Tendencias actuales en el análisis de impacto regulatorio: propuestas metodológicas

• Notas

En la Sala Vélez Sarsfield, el pasado 18 de marzo tuvo lugar la jornada “Tendencias actuales en el análisis de impacto regulatorio: propuestas metodológicas”, que organizó el Departamento de Filosofía del Derecho y el Departamento de Ciencias Sociales.

El director del Departamento de Filosofía del Derecho, Enrique Zuleta Puceiro, realizó la presentación inicial del encuentro. En este sentido, expuso que “la legislación es el fruto de decisiones políticas, económicas y sociales, y como tal está necesariamente respondiendo a los imperativos de demandas y de ofertas. En consecuencia, el monitoreo y la evaluación previa y posterior a las leyes es cada vez más importante”. Asimismo, explicó “esto que estuvo siempre presente en la teoría de la ley, se agudizó en las épocas contemporáneas, sobre todo en Estados Unidos, con la llegada del realismo norteamericano, uno de los principios fundamentales fue poner en tela de juicio tanto la ley como las operaciones o procedimientos que constituyen el proceso legislativo y también el proceso de interpretación y aplicación de la ley”.

Acto seguido, tomó la palabra Ignacio Aymerich Ojea (profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Jaume I Castellón, España). El orador se planteó la cuestión del impacto regulatorio desde una perspectiva general. Para comenzar, puntualizó que “el modelo de proceso legislativo que tenemos en las constituciones democráticas, que vienen de un modelo de constitución sujeto a la Revolución Francesa, me parece que se ha quedado anquilosado”, y agregó que “seguimos siendo herederos de ese modelo que en cierta medida es un lastre”. Por lo tanto, considera que “el análisis del impacto regulatorio ha surgido como una señal de atención”.

En este marco, se refirió al regulatory impact assessment (RIA), que es el control de calidad de la legislación. “Se trata de evaluar los efectos de las normas, no simplemente qué criterios, sino qué resultados está ofreciendo”, explicó y desarrolló que “consiste en que no se hagan las leyes de cualquier manera, sino que se defina cuál es el problema que se quiere abordar, que se tramite mediante una gestación transparente de la ley, que se consideren diferentes alternativas, incluyendo la alternativa no legislar –teniendo en cuenta que ya hay muchas leyes–, por qué es mejor legislar para resolver el problema, incorporando metodología de las ciencias sociales e incluyendo un análisis ex post”.
Seguidamente, expuso acerca de los puntos de apoyo fundamentales del modelo de proceso legislativo tal cual surgió del constitucionalismo democrático pleno y en qué se ha visto alterado posteriormente por la noción del derecho hacia la sensibilidad de las consecuencias.

En cuanto a los puntos de apoyo, indicó que fueron el principio de soberanía, la cuestión de que la legislación está pensada para perdurar y por ende la labor legislativa debe intentar elaborar un producto que dure, el principio de jerarquía normativa. Sobre este punto, sostuvo que “la idea de la primacía de la ley se traduce en un diseño del proceso legislativo en el cual toda la supervisión de la elaboración de las leyes es una cuestión jurídico-formal. No se diseñan órganos del Estado para evaluar la ley desde otro punto de vista, que es lo que surge ahora con el análisis de impacto regulatorio.
Hacia el final, distinguió algunas disyuntivas metodológicas en que se mueve el análisis de impacto regulatorio. Una de ellas es si se aplica solo a reglamentos o también a legislación y otra es acerca del el órgano que regula la calidad legislativa, si debe estar en el ámbito del ejecutivo o del legislativo.

Posteriormente, brindaron una serie de comentarios Alberto Nanzer (director de Asistencia Técnica y legislativa, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), Eugenio Díaz Jausoro (profesor de Teoría General del Derecho) y Gerardo Scherlis (profesor titular de Teoría del Estado). Moderó Laura N. Lora (profesora de Sociología de la Facultad).