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Año XXIV - Edición 420 01 de mayo de 2025

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Una luz en la oscuridad justicia penal y gobierno de facto

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El pasado 14 de abril, en el Salón Azul, se desarrolló el conversatorio "Una luz en la oscuridad: justicia penal y gobierno de facto", organizado por la cátedra Luis Fernando Niño y el Departamento de Derecho Penal y Criminología. El encuentro contó con la participación de destacadas figuras del ámbito judicial y académico: Luis Fernando Niño, Stella Maris Martínez, Guillermo A. C. Ledesma, Carlos Cruz y Daniel Rafecas. El evento fue moderado por Florencia A. Castro. El encuentro se propuso reflexionar en forma colectiva sobre el rol de la justicia penal durante los gobiernos de facto en la Argentina, con particular énfasis en el accionar judicial frente al terrorismo de Estado entre 1976 y 1983.

La apertura estuvo a cargo de Juan Bautista Líbano, especialista en Criminología, quien explicó los objetivos del conversatorio y las motivaciones que impulsaron su organización. Subrayó que la cátedra de Criminología ha sostenido en el tiempo una serie de actividades centradas en la figura del profesor Niño, que generan gran interés entre el estudiantado. “El pasado reciente argentino es uno que nos interpela más que nunca; hoy en día seguimos padeciendo las consecuencias del terrorismo de Estado”, sostuvo. A su vez, hizo énfasis en la necesidad de discutir el rol que ocupó el Poder Judicial durante la última dictadura militar, tanto desde su complicidad explícita como desde su silencio. Finalmente, destacó la importancia de abrir espacios de diálogo que promuevan la reflexión crítica y el compromiso con los derechos humanos.

El primero en exponer fue el juez federal Daniel Rafecas, quien propuso una lectura desde la perspectiva criminológica. Compartió su experiencia en la causa conocida como Prueba Cuerpo de Ejército, que investiga delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar. Según señaló, esta causa puede considerarse una heredera directa del histórico Juicio a las Juntas celebrado en 1985. Para contextualizar, identificó tres hitos fundamentales que marcaron el proceso de justicia transicional en la Argentina: el Juicio a las Juntas, los nuevos juicios reanudados en la década del 2000 y la creación de la CONADEP. Destacó también que muchas de las condenas dictadas en el Juicio a las Juntas fueron revisadas y reforzadas en instancias judiciales posteriores. “Las penas impuestas están significativamente a la par de la multiplicidad y gravedad de los delitos”, planteó, y concluyó afirmando que “estos procesos son continuos; mientras haya acusados, esto va a continuar”.

Luego tomó la palabra Guillermo A. C. Ledesma, quien relató su experiencia como juez de instrucción durante los años de la dictadura. Describió el clima de miedo imperante y cómo los rumores sobre violaciones a los derechos humanos comenzaban a circular sin conocerse aún la magnitud real de los crímenes. “Lo que escuchamos en los juicios era mucho más grande de lo que nosotros pensábamos”, afirmó. Relató también los conflictos que mantuvo con miembros de las fuerzas de seguridad, quienes lo amenazaron telefónicamente: “Yo pongo la firma, y ustedes se esconden detrás del teléfono”. Cerró su intervención destacando el papel fundamental que cumplió la CONADEP, cuyo informe permitió iniciar el camino hacia los juicios: “Sin su trabajo, no habría juicio a las juntas”.

En tercer lugar, Carlos Cruz propuso un marco teórico para el análisis del derecho penal, diferenciando entre un derecho penal liberal, que respeta las garantías individuales y promueve una visión humanista, y un derecho penal propio del Estado gendarme, orientado al control social punitivo. “Predomina el egoísmo, la crueldad y la persecución de quienes piensan distinto”, señaló. En ese sentido, remarcó cómo los regímenes autoritarios emplean el sistema penal para criminalizar la disidencia política.

A continuación, Luis Fernando Niño centró su exposición en su experiencia como oficial, secretario y juez del Poder Judicial en el contexto de la última dictadura. Explicó que durante ese período se implementó un plan sistemático de apropiación del aparato legal, en el cual se utilizaban normas jurídicas con fines distintos a los originalmente previstos. Comparó este accionar con el de dictaduras anteriores en la Argentina, y subrayó que en 1976 se dio un salto cualitativo, cuando las Fuerzas Armadas no sólo tomaron el poder político, sino que también intervinieron el Poder Judicial, removiendo a la Corte Suprema y a numerosos magistrados. En su testimonio, describió las dificultades y amenazas que enfrentó mientras intentaba sostener la legalidad en un contexto de represión sistemática.

Finalmente, Stella Maris Martínez cerró el panel con una reflexión ética e institucional. Recalcó la importancia de no naturalizar los relatos ni relegarlos a lo anecdótico. “No sólo deben ser escuchados por los abogados, sino que deben emitir un mensaje muy fuerte respecto a que las cosas pueden ser peores si los que tienen una obligación no la cumplen”, señaló. Reconoció que muchas personas actuaron condicionadas por el miedo, pero también advirtió que existió un consenso social e ideológico que habilitó el accionar represivo. “No todo fue miedo; muchos compartían la ideología de los militares”, puntualizó.

Concluidas las exposiciones, se abrió una instancia de diálogo con el público, en la que se profundizaron algunos de los temas tratados.