VI Encuentro Nacional de Ejecución Penal
En el marco del 10º aniversario de la sanción de la Ley 24.660 (sobre Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad), los días 14, 15 y 16 de septiembre se realizó en la Ciudad de Buenos Aires el VI Encuentro Nacional de Ejecución Penal. El encuentro, que tuvo lugar simultáneamente en la Facultad de Derecho y en el Centro Universitario de Devoto (CUD), fue organizado por la Fundación La Linterna Ciencias Jurídicas y Sociales, por la Universidad Nacional de Rosario y por INECIP. La actividad fue declarada de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y contó con la adhesión de 15 entidades gubernamentales y no-gubernamentales vinculadas a la Justicia.
Representando respectivamente a las tres entidades organizadoras, los Dres. Gabriela Gusis, Juan Lewis y Cristina Caamaño Iglesias Paiz dieron la bienvenida al encuentro y se mostraron orgullosos por lograr que estuvieran presentes todos los actores involucrados de manera directa o indirecta con el tema carcelario. A su vez, aprovecharon para agradecer a todos los que colaboraron en la realización del evento.
El panel inaugural versó sobre “Conflictividad en las Cárceles” y en él participaron Rodrigo Borda (CELS), Stella Maris Martínez (Defensora General de la Nación), Francisco Mugnolo (Procurador Penitenciario), Federico Ramos (Subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación), Carlos Rotundo (Subsecretario de Política Penitenciaria de la Provincia de Buenos Aires), Fernando Navarro (Diputado bonaerense) y Norberto Borrajo (Asociación Civil por el Bien Común de los Encausados Penales). La presentación estuvo a cargo de Natalia Belmont (INECIP), quien propuso a los panelistas la siguiente pregunta: ¿Cómo les parece que se puede avanzar en la gestión de la conflictividad carcelaria, en particular en lo que atañe a la sobrepoblación penitenciaria?
Para Fernando Navarro, “debemos afrontar las cuestiones y visualizarlas desde un ámbito mucho más colectivo, donde cada uno tiene que cumplir un rol y ‘estrechar filas’ para construir una sociedad más justa”. Si bien enumeró como los principales problemas la represión, la “mano dura”, el endurecimiento de las leyes, el cada vez más bajo promedio de edad y la falta de sentencia para al menos el 60% de los encarcelados, Navarro sostuvo que se puede volver a creer en la justicia si se pone el acento en la recuperación del trabajo, la producción y la inclusión social.
Por otra parte, se dirigió a sus colegas exigiendo que “los que legislamos debemos estar vinculados íntimamente; si no nos ligamos a la sociedad —a la que además debemos cambiar—, es muy difícil que podamos modificar las leyes o la voluntad política”.
Por último, llamó a confiar en el trabajo conjunto y a “no dejar que el dolor y la bronca nos ganen, o escondernos atrás de una reja, o no poder transitar ni siquiera a la esquina”. “Se trata —agregó— de nuestro presente y futuro como sociedad”.
En segundo lugar, Carlos Rotundo focalizó en cinco causas de la conflictividad carcelaria. La primera es la superpoblación penitenciaria, con sus efectos de hacinamiento. La segunda es la caracterización negativa que se sigue manteniendo respecto de esa superpoblación: un 70% son jóvenes menores de 30 años, adictos positivos, chicos marginados, etc. El tercer elemento lo constituye la elevada cantidad de internos procesados, de los cuales el 81% están sin sentencia firme y de ellos el 56% ni siquiera tiene sentencia de primera instancia. Como cuarto aspecto, Rotundo señaló que hay poca cantidad de personal afectado a la custodia y el tratamiento de los presos, y el poco que existe está mal distribuido. Y como última causa, destacó la inadecuada formación de ese personal y la enormidad de casos de corrupción interna”.
Desde el lado de la gestión, Federico Ramos comentó que recientemente han lanzado un Plan de Infraestructura Penitenciaria que prevé la incorporación de 4.500 plazas en un lapso de tres años. No obstante ello, aclaró que “no se quieren más cárceles ni más detenidos” porque si la política criminal que engloba a los tres Poderes del Estado sigue siendo la misma que hasta ahora, “las plazas siempre van a ser insuficientes”. A modo ilustrativo, Ramos explicó que en el año 1984 en el régimen federal había 2.355 internos; diez años después había 5.467; en el año 2000 había 6.800; y a fines del 2005 se cuentan casi 9.700.
Según Stella Maris Martínez, el trabajo de los defensores para disminuir el hacinamiento en las cárceles va por dos carriles: por un lado, intentando disminuir la población carcelaria cuando se trata que la gente no vaya a la cárcel, se solicitan excarcelaciones, absoluciones, etc; y, por otro, ejerciendo tareas de control.
Sin embargo, la Defensora no tuvo reparos en cargar gran parte de la responsabilidad en los jueces: “Cuando las cárceles están superpobladas, los que obligan a alojar a los presos son los jueces; deberíamos empezar a controlarlos”. Continuando con un tono acusador, sostuvo que “la cárcel es per sé conflictiva y no resocializa a nadie; una superpoblada es mucho más conflictiva, ya que viola todos los derechos humanos de las personas que están en su interior y es un foco altísimo de violencia”.
Por su parte, Francisco Mugnolo entendió que se trata ante todo de un problema estructural. “La sociedad debe tomar conciencia de que los detenidos son parte de ella y de que la exclusión, la marginación, las condiciones de vida dentro de los penales, etc., todo influye para que luego, cuando los condenados recuperan la libertad, en vez de estar mejor estén mucho peor” —opinó.
Más tarde, Rodrigo Borda advirtió que en mayor o menor medida el problema de la superpoblación o violencia carcelaria se da en todo el país. De acuerdo con los datos del CELS, en la Provincia de Buenos Aires la morosidad de la Justicia sobrepasa los parámetros normales: "La cantidad de personas que están privadas de libertad sin tener condena firme oscilan entre el 85 y el 90% . Son personas que en general están por lo menos 3 o 4 años privadas de su libertad antes del juicio oral” —señaló. A su vez, calificó como una “degradación de las personas” a la superpoblación carcelaria, criticando también a los jueces quienes “siguen conviviendo con esto sin hacerse cargo del problema”.
Finalmente, Norberto Borrajo indicó que cuando una persona que está detenida en la cárcel, no tiene acceso al estudio, ni tiene acceso a determinadas cosas que hacen a la dignidad de las personas, una vez que esa persona vuelve a la calle, “seguramente estará sin trabajo y lo más probable es que vuelva a robar”.
Posteriormente, el encuentro continuó con un segundo panel, “Organización, funciones y vida laboral del Servicio Penitenciario”, y el día viernes, en el CUD, se disertó sobre “Política penitenciaria y pos-penitenciaria”. Más tarde, se realizó el panel “La judicialización de la ejecución de la pena” y las jornadas cerraron el sábado con el panel “Protocolo Facultativo” y la proyección de un documental sobre la actividad desarrollada en el CUD.