¡Seguinos!

Año IX - Edición 169 04 de noviembre de 2010

Buscar

Seminario: “El legado de Raúl Alfonsín” - “Derecho Humanos”, por Ricardo Gil Lavedra

  • Notas

En el marco del Seminario "El legado de Raúl Alfonsín", el pasado 21 de octubre el Dr. Ricardo Gil Lavedra dedicó la reunión para disertar sobre la relación del ex presidente Alfonsín con los derechos humanos.

En primer lugar, expresó que la figura de Alfonsín, respecto de los derechos humanos, ha quedado y quedará en la historia muy fuertemente vinculada a lo que ocurrió durante la transición democrática. En tal sentido, aseveró que marcó el inicio de la democracia argentina y le otorgó una impronta muy singular pero que, además, lo que ocurrió en el país en los primeros años del Gobierno de Raúl Alfonsín, fue un gesto de audacia y valentía.

De esta manera, recordó que cuando la Argentina comenzaba a recuperar la democracia, una de las cuestiones que aparecía como más difíciles de resolver era qué hacer con los crímenes de la dictadura y cómo saldar las cuentas del pasado, contemplando la Ley de amnistía que la dictadura militar había sancionado, antes de abandonar el poder, para los crímenes cometidos durante la represión de la guerrilla; es decir, una ley que tendía a una pacificación general del país, que estaba en línea con la tradición argentina.

Al respecto, señaló que Alfonsín hizo una verdadera innovación, la primera formulación de su política durante la campaña electoral, donde manifestó que la refundación de un sistema democrático tenía que hacerse sin traicionar su esencia; y, en consecuencia, dijo que el principio cardinal de la democracia era la igualdad ante la ley, y no se puede pretender refundar una democracia sobre la base de una claudicación ética.
Subsiguientemente, no podemos consagrar la impunidad de esos crímenes porque sería violar el principio que le da esencia y sustento a un régimen democrático que es la igualdad de todos ante la ley.

En congruencia con lo dicho, relató que Alfonsín propuso que, de llegar al gobierno, no habría impunidad, y formuló lo que se denominó “los tres niveles de responsabilidad”, para los que dieron las órdenes, para los que se excedieron, y otra para los que las cumplieron. Así, diseña su política de derechos humanos sobre la base de dos premisas que consistieron en mucha verdad porque era imprescindible conocer lo ocurrido, y justicia limitada, por los niveles que había establecido.

Luego, examinó que a pocos días de asumir el gobierno, Alfonsín dictó un decreto creando la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP), que configuraba la primera en el mundo de las denominadas ulteriormente Comisiones de la Verdad.

Con relación a la justicia limitada, indicó que se optó por un camino racional, que apuntaba a la auto-depuración de las fuerzas armadas, que implicó que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas fuera el tribunal encargado de juzgarlos; en términos políticos, se apuntaba a que fueran los propios militares los que, señalando aquellos que hubieran violado, se auto-depuraran.

En consecuencia, narró que el juicio de las juntas militares se inició en jurisdicción militar, con la aplicación de las reglas procesales del Código de Justicia Militar, pero en lo que hacía al Derecho de fondo, se aplicó el Código Penal común; de manera que no se utilizó en este proceso ninguna de las reglas internacionales hoy tradicionales.

Posteriormente, comentó que en el año 1984, la Cámara Federal le quitó el expediente al Consejo Supremo y se abocó al conocimiento de la causa. Así, entendió que abocada la cámara al proceso, se encontró con dos enormes dificultades. Por un lado, cómo llevaba adelante el proceso, porque el decreto de Alfonsín ordenaba emplear las reglas del juicio sumario en tiempo de guerra, que resultaban inaplicables en tales circunstancias en forma literal, y, por otro, cómo se llevaría adelante un enjuiciamiento de miles de privaciones a la libertad, torturas y asesinatos, puesto que resultaba imposible juzgar hecho por hecho.

Al respecto, consideró que la superación de estas dificultades también fue una innovación, pues el juicio a los comandantes fue una creación procesal pretoriana, que mantuvo la estructura acusatoria, la oralidad del proceso y, por último, extendiendo los plazos para garantizar la defensa.

De modo concluyente, hizo referencia a la Ley de punto final, que estableció que para aquellos que no estuvieren procesados en el término de sesenta días, cesaba la persecución penal, reconociendo que el propósito de la ley originalmente fue tratar de definir cuál era el grupo de militares involucrados, pero que produjo efectos totalmente contrapuestos a los esperados.

Prosiguió mencionando la Ley de Obediencia Debida, que inició otra etapa de perdón forzoso, donde el Gobierno se vio obligado a establecer la cláusula, de la exculpación de los oficiales inferiores, a partir de la cual se paralizaron una enorme cantidad de juicios.

Por último, aludió a la etapa de los diez años de Menem, donde se hace un perdón total reparador, que se caracteriza por su enorme generosidad en las leyes reparatorias para terminar con el problema del descontento militar. Así, examinó que durante este gobierno fue floreciendo una cimiente distinta, de verdad sin justicia, posibilitando abrir procesos para averiguar la verdad, pero que no traían como consecuencia la aplicación de una pena.

Destacó que todas estas circunstancias llegaron a una última etapa, en la que se anularon las leyes de obediencia debida y punto final, y se restableció la reapertura de los juicios, lo que consagró luego la Corte en el año 2005.

Para finalizar, expresó que la generación de todas estas consecuencias proviene de aquella gesta que se inició en diciembre de 1983, con el gesto y la actitud de Alfonsín de intentar por primera vez el camino de la justicia, que fue creando institutos que hoy son moneda corriente en el derecho internacional, pero que nacieron gracias a su impulso, voluntad y decisión. De esta manera, añadió que “si bien Alfonsín va a pasar a la historia como un emblema de la democracia, no cabe duda de que en lo que hace a las violaciones masivas a los derechos humanos, los argentinos tenemos una enorme deuda y reconocimiento para la valentía y el coraje que tuvo”.