la participación de Ernesto Contreras Lamadrid, Adelina Loianno y Rogelio Paredes Pérez. Seguidamente, Cuauhtémoc Hugo Contreras Lamadrid, Calogero Pizzolo y Silvestre Constantino Mendoza González expusieron en la cuarta mesa redonda. Hacia el final, el embajador de México, Fernando Jorge Castro, realizó una conferencia.