Secreto fiscal y proceso penal: límites y garantías. Jurisprudencia
Secreto fiscal y proceso penal: límites y garantías. Jurisprudencia
El pasado 4 de junio, en la Sala Vélez Sarsfield, se llevó a cabo el encuentro “Secreto fiscal y proceso penal: límites y garantías. Jurisprudencia”, en el marco del Ciclo de debates sobre el Régimen Penal Tributario 2025. La actividad fue organizada por el Observatorio de Derecho Penal Tributario y contó con el auspicio de la Maestría en Derecho Tributario y Financiero, el Departamento de Derecho Económico Empresarial, el Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario, y la Comisión de Graduados de la Carrera de Especialización en Derecho Tributario.
La apertura estuvo a cargo de Horacio F. Cardozo, subdirector del Observatorio de Derecho Penal Tributario. En ellas habló de las satisfacciones de la actividad, una de ellas, es la presencialidad de la actividad, ya que en su opinión, el contacto con amigos y colegas no tiene precio, por ello invitó al crecimiento de la cooperación y diálogo entre colegas de la materia. Otro aspecto que destacó de la actividad fue su organización, puesta en marcha por un grupo de jóvenes, que muestran iniciativa constante. Con estas palabras, dio inicio formal a la actividad. La coordinación y moderación del evento fue realizada por Agustina Seco, coordinadora de la Comisión de Jóvenes del Observatorio.
Para comenzar, Agustina O’Donnell, vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, comenzó su presentación abordando el concepto de secreto fiscal como un instituto de larga data, originado en la década de 1930, y cómo este entra en tensión con el derecho de acceso a la información pública. En particular, resaltó el potencial conflicto del secreto fiscal frente a las investigaciones penales. También analizó la constitucionalización del derecho a la información y su respaldo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que según indicó, impulsó una revisión crítica del secreto fiscal en casos concretos, especialmente a partir de los años 2012 a 2014. O’Donnell señaló que este avance se debió, en parte, a la presión de organizaciones civiles que promovieron la apertura de datos en distintos ámbitos judiciales. Según su análisis, el acceso a la información viene ganando terreno, sobre todo en cuestiones vinculadas al pago de impuestos y a la identificación de quiénes detentan la carga fiscal. Mencionó como ejemplo la tendencia de la Cámara Contenciosa Federal, que en causas contra el Estado nacional suele admitir la apertura de datos al considerar que existe un interés superior relacionado con las obligaciones tributarias. Además, O’Donnell destacó un fenómeno de las últimas décadas: el rol de las administraciones tributarias como reservorios de información, lo que denominó “información atesorada”, y su posible uso como prueba. En este sentido, analizó cómo el secreto fiscal encuentra su primera excepción precisamente en el ámbito penal, cuando los legisladores consideran que hay un interés general en la investigación de delitos. Hacia el final, advirtió sobre la falta de debate público en torno a estos temas, algo que,según señaló,también ocurre en otros países como España. Por último, abordó los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y una intimidad cada vez más limitada, proponiendo la necesidad de una reforma que actualice el marco legal vigente.
A su turno, Agustina Fiori, integrante de la Comisión de Jóvenes del Observatorio de Derecho Penal Tributario, se centró en uno de los temas más controvertidos vinculados al secreto fiscal: la incorporación de información protegida por este instituto dentro de los procesos penales. Fiori explicó que esta problemática se relaciona directamente con la autonomía y autarquía del Ministerio Público Fiscal, así como con su facultad constitucional para requerir y utilizar información en el marco del proceso penal. Esta tensión entre la reserva fiscal y el accionar penal del Estado fue el eje de su exposición. Al abordar el concepto de secreto fiscal, señaló que su objetivo principal es “proteger la confidencialidad de todas las declaraciones que hacen los contribuyentes frente a la administración”. Precisamente allí, sostuvo, es donde surge la controversia: el conflicto entre el deber de reserva de la administración tributaria y el interés público en la persecución penal. A lo largo de su intervención, Fiori propuso diversas vías jurídicas para mitigar este conflicto, orientadas a preservar los derechos de los contribuyentes sin obstaculizar el desarrollo de los procesos penales. Su análisis aportó una mirada técnica sobre los equilibrios que deben buscarse entre garantías individuales y eficacia investigativa en materia penal tributaria.
En tanto, Lucas M. Pacheco, integrante de la Comisión de Jóvenes del Observatorio de Derecho Penal Tributario, retomó la tensión entre los procesos penales y el secreto fiscal, pero se centró específicamente en el análisis de medidas como la intervención telefónica, la requisa y los allanamientos. Pacheco explicó cómo estas herramientas de investigación penal ponen en juego, al mismo tiempo, la eficacia de la investigación y las garantías constitucionales del imputado. A partir de estos elementos, desarrolló su análisis sobre los límites y alcances que deben regir la utilización de información amparada por el secreto fiscal en el marco de diligencias penales. Para profundizar en la problemática, abordó el marco teórico constitucional que regula estas tensiones, con el objetivo de ofrecer una interpretación que permita compatibilizar el respeto a las garantías individuales con las necesidades propias del proceso penal. Su exposición aportó una perspectiva jurídica precisa sobre los puntos de contacto entre el derecho a la intimidad, la protección de datos fiscales y el interés estatal en la persecución de delitos económicos.
Asimismo, Luciana Frascarelli, integrante de la Comisión de Jóvenes del Observatorio de Derecho Penal Tributario, analizó la jurisprudencia vinculada al secreto fiscal en el marco de la criminalidad económica. Frascarelli explicó que su objetivo fue identificar, a partir de distintos fallos, las posturas asumidas por los tribunales frente a esta problemática. A través del estudio de casos concretos, analizó cómo los jueces han resuelto las tensiones entre la confidencialidad de la información fiscal y las exigencias de la investigación penal. La exposición puso en evidencia la variedad de criterios jurisprudenciales, lo que permite entender cómo el secreto fiscal es interpretado en función del contexto, el tipo de delito y el interés público comprometido en cada situación.